¿Es el feto una persona?

Esta es una pregunta que salta a cada rato en la discusión sobre el aborto. Esto por cuanto el pero más grave que se puede decir sobre aborto es que termina con la vida de alguien. Los que promueven el aborto tratan de imponer la idea de que no se termina con la vida de nada, o que ese alguien no es una persona como todas las demás. Este pequeño artículo explica algunos conceptos y términos y aclara la pregunta de su título.

Comencemos por la definición de “persona”. La Real Academia Española (RAE) nos da varias connotaciones, de las cuales resalto dos: la 1. “f. Individuo de la especie humana.”  Y la 6. “f. Der. Sujeto de derecho.” Como vemos, una persona es alguien de la especie humana y particularmente es un sujeto de derecho. Para determinar si un feto es una persona, deberíamos entonces determinar si es de la especie humana y si es sujeto de derecho.
Lo primero es universal. Es decir, no importa la nacionalidad del feto, la ciencia nos dice si es humano o no. Para saberlo, primero debemos determinar la especie. Para saber qué es una especie, nos vamos de nuevo a RAE y nos dice: 7. “f. Bot. y Zool. Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás especies. La especie se subdivide a veces en variedades o razas.” Pero ¿Cómo se determinan esos caracteres? Según Dobzhansky (Genetics and the origin of species. Columbia University Press, New York) y Mayr (Systematics and the origin of species. Columbia Univ. Press, New York.) tenemos las “especies biológicas” que son aquellas pertenecientes a una población de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Corolariamente, si dos individuos de una especie se cruzan, el individuo resultante pertenece a dicha especie. Por tanto, si dos seres humanos se cruzan entre sí, el individuo resultante debe ser de dicha especie.

Vamos más allá. Se denomina “genoma” de una especie al conjunto de información genética de la misma, usualmente codificada en el ADN. Entonces, para poder determinar de qué especie es una célula, basta con hacer un análisis de ADN y determinar su información genética. Juntado esto con lo anterior, si a un cigoto, embrión o feto desarrollados a partir de un cruce de dos seres humanos se les hace una prueba de este tipo, saldrá que el individuo es un ser humano.

Entonces estamos claros que el feto ES un ser humano. Pero, ¿es persona? Como vimos, en derecho “persona” es un individuo sujeto de derecho. Eso ya no lo determina la ciencia sino las leyes. En el pasado hubo tiempos en los que a las mujeres, los negros y los judíos se les negaban los derechos por no ser considerados personas. Eso lo cambió el advenimiento de leyes que les otorgaban derechos e igualdad. ¿Cómo está el feto en términos de ser sujeto de derecho? En Costa Rica tenemos la constitución política, que dice en su artículo 21: “La vida humana es inviolable.” Como hemos visto, el embrión es un ser humano, por tanto está cobijado por la constitución al igual que el feto (que no es sino un estado de desarrollo del ser humano). En la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-Pacto de San José), convenio internacional firmado por Costa Rica y muchas otras naciones de américa, dice en su artículo 1, inciso 2: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” Esto nos dice que todo ser humano es una persona según la CIDH, tratado internacional, y como el embrión y el feto son seres humanos, son tomadas como personas.

Ahora, incluso si el feto no fuera declarado una persona, existe también legislación para otros seres vivos que les otorga derechos, como algunas que evitan el maltrato animal, por ejemplo. Por tanto, el feto podría también tener derechos, aunque no sea una persona.

Conceptos Preocupantes en la Sentencia de la CIDH sobre FIV

Primero que nada quiero aclarar que no soy un experto en el tema de leyes, pero sí un estudioso y defensor de embriones. Aun así, estas notas las escribo tratando de ser lo más imparcial posible.

He leído la sentencia del CIDH y he comprendido, creo yo, las intenciones de la misma. He quedado preocupado por las implicaciones de la resolución y es por eso que escribo estas líneas.

Primero, brevemente, veamos la denuncia contra Costa Rica como país violador de los derechos humanos:  a) un grupo de personas acusa al país de violentar sus derechos de vida privada al prohibir el FIV (§1-3), b) el país se defiende indicando que no es una prohibición absoluta (§155-156) pues se puede practicar el FIV si no destruye embriones, e indica que dicha restricción se da para proteger la vida “desde la concepción” (4.1 convención interamericana de DDHH que Costa Rica  interpreta como “desde la fecundación”) (§167-169).

