El enredo de los pensionados del magisterio.

Veamos:

1. El magisterio nacional tenía una sistema de pensiones insostenible, no había fondo y la plata casi que salía del estado. En los 90 llegó donde no se podía más y se reformó. Ese régimen se llama transitorio de reparto (RTR), y es transitorio porque ya nadie puede entrar a él (conforme se muere la gente se hace pequeño hasta que desaparece). Se creó entonces el régimen de capitalización colectiva, que funciona parecido al IVM, donde la gente pone la plata y es de todos. Todos los docentes luego del 92 caen ahí.

2. En ese entonces, el costo del régimen era alto (mínimo 8.5%), por lo que se dio la opción a la gente de pasarse al IVM (3.5%). Mucha gente se pasó (no estoy seguro, pero en ese momento entendí que si me pasaba se pasaba el número de cuotas, pero la plata pagada de más no me la devolvían).

3. La gente que se pasó, luego se arrepintió y querían pasarse de nuevo, pero ahora el régimen está cerrado. JUPEMA mandó un proyecto de ley (17561), que permite que los educadores que estaban en ese régimen, regresen a él. Como se debía pagar 8.5% y con el IVM pagaban el 3.5%, el educador que quiera pasarse debe pagar ese 5% durante los 20 años que han estado en IVM. El IVM debe devolver la plata de todas esas cuotas al RTR (se estima 52 mil millones). Claro, como ese régimen no tiene fondo para pagar pensiones, el estado debe pagarlas de su bolsillo. El estado estima que el máximo de personas que se puede pasar son unas 6000 y eso equivale a 30 mil millones de colones anuales. Es decir, eso impacta al IVM porque lo deja con menos plata (ahora que va a subir el 1% porque no le alcanza) y al presupuesto nacional.

4. Sin embargo, JUPEMA, para convencer a los diputados, les puso unos números no tan alarmantes. Ellos dicen

a. Que la Caja ya no tendrá que pagar esas pensiones, sino hacienda, y por eso la Caja más bien recibe un respiro.

b. Como cada persona que se pase debe pagar ese 5% que no pagó, debe desembolsar entre 6 y 9 millones de colones al magisterio. Según sus cuentas, con esa plata pueden pagar pensiones unos 5 años, y durante ese tiempo el estado no tiene que pagar nada.

c. Dicen que muchos de esos educadores, entre 55 y 66 años, siguen recibiendo salario aunque no estén dando clases (se encuentran incapacitados o reubicados). En algunos casos, se está pagando tres salarios en un mismo puesto, por la persona que realmente trabaja y otros que tienen el puesto pero no ejercen por estar reubicados. Si se pensionan, dejan libre el puesto y pueden reemplazarse con educadores jóvenes.

d. No son 6000, son 3842 personas las que realmente les sirve pasarse, por la edad de ingreso y por los años de servicio. De esos, 2300 no volverían al RTR sino al de capitalización, por haber entrado luego del 1992. El de capitalización es un régimen como el de IVM, tiene fondo y el estado no debería poner nada porque es administrado por la Junta.

e. Entonces, solo 1542 personas podrían realmente pasarse, y de esas no todas tendrán los millones para devolverse, por tanto el costo sería mínimo mientras que la Caja se libra de pagar esas pensiones.

Todos esos datos están en el proyecto de ley. Entonces, los diputados tienen un proyecto que dice que tiene beneficio para la caja porque le quita pago de pensiones, que el impacto a hacienda es mínimo, que mejora la pensión de varias personas que tenían un régimen de mayor beneficio y lo perdieron. Dicen los 10 diputados que votaron que por eso lo hicieron. Ahora que hacienda saca esos números terribles, los diputados (al menos los del PUSC), están echando para atrás y revisando con cuidado los números.

¿A quién le creemos?

RECOPE, su Convención Colectiva y lo que nos cuesta.

Vamos con otro post polémico. Aclaremos un par de puntos:

1. Una convención colectiva es un acuerdo entre patrono y empleados que determina los beneficios a los que tiene el empleado como pago a su trabajo. Estos beneficios no son (o deben ser) privilegios, sino elementos que tomen en cuenta la naturaleza y necesidades del empleado para con la sociedad y con su trabajo. Los empleados son seres humanos con familia y vida social, que necesitan ver resguardados sus derechos. Así, la convención puede incluir vacaciones que den descanso a la persona basado en su cantidad trabajo, remuneración especial con labores excepcionales o peligrosas, incluyendo seguros especiales, o tal vez equipos necesarios para su trabajo (como una computadora), pago de viajes, hospedaje cuando el trabajo es en un lugar remoto, días adicionales de vacaciones cuando se tenga que ausentar del hogar por más de un mes, o pago de taxi cuando el trabajo deba hacerse en lugares distantes y con poco transporte público o inseguridad en las calles. Todo eso puede ir en una convención y no es un privilegio ni una gollería, son beneficios razonables.

2. RECOPE está llamado a comprar materia prima y convertirla en gasolina y distribuirla por todo el país. Lo que hace es comprar no petróleo, sino cocteles ya procesados que luego convierte en combustible, por eso el precio del petróleo no se vincula directamente con el precio del combustible porque no es la materia prima que RECOPE usa.

3. El precio de los combustibles debe ser uno que permita la operación de RECOPE y la ganancia de las gasolineras. La ARESEP calcula el mismo utilizando el costo que RECOPE reporta, así que el combustible debería tener el precio menor que cubra costos (o sea, se vende al costo) y que dé algún margen a las gasolineras. Al precio, se le agrega el impuesto único famoso, que de hecho es uno de los más altos que tenemos. Por eso el precio es muy alto en comparación con otros países.

4. El producto final puede ser una cochinada o algo de buena calidad. Resulta que RECOPE tiene uno de los combustible de más alta calidad a nivel internacional, acorde a las normas de calidad europeas, y uno de los más bajos en contaminación. La gasolina está libre de plomo y octanaje de 91 (a la par con Panamá, más alto de centroamérica) y el diesel tiene apenas 50 partículas por millón de azufre (e.g. en Nicaragua es de 5000 PPM y en Panamá es de 500 PPM). Es decir, es un combustible de muy alta calidad, incrementa la vida útil del vehículo y es más eficiente, por tanto no es barato.

5. Se acusa a RECOPE de ser ineficiente, y por eso el costo es más alto. En realidad, el costo operativo ha bajado en un 30% desde hace algunos años (ver más adelante). Una propuesta es que RECOPE refine, pero no hay seguridad de que esto vaya a disminuir el costo de los combustible. La otra opción es la apertura, pero esto implicaría que a la ganancia de las gasolineras, se tiene que sumar la ganancia de la compañía que vendría a distribuir o refinar. Así que el costo de los combustibles no necesariamente bajará.

6. En la administración moderna, los recursos humanos tienden a mantener a los empleados contentos y seguros, lo que incrementa la productividad. Por eso las empresas modernas tienen soda o comedor para sus empleados, zonas de recreo, beneficios como cursos, ayuda en pólizas médicas, fiestas de cumpleaños, etc. Para esto, la organización destina un presupuesto a los de RRHH que forma parte del gasto fijo del departamento y se considera una inversión. Como el estado sigue en la edad de piedra, esos rubros son negociados en las convenciones colectivas.

Ya sabiendo esto, comento lo que todos dicen ahora que salió la noticia de que la ARESEP tiene que incluír dentro de los costos para calcular el precio del combustible, el costo de la convención colectiva. Aclaremos un par de puntos:

La convención colectiva incluye muchos rubros. Están algunos que forman parte de cualquier contrato laboral, como la cesantía, anualidades, horas extra, etc. También están los rubros de incentivo, que son aquellas beneficios que se le dan al empleado para suplir las necesidades de Maslow. Los dos primeros niveles son necesidades fisiológicas (alimentación, descanso) y luego siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, familiar, salud, etc). Dentro de estas se enmarcan muchos de los beneficios de las convenciones, en particular la de RECOPE. ¿Como cuáles? Bueno, pago de sobresueldo por trabajo de alta peligrosidad, ayuda para pago de guardería de niños a empleados que ganen menos de 600 mil colones (salario bajo, que de fijo no tienen para pagar alguien que cuide los niños, y de fijo no todos usarán ese beneficio.), subsidio de soda (el almuerzo sale más barato), actividades sociales, capacitación, becas (no para estudiar cualquier cosa, para cosas útiles en RECOPE y que ayudan a los empleados a escalar puestos), servicios médicos.

Los rubros más criticados son el fondo de ahorro (el trabajador ahorra parte de su salario en un fondo, y el patrono aporta un 10%, ese fondo se usa para préstamos e inversiones y al final del ciclo se reparten utilidades), que viene a ser parecido a una asociación solidarista (que hay en todos lados); la póliza colectiva de vida, que es una póliza crediticia (si usted se muere, la póliza le paga las deudas que tenga con el fondo de ahorro) y permisos con goce de salario para los socios de la cooperativa de RECOPE que quieran ir a congresos. Estas más los servicios médicos, becas, cuido de niños, subsidio de soda y la fiesta de fin de año, fueron los rubros de la convención que la ARESEP se negó a aceptar como parte del costo para el cálculo de los combustibles (hablaremos de eso en un minuto). Ojo que no es la convención colectiva completa, sino solo esos rubros.

La convención colectiva tiene un costo de unos 25 mil millones de colones según presupuesto del 2016. De esos, se calcula que 5000 millones son los que la ARESEP no aceptó, los otros 20 mil sí fueron incluídos como gasto que puede ser tomado para el precio de los combustibles.

Veamos entonces cómo funciona eso del precio.

1. RECOPE le manda a ARESEP el costo en el que incurre para generar el combustible. Ese costo ya lo revisaremos más adelante.

2. La ARESEP revisa todos los números, saca la calculadora, y hace esta suma: Costo de todos los insumos (los productos que se compran, materia prima y sus respectivos impuestos) + Impuesto único a los combustibles (un 40% del precio total) + Margen de ganancia para el transportista +Margen de ganancia para la gasolinera + Subsidio pesquero (y otros subsidios como el del asfalto a las constructoras) + un rezago del precio de combustible + lo que se conoce como el Factor K.

¿Qué es el factor K? Es el costo de operación (lo que cuesta operar el asunto, salarios, alquileres, impuestos, etc) + una reserva de inversión (RECOPE hace inversiones para obtener ganancia que se aplica a la reducción del precio) +  costo de los servicios de importación. El factor K varía de año a año basado en lo que usa RECOPE para trabajar. En el 2007 estaba en un 10% del precio total de gasolina Súper (de cada 100 colones que gastamos en gasolina, 10 van para pagar los costos de operación). En el 2017 el factor K está en un %7 para la gasolina súper. Es decir, ha bajado en un 30% el costo de operación de RECOPE, lo que implica mayor eficiencia.

Pero lo que nos interesa es saber cuántos miles de colones más tendré que pagar por la convención, ¿cierto? Bueno, hagámonos una idea.

Actualmente, por cada 100 colones que pago de gasolina súper, 42 colones van al impuesto al combustible, 40 es lo que pago por la materia prima para hacer el combustible, 9 se los dejan los transportistas y pisteros, 2 son para subsidios y otros menesteres, y 7 son para la operación de RECOPE.

Si sumamos los 40 de costo de materia y los 7 de operación, tenemos 47 que es todo el costo de RECOPE, los otros 53 son ganancia del gobierno, distribuidores y subsidiados.

Esos 47 colones los podemos separar: 43.9 colones son puro gasto de materia prima, impuestos, seguros, etc, 1.4 colones que se usan en inversiones y 1.7 colones que se usa en remuneraciones.

De esos 1.7 colones, se tiene 87 céntimos que son para pagar salarios fijos y eventuales, fondos de pensión y otros por ley y la seguridad social como caja y banco popular. Los otros 89 céntimos son para la convención colectiva, de los cuales 17 céntimos son los rubros que se presentan arriba que ARESEP no quiso aceptar.

Es decir, un 0.17% sería el monto que estaría subiendo el costo. La fórmula no es así, pero podemos hacer una mate a rajatabla y decir que si tenemos un Rav4 del año 2013, que tiene un tanque de 60 litros, actualmente estaríamos pagando a precio a hoy de 597 colones por litro de súper, unos 35 820 colones. Si subimos el 0.17%, estaríamos ante el increíblemente empobrecitante aumento del 60.8 colones.

¿Entonces por qué sale el don de la ARESEP diciendo que los combustibles subirán exhorbitantemente para pagar la convención? Ni idea, mis conocimientos de mate no me dan. Puede ser que todo este ejercicio esté malo y esté yo trabajando con número errados, pero sé que para el presupuesto del 2016 se estimó 1 329 690 millones (sí, millón de millones). De esos, 5000 mil millones es ese rubro no aceptado por ARESEP. Es como ganar millón 300 mil y que me gaste 5000 colones en un taco. Eso es un 0.4% en gasto, comparado con todo el precio del combustible es menor.

Ahí se los dejo, para que lo mascullen.

UBER y el problema de la liberación de servicio

He oído mucho sobre UBER y la exigencia de ciertos usuarios para que se libere el servicio de transporte. Eso está muy complicado; intentaré explicar un poco el por qué:

Oferta y demanda. En microeconomía se observan tres variables: la demanda (solicitud de un bien o servicio), la oferta (que es el el brindar el bien o servicio por medio de un proveedor) y el precio (que paga el que demanda al que ofrece). Las reglas dictan que, si mantenemos el precio fijo, si hay demanda, habrá oferta que intente cubrirla si el precio da alguna ganancia. Ahora, si la demanda sube, la oferta subirá. Si la demanda sube mucho y la oferta no puede subir (por la capacidad de los proveedores, por ejemplo), el precio es el que comienza a variar, y se hace más caro. Por el contrario, si la demanda baja, el precio tiende a bajar. Llegará un punto en el que el precio es tan bajo que no tiene sentido ofertar porque se tiene pérdidas, y en ese momento la oferta disminuye.

Esta dinámica afecta la calidad y disponibilidad de los servicios. Por ejemplo, en lugares altamente poblados con mucha contaminación, hay mucha gente y muchos enfermos, por tanto, una clínica privada sería un buen negocio. Llevarían ahí a muchos neumólogos para suplir la demanda de problemas por la contaminación del aire. Pero entonces, en el pueblito fresco y natural, alejado de la ciudad, donde viven personas saludables y pocas, no es negocio poner una clínica porque casi no hay demanda y el precio debería ser demasiado alto.

Entendido lo anterior, en TODO EL MUNDO, los gobiernos dejan a la oferta y demanda los bienes y servicios que no son fundamentales, mientras que los esenciales como el agua, la electricidad o las telecomunicaciones, se vuelven candidatos a ser controlados para que las leyes de oferta y demanda no hagan estragos. El agua, por ejemplo, la controla el gobierno y este tiene la obligación de velar porque el líquido llegue hasta el más recóndito lugar donde haya un ciudadano. Para hacer esto, el gobierno declara el servicio como público (que sólo el gobierno puede brindar) y con esto se saca del derecho privado. El gobierno entonces puede crear una empresa de servicio, que velará para que todo el país tenga dicho servicio. Dicha empresa tendrá pérdidas en los lugares remotos, por eso se trabaja con un sistema de subsidios, en donde el precio para los lugares más rentables y para los consumidores de mayor poder adquisitivo, es mayor para poder subsidiar el precio/costo de los lugares remotos. Así, solidariamente, todos tiene el servicio.  El ICE es un ejemplo: el pueblo más remoto tiene su teléfono público gracias al precio que pagamos los que tenemos telefonía fija.
La otra opción es que el gobierno ofrezca el servicio en concesión para que empresas privadas brinden el servicio. La concesión es un contrato donde la empresa se compromete a dar servicio aún en lugares no rentables y donde incluso se regula el precio que puede cobrar por medio de fórmulas que garanticen un precio justo al consumidor y a la vez den ganancia a la empresa.

¿Qué pasa si un servicio así se libera? Pues entra a jugar con leyes de oferta y demanda, el precio puede subir hasta que ciertos sectores no puedan pagarlo, habrá lugares de baja demanda que no tendrán el servicio, etc.

Pues bien, uno de esos servicios es el de transporte. ¿Sólo Costa Rica lo considera esencial? No, muchos países alrededor del mundo consideran el transporte como esencial para que lo administre el gobierno. En particular en Costa Rica, el transporte definido como público es el remunerado de personas. Por tanto, nadie puede dar servicio remunerado de personas sino sólo el gobierno, y este ha establecido un sistema de concesión y permisos para que manos privadas den ese servicio. Cualquier proveedor que de ese servicio sin permiso, está cometiendo un delito. Aclarado esto, el gobierno exige una serie de compromisos para poder dar los permisos: antigüedad de los vehículos, entrenamiento de choferes, pago de cánones, fijación de tarifas, exigencia de dar el servicio durante las 24 horas del día y en todas las zonas geográficas, etc. La idea es que el servicio de transporte sea universal y a un precio justo.

Cuando usted se sube a un taxi o a un autobús, está pagando no solo el viaje, sino que sustenta el costo operativo: gasolina, empleados, mantenimiento, incluso el precio incluye un sobreprecio para mantener a las instituciones del estado que regulan el asunto, como el CTP.

¿Qué pasa cuando entra un proveedor de servicio no regulado a competir? Muchos dicen que todo mejora porque hay competencia y hay nuevas alternativas del proveedor que tiene mejor calidad. Podría ser cierto, pero también es cierto que crea una disrupción del control y el balance. Un proveedor no regulado no tiene los costos ni las restricciones que sí tienen los de concesión. Por tanto, trabajaría en la zona de mayor demanda y mejor precio, reduciendo la demanda para el sector regulado, lo que impacta directamente en el ingreso y lo hace insostenible (recordemos leyes de oferta y demanda). Como el precio en esa zona está ligeramente inflado para dar soporte a otras zonas de menor demanda, será obviamente mayor al precio que podría ofrecer alguien no regulado. El no regulado no tiene por qué dar oferta en la zona de menor demanda tampoco, ni tiene que pagar para mantenimiento del CTP por ejemplo. Por tanto, el gobierno no puede permitir que un proveedor no regulado entre a competir en un servicio público.

¿Qué hacer? El servicio público ofrecido apesta, y no se puede mejorar (mucho debido al pobre poder fiscalizador del estado, cosa que es natural en la competencia abierta). Bueno, en las telecomunicaciones tenemos una apertura de un servicio público como buen ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Los competidores del ICE entraron, pero regulados: los precios están siendo fijados con límites inferiores para evitar tretas como el “dumping”, y se exige un balance solidario como cobertura nacional, por ejemplo. Para el servicio de transporte se puede hacer algo similar. En lo que no estaría de acuerdo por todo lo expuesto, es en el liberar el servicio para que sea competencia pura y basado en oferta y demanda. Esa propuesta denota una gran ignorancia sobre cómo funcionan los servicios esenciales y su protección y me asusta que vengan incluso de diputados que uno consideraría tienen algo de inteligencia.

¿Puede UBER entrar entonces a ser regulado? Es algo complicado, por el modelo de negocio que tiene UBER. Los choferes no son empleados de UBER, son contratistas, por tanto, UBER no puede asumir cosas por ellos. El modelo busca también trabajo de tiempo parcial (donde un chofer puede andar con pasaje por un par de horas, un día sí el otro no, totalmente libre). El modelo se basa en un microsistema de oferta y demanda, donde el precio es muy fluctuante justo por tener una oferta y demanda muy dinámicas. Todas esas cosas tendrían que ser reguladas: UBER tendría que ofrecer servicio a lugares de baja demanda, con un precio más controlado, etc. En algunos lugares se han simplificado la vida y han pedido a UBER que pague un Canon y cumpla con algunas reglas y ya, pero eso quita mucho control al servicio y no disminuye la disrupción indicada arriba. Por tanto, es una discusión mucho más compleja y técnica que debe darse fuera del facebook, por ejemplo.

¿Estamos ya más claros?

Administración Moderna y Convenciones Colectivas.

Primero, mi posición de apoyo a las fiestas les parece extraño a muchos, pero esto es porque no están viendo las cosas como yo las veo.

Segundo, podemos hablar mucho pero si no ponemos los pies sobre la tierra y nos sacamos el odio, malinformación, satanización, etc, todo aspecto negativo que tenemos contra los empleados públicos y contra las convenciones colectivas y sindicatos, jamás, JAMÁS, nos vamos a entender ni van (los que NO están limpios de esa distorsión) poder proponer cosas sensatas.

Aclarado lo anterior, quisiera dejar claro qué es una convención colectiva (tomado de Monografías):
La convención colectiva tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de los conflictos y, en general, la protección de los trabajadores y sus familias, en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la Nación.
El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.).

La convención y los sindicatos (del griego “hacer justicia”) nacieron ante la explotación de patronos durante la revolución industrial. Los sindicatos utilizaron el poder de la asociación y por fin dieron a entender a los patronos que ellos no le hacía un favor al empleado al contratarlo, sino que la relación era bilateral: uno ocupaba del otro.

Pero el mundo cambió. Ya la administración que piensa en el empleado como un esclavo al que hay que exprimir practicamente no existe. Ya no se llaman empleados sino colaboradores, porque juntos trabajan para lograr un fin. Dado este cambio de visión, las tarjetas de marcaje de horario y el pago por horas deja de ser relevante, y el trabajo por objetivos con horarios flexibles surge. Claro está, antes para saber si se cumplen con las horas se marcaba en un reloj con una tarjeta, ahora no se marcan las horas sino la producción, y las métricas utilizadas con diferentes. Todo esto comienza por convertir a las convenciones colectivas en un anacronismo, un contrato que debe evolucionar. Antes se utilizaba para, por ejemplo, definir los días de descanso que debería darse al trabajador (el empleador quería que no tuvieran y trabajara corrido), pero eso ya no tiene sentido, hay leyes que indican cuánto se debe dar e incluso las compañías obligan al trabajador a tomar esos días. Ya se entiende que un trabajador embotado no rinde. Sin embargo, se sigue negociando, y esto no para garantizar las vacaciones sino para obligar a tener más: un privilegio.

Las convenciones colectivas deben entonces limpiarse de tales privilegios, y cosas tan simples como las vacaciones no deberían ir ahí, sino en el contrato regular porque se dan por ley. Aun así, queda la posibilidad de que, por el tipo de trabajo, el riesgo o las tareas, la gerencia de recursos humanos quiera hacer ajustes. Por ejemplo, cuando se manda a una persona al extranjero a trabajar en un proyecto. Esta persona veía a su familia, sus hijos, todas las noches al volver del trabajo y los fines de semana, pero por un tiempo dejará de verlos por estar lejos por culpa del trabajo. La gerencia podría definir que esa persona, por cada mes en el extranjero, reciba un día de vacaciones adicional para compensar con su familia. Para mí eso es muy lógico, va de la mano con una relación laboral entre seres humanos donde uno sacrifica noches y fines de semana con su familia y el otro se las reconoce con vacaciones, tiene todo el sentido. Ahora, si el patrono, sabiendo eso, niega cualquier tipo de retribución y exige al empleado sacrificar esos días, muy probablemente el empleado quiera reclamar y exigirlo en una convención colectiva. La gente de afuera, ignorante de la situación y envenenada por abusos del pasado, pensará que eso es una gollería y querrá quemar vivo al empleado que sólo quiere que su trabajo no le obligue a pasar tanto tiempo sin ver a su familia. Esa gente de afuera no les importa, no ven al empleado como un ser humano, lo ven como una lacra a la que ojalá no hubiera que pagarle porque dicen que “están gastando la plata del pueblo”.

Así, no toda “dádiva” en las convenciones son privilegios ni gollerías. Algunas tienen mucho sentido, como pedir herramientas especiales para hacer mi trabajo o compensación por situaciones especiales. Las que son abusos, estamos todos de acuerdo en que deberían ser eliminadas. Pero igual estamos de acuerdo en que muchas de las cosas en las convenciones no deberían estar ahí, sino que el patrono debería ser proactivo para otorgarlas porque son de sentido común. ¿De quién? De un departamento de recursos humanos moderno que entienda los problemas, el trabajo y las situaciones especiales y que actúe de forma apropiada. Es decir, un departamento de RRHH que sea más que un impresor de cheques y reportes a la CCSS.

¿Qué pasa entonces con las fiestas? Hay rubros muy importantes en la gestión del recurso humano, desde el “team building” hasta los orientados a cubrir las necesidades de Maslow. Algunas actividades, aparte de ser una diversión, son pensadas para poder compenetrar más al empleado con la misión de la empresa, fomentar el compañerismo, la interacción entre las diferentes generaciones, etc. ¿Es eso gollería satanizable? Pues no. Pero cualquier cosa que suena a fiesta muy probablemente lo será y correrá el riesgo de ser vilipendiada sin más razones. La gente sin conocimiento verá en ellas guaro y gallos de salchichón (o chorizo), y no una construcción de gestión de recurso humano. Si viene como exigencia de los empleados en una convención colectiva, pues es claro que es una simple fiesta. Si viene planteada por el departamento de RRHH con objetivos claros, dentro de un plan de mejora productiva, el asunto cambia.

Es por eso que la prohibición de buenas a primeras es para mí una demostración de ignorancia y populismo. Una revisión del plan que justifique la fiesta sería más razonable, y ahí podría ser que la fiesta de RECOPE sea realmente una gollería, pero que la del INA sí sea legítima, más si es un “almuerzo fraternal” que busca acercar a todos los que trabajan en el INA (dígame alguno si los consideran “vagos”) con un costo mínimo y que es organizada por la empresa con un fin particular.

Las personas que obtusamente obstinadas siguen diciendo que no les toquen la plata en tonteras les digo que lo siento, es plata que tiene que ir a ser utilizada en una empresa del estado y hay gastos de gastos que probablemente no autorizarían. Si les hacemos caso, eliminarían el costo de limpiar los baños, el piso o recortar el zacate y pondrían a los empleados a llevar su propio papel higiénico, les quitarían el comedor y el gasto de electricidad de los microondas, eliminarían la enfermería, las vacaciones y permisos de maternidad, creo que prohibirían los embarazos. Así de tacaños los veo, lo siento.

RECOPE, Fiesta Navideña y costo del trabajo.

Jugaremos hoy de abogados del diablo. Hay muchas fuentes, cito solo una donde se menciona la intención de hacer una fiesta navideña para 300 empleados de RECOPE. Esa fiesta está contemplada en el artículo 107 de la convención colectiva. Como ARESEP ya había dispuesto que los gastos de la convención colectiva no podían incluirse como parte del gasto de producción/distribución de combustibles para efecto del cálculo de tarifas, la misma ARESEP consultó con qué dinero se pretendía hacer tal fiesta. Ante esto, la fiesta fue frenada por el repudio generalizado de la ciudadanía en redes sociales.

Pero, antes de dar mis razones de abogado del diablo, hablemos un poco sobre la administración de empresas y el manejo de personal. En tiempos ya idos, se pensaba en el trabajo como un castigo dado que había que pagar para que la gente lo hiciera. La administración era tirana y tenía siempre como objetivo obtener ganancia sin importarle el bienestar de los trabajadores, a quienes les daba lo mínimo por su trabajo. Eso ya cambió, desde tiempos inmemoriales. Ahora se sabe que el trabajo es casi un segundo hogar, y que el empleado motivado y evaluado rinde mejor, que el costo de la planilla no es el único costo que se debe tomar en cuenta en el rubro de recursos humanos. Tenemos la pirámide de Maslow y otras herramientas más modernas que nos dicen que un empleado feliz y tranquilo es un empleado productivo.

Ahora, las convenciones colectivas nacieron en la época del trabajo como castigo y la opresión, son anacrónicas por decir algo. Están basadas en un falso balance entre la opresión trabajadora y el bienestar del empleado. Sin embargo, tal como la administración y la visión del trabajo han cambiado, así debe evolucionar la negociación de la convención. Hay cosas que tienen todo el sentido del mundo, pero todo. Doy algunos ejemplos: Un aporte extra a los médicos que se exponen a enfermedades contagiosas como compensación por el riesgo, el pago de taxi a maestros que tienen que ir a lugares peligrosos con poco acceso a servicio público de transporte, el pago de alojamiento a maestros que tienen que irse a lugares muy alejados de su hogar para dar clase. En estos dos últimos casos, el costo lo cubre el patrono simplemente porque es necesario para el servicio y no debería ser cubierto por el empleado.

Dicho lo anterior, creo que queda claro que no podemos ver el costo del trabajo sólo como el costo de planilla, sino que hay que hacer una inversión adicional para el recurso humano. Si tengo un grupo de trabajadores que tienen que almorzar, y la mayoría trae comida de sus casas, es lógico que el patrono moderno disponga de un comedor amueblado, incluyendo hornos de microondas, refrigerador y cafeteras. Si no lo hace, obliga a los empleados a comer en las gradas o el zacate, comida fría y hasta descompuesta, o a gastar más de la cuenta en sodas aledañas. ¿Ven? Creo que es perfectamente razonable dentro de la administración moderna el poder justificar como gasto algo que es necesario para que el trabajador cumpla con sus necesidades humanas básicas según Maslow.

Ahora, llegamos a la famosa fiesta. Es navidad, y muchas empresas tienen su convivio navideño. Se piensa en ser como una segunda familia y la inversión de ese convivio es un gasto nimio en comparación a la motivación y acercamiento de los trabajadores. ¿Hay empresas que no tiene fiesta navideña? Sí, las poco modernas, las que viven aún en tiempos de la planilla como única remuneración por el trabajo. Es por eso que la fiesta de Navidad en RECOPE yo no la veo mal. De hecho, debería haber fiesta en todas las instituciones como parte de un gobierno moderno. ¿Qué hay mucho gasto? No es nada comparado con los costos de operación, presupuestos e inversiones. Pero el pueblo, ya cansado de abusos, se saca el clavo. Se convierte en el patrono tirano para el cual el empleado no tiene derecho a tener fiesta de navidad, cual Scrooge tacaño y vengativo. Y esto no lo estoy inventando: nosotros pagamos con el costo del combustible, directa o indirectamente, la tal fiesta, y les estamos diciendo que no tienen derecho porque no nos da la gana. Si hacemos un cálculo de cuánto es lo que estamos restringiendo, nos damos cuenta que son 7 millones dividido entre la cantidad de combustible que gastamos todos los costarricenses y extranjeros de paso en una año. ¿Cuánto, un tanque lleno por persona, un litro por persona? No, menos del pellizco de una gota. Ni Scrooge es tan tacaño y despreciable, me perdonan la expresión.

Sin embargo, ARESEP actúa de buena forma. El problema radica en que la fiesta está dentro de la convención colectiva (simplemente porque la administración de RECOPE NO ES MODERNA, es más bien retrógrada, solo basta leer lo que dice su presidenta Sara Salazar, y por tanto deben exigir una fiesta de navidad vía contrato). Dentro de los costos presentados por RECOPE a la ARESEP debería ir un rubro de presupuesto orientado a la inversión en el trabajador, que incluya todas las cosas que he mencionado arriba, aparte de la planilla, y la ARESEP debería considerarlas como parte de un costo racional de la gestión de recursos humanos moderna. Todas esas cosas deberían ir fuera de la convención colectiva porque esto no es un régimen de represión y porque no son privilegios. Claro está, la normativa de RECOPE debería fijar un presupuesto racional para este rubro, que sea competitivo y acorde con la realidad económica nacional. Dado esto, el resto de privilegios de las convenciones deberían desaparecer y quedar únicamente los que tengan sentido para el desempeño del trabajo de manera justa. De esta manera, la misma convención se convertiría en un detalle fundamentado de costo que la ARESEP podría aceptar.

Advierto que no terminé mi carrera en administración, pero estoy seguro de que la mayoría del pueblo ni siquiera administra su propia casa con propiedad y de fijo muchos explotan a las empleadas domésticas, seguro que no las dejan ir a casa en Navidad y no les dan pero ni a oler el queque navideño, si por la víspera se saca el día.

Termino aquí mi intervención de abogado del diablo. Aclaro que no defiendo la convención colectiva de nadie, no estoy de acuerdo con los abusos de RECOPE pero tampoco estoy de acuerdo en cerrarlo sino en transformarlo, evolucionarlo, quitarlo de la manos de los sindicalistas y administradores inútiles que ha tenido y ponerlo a trabajar como debe ser.

UBER y la Ley

¿Es UBER ilegal? No, al menos que yo sepa. De hecho mucha gente está dando sus interpretaciones, incluyendo a abogados reconocidos y diputados, tanto que quise hacer este post donde sumarizo las propuestas y les doy mis comentarios basado en la legislación que he leído y lo que entiendo.

Primero quiero aclarar que no soy abogado, pero sí aficionado a discutir leyes. Lo que aquí digo queda abierto a ser refutado con fundamento y se agradecen las correcciones.

Procedamos entonces:

La legalidad de la tecnología.
Mucha gente repite sin sentido que prohibir a UBER es como prohibir a Skype o Netflix. Primero hay que aclarar que nadie ha dicho que UBER sea ilegal. UBER es una empresa que ofrece la capacidad de poner en contacto a un usuario y un proveedor de transporte utilizando la tecnología móvil. Nadie está en contra de eso, de hecho en el país ya funcionan otras dos aplicaciones, Easy Taxi y Taxible, que hacen exactamente lo mismo.

El problema no es la tecnología, sino el bien sobre el cual se ofrece el servicio. Hace años se pretendió defender al ICE porque supuestamente Skype competía en el ámbito de las telefonía. Eso no fructificó simplemente porque el medio utilizado era internet y no había regulación sobre eso. Igualmente, Netflix utiliza internet, si usara el espectro nacional para transmitir, tendría que estar concesionado. Pero no es así, por lo que Netflix tampoco estaría siendo prohibido, eso es absurdo.

Igualmente, UBER no puede prohibirse por su uso de internet o tecnología. El problema real es que el servicio de UBER une a usuario y proveedor de servicio de transporte remunerado, el mal llamado chofer UBER, y este proveedor debe estar bien con la ley. Pero, los conductores que se afilian a UBER no están a derecho, por no tener permiso ni concesión. Ese es el problema, los conductores, no el servicio UBER.
La falacia del servicio esporádico.

Muchos también comparan UBER con ejemplos como: “si una compañera de trabajo va para donde yo voy, la llevo, y ella me paga, ¿estoy también de ilegal?”. Dentro del sentido común, una golondrina no hace verano. Si yo le vendo a un compañero de trabajo un DVD viejo que yo tenía, no me convierto en vendedor de DVDs. Si tengo una venta de garaje el fin de semana, no me convierto en dueño de bazar. Y, más relevante, si me inscribo en una página de venta de autos, para vender mi carrito, no me convierto en comerciante de autos. Todas son acciones esporádicas, como bien lo menciona don Jaime Ordoñez en su exposición sobre el ámbito privado . Pero, claro está, si la actividad se vuelve constante, repetitiva, y consigo servicios que me permitan llevarla a cabo, estamos hablando ya no de actividades esporádicas sino de una actividad sostenida. En el caso de UBER, que una persona se inscriba como chofer, con el solo objetivo de que UBER le consiga clientes (porque para eso es la aplicación), elimina toda posibilidad de considerar eso como esporádico. Por tanto, no, no es lo mismo cobrarle a la compañera de vez en cuando que yo la llevo. Incluso si la llevara todos los días, eso es esporádico y no constituye una actividad comercial. Meterse en UBER sí lo es.

El caso del ámbito privado.
Muchos apelan a que UBER, o los choferes inscritos en la plataforma, brindan un servicio en el ámbito de lo privado, por lo que se rigen por el derecho privado y no puede ser prohibido por el gobierno. Así lo entiende don Jaime, referenciado arriba. Incluso Otto Guevara, en su artículo en La Nación habla de que dicho servicio es privado, usando como soporte una opinión jurídica de la contraloría OJ-127-2001 (en realidad es la OJ-127-2000) y el Criterio de procuraduría C-226-2002. El primero, dice don Otto, explica lo que debe diferencia un servicio público de uno privado y el segundo lo ratifica de manera vinculante por ser un criterio. Ahora, uno de las conclusiones más importantes de estos dos textos es “El servicio de transporte que presta un grupo de personas a otras ( que constituye un grupo cerrado), que no involucra elementos propios del servicio público de transporte, es jurídicamente posible en nuestro medio. La relación entre ellos estaría regulada por el Derecho Comercial.”. Esto es, estos pronunciamientos del 2000 y el 2002, declaran que se puede tener un servicio de transporte privado, siempre y cuando no sea público. Ajá. ¿Qué es público? Ante esto, la misma procuraduría dice: “A nuestro modo de ver, una solución acorde con el Derecho de la Constitución ( valores, principios y normas) en este caso, consiste en que la Administración Pública defina por la vía reglamentaria, mediante Decreto Ejecutivo ( artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública), los elementos esenciales, inherentes o propios al servicio público de transporte, de conformidad con las normas técnicas y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen rango constitucional. Una vez establecido lo anterior, todos aquellos particulares que no cuenten con una concesión o un permiso para prestar el servicio público de transporte, que estén desarrollando una de esas actividades, deberán ser sancionados de conformidad con el ordenamiento jurídico. Fuera de esas actividades o conductas, las cuales estarían prohibidas para todas aquellas personas que no se encuentren en la situación que hemos descrito supra, los privados pueden desarrollar todas las demás e, incluso, inventar nuevas, ya sea través del contrato de transporte o mediante otras modalidades contractuales que ellos lleguen a crear.”

¿Qué significa eso? Que sí hay (en realidad, hubo antes del 2011) un servicio privado que se define como aquel que no es público, y la definición de qué es público no está clara para la procuraduría en ese momento y por eso sugiere la creación de un reglamento.

Pues, para aclararlo, en el 2011, mediante ley 8955, se cambió la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley No. 7969) y el código de comercio. El código de comercio, en su artículo 323, explicaba que el porteo era el transporte privado de personas y mercancía. Este “personas” es sobre lo que se basan los dos pronunciamientos que Otto indica. Con esta modificación simplemente se elimina el término “personas” y deja al porteo del código de comercio como transporte de mercancías y servicios. Esto deja sin efecto toda la discusión de ambos pronunciamientos. Para terminar de aclarar las cosas, la ley 7969 sufrió una modificación en su artículo 2, que ahora indica que todo servicio remunerado de personas es declarado servicio público, eliminando de facto la figura de servicio privado.

Bueno, dice don Otto que eso no es posible, que una ley así no podría pasar. Pero pasó y está vigente. Por tanto, nadie puede alegar que da un servicios remunerado de personas privado, porque eso no existe, todos son públicos y por ende sujetos a concesión o permiso.

Sobre la inconstitucionalidad de la prohibición.
Don Jaime y otros diputados, dicen que prohibir la prestación de servicios de transporte es inconstitucional. De hecho, si es así, la nueva ley 7969, modificada por la 8955 que mencioné arriba, sería inconstitucional, ¿no? En particular, afectaría el artículo 46 como dice don Jaime, pero también los artículos 28, 45, y 56, según opinaron algunos diputados que estaban cuando dicha ley se cambió. Bueno, luego de primer debate donde la ley se aprobó, la misma fue enviada a la Sala Cuarta para preguntar por unos vicios de procedimiento y sobre la inconstitucionalidad de dicho cambio de ley en los artículos arriba mencionados. Pues la resolución Nº 2011-04778 de la Sala IV dice:
XVI.- El Estado, desde hace ya bastante tiempo, ha considerado la actividad de transporte de personas como una necesidad social imperante cuya vigencia resulta esencial, como condición fundamental para el mantenimiento del estado de derecho y la paz social. Por esta razón ha promulgado una serie de leyes siendo, actualmente, las más importantes en esta materia la Ley Reguladora de Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores (Ley No. 3503) y la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley No. 7969), cuya reforma se conoce en esta consulta. En el último quinquenio, es público y notorio que este tema del transporte de personas ha ido adquiriendo mayor trascendencia para la sociedad costarricense, no sólo desde el punto de vista social sino también económico, hasta convertirse en un tema de interés general, que va más allá de la satisfacción de una necesidad meramente privada, requiriendo la intervención del Estado para darle una solución. El Estado –en este caso el legislador ordinario- puede, dentro del marco permitido por la Constitución Política y las normas de carácter legal, optar por la solución que considere más oportuna. Como recién se dijo, una de esas posibles soluciones es regular dicha actividad y declararla servicio público, que es precisamente lo que hace el proyecto consultado, cumpliendo, necesariamente, con los dos elementos antes señalados. En virtud de lo expuesto, la Sala no estima contraria a la Constitución Política la reforma al artículo 2 de la Ley número 7969 para considerar el transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi un servicio público del cual es titular el Estado y que se explotará mediante la figura de la concesión administrativa o el permiso en el caso de servicios especiales estables de taxi.

XVII.- Como consecuencia de declarar servicio público el transporte remunerado de personas en la modalidad taxi, en cualquiera de sus dos formas de prestación, el proyecto de ley consultado reforma el artículo 323 del Código de Comercio para eliminar la palabra “personas” de dicho artículo y así eliminar el porteo de personas. Con esta reforma el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la prestación del servicio de transporte de personas que en su totalidad ha sido declarado servicio público por el legislador y hace que sean otras las reglas del juego y principios jurídicos a aplicar: Los particulares se convierten en colaboradores de la Administración Pública en la prestación de ese servicio que, por sus características y la evidente existencia de un interés público, debe ser en principio, asumido por el Estado sin que estén de por medio principios y derechos que rigen las relaciones privadas, como lo son el principio de autonomía de la voluntad o la libertad de comercio. En consecuencia, el Tribunal estima que el proyecto de ley consultado no lesiona los artículos 28, 45, 46 y 56 de la Constitución Política.

Más que claro. El cambio realizado en el 2011 por medio de la ley 8955, declara que todo servicio remunerado de transporte es público, se rige por el derecho público, deja de existir la figura de transporte privado y eso no es inconstitucional.

Sobre el CAFTA.
Para cerrar, don Henry Mora, diputado, da una teoría sobre el efecto del TLC con Estados Unidos (CAFTA) sobre UBER.

Don Henry explica con muchos detalle y muy claro, cómo el artículo 11 del CAFTA le da la posibilidad a UBER de entrar como compañía de porteo, a como se entendía antes del 2011 (porque cambios en la ley no debería afectar a lo firmado en el CAFTA). Sin embargo, quedan algunas dudas que no las siento resueltas.

Dice don Henry, que en el CAFTA, Costa Rica negoció la liberalización y apertura de los servicios (incluido el transporte de pasajeros), por medio de listas negativas. Esto es, lo que se apunta en la lista no se libera. Dice don Henry que dentro de las listas se metieron varias leyes, incluyendo la 7969 discutida arriba (pero antes del cambio) y que pero no aparece ninguna medida disconforme (reserva) para el sector de transporte de pasajeros modalidad porte (o porteo). Es decir, el porteo quedó fuera de la lista. Ahora, según se tiene entonces, el país puede regular el servicio público, y dentro de las definiciones del CAFTA, el servicio de transporte se define como:

Clase 6431 : Servicios regulares de transporte de pasajeros por carretera (porteo)
 Clase 6432: Servicios no regulares de transporte de pasajeros por carretera (taxis)

Los primeros incluyen una subcategoría que es “una subclase que incluye servicios de transporte de pasajeros por itinerarios y con horarios predeterminados para un segmento específico de usuarios, por ejemplo, colegios o empresas” y a eso llama “Porteo”.

Luego dice que por CAFTA, usando el artículo 11, la compañía puede solicitar el ingreso al mercado nacional y pedir trato de nacional. O sea, podría pedir que se le dé el trato que tenían los porteadores en el año que se firmó el CAFTA.

La duda recae en dos hechos:

1.    UBER no es una empresa de porteo, son los choferes los que hacen contratos privados, no UBER, los choferes no son empleados de UBER y UBER no maneja ni tiene automóviles registrados