Lo primero que hay que aclarar es que en esta denuncia se presentan dos derechos en conflicto: vida privada de las personas contra el derecho a vivir. La CIDH, para resolver dicho conflicto, debe: 1. Comprobar que la restricción a la FIV es absoluta y 2. Determinar si es válido el criterio de protección a la vida expuesto como defensa por Costa Rica.

Lo primero lo resuelve fácil: a pesar de que la sentencia de la Sala IV indica claramente que la restricción no es total, el hecho de que no se haya podido mejorar la FIV para reinstalarla en el país implica imposibilidad de eliminar la restricción en la práctica, por ende la restricción es tomada como absoluta (§159).

Para lo segundo, hay que demostrar dos cosas a su vez: (a) Que el término “concepción” está mal interpretado por la Sala IV y que si no lo estuviera, (b) aun así dicha protección no puede ser superior al derecho a la vida privada. Para (a) la CIDH estudia entonces los conceptos históricos al momento de redactarse la convención americana de DDHH (la que firmamos) y la jurisprudencia de los diferentes tratados en el mundo (algunos incluso se declaran incompetentes para resolver la duda). La CIDH acepta en (§179) de la sentencia que el concepto de concepción cambia con el FIV, puesto que antes no se tenía el conocimiento de manipulación del embrión fuera de la madre. Sin embargo, en (§186 ) la CIDH explica que a pesar de que científicamente se comprueba que el desarrollo inicia con la fecundación, se acepta concepción como el momento de la implantación bajo dos criterios: que sin alimento el embrión muere y para eso ocupa la implantación, y que no había forma de detectar la concepción sino con los cambios detectados en la madre luego de la implantación(§187). Esto amarra los derechos del embrión a la madre e indirectamente deja, al embrión sin madre, sin protección alguna al no ser sujeto de derechos.

La demostración de (b) es muy importante para la CIDH. La idea es demostrar que el embrión no es sujeto del derecho a la protección “absoluta”. Es decir, que aún luego de la concepción, el derecho a la vida no es superior a los demás derechos. Es una protección “gradual”( §188 y §258) . La CIDH estudia todas las discusiones previas a la redacción (proceso aceptado según la convención de Viena, §193). Consigue demostrar que hay varios intentos de incluir protección absoluta del ser humano antes del nacimiento. Pero como los tratados internacionales incluyen a países que aceptan el aborto, y a estos no les servía la protección absoluta, la redacción queda abierta con la frase “en general”( §204). Esto da potestad a un país de no respetar la vida cuando sus principios consideren de mayor importancia otros derechos. Un ejemplo de esto es Uruguay, donde hace poco se definió que un feto de menos de 12 semanas tiene derecho a protección, a menos que sea hijo de un violador, en tal caso pierde ese derecho.

¿Afecta esta lectura a los principios de Costa Rica? En teoría, la convención firmada nos obliga a proteger el embrión, aunque no absolutamente, a partir de la definición de concepción aclarada en esta sentencia. Esto es, define un mínimo. Supuestamente podemos protegerlo más, incluso antes de la concepción, porque la convención no dice nada en contra de eso. Es más, la CIDH en ningún momento dice que no estemos protegiendo la vida, simplemente dice que es desproporcionada. Sin embargo, el supuesto no es tan cierto. La conclusión a la que llega la corte es que si hay algún otro derecho, como el de vida privada, protegido absolutamente por la convención, que entra en conflicto con el de la vida, este segundo no puede prevalecer aunque el país quiera. La lectura es simple: obligamos a un mínimo de protección, pero el estado no puede incrementar dicha protección en detrimento de otros derechos especificados en la convención (§258). Esto limita indirectamente los principios del país. Esto implica que queda abierta la posibilidad de más acusaciones que permitan el aborto y otras violaciones la vida previa al nacimiento. En otras palabras, el país se acaba de dar cuenta que firmamos algo que indirectamente nos obliga a aceptar las violaciones a la vida que se dan en los otros países firmantes aunque no queramos.

Así de simple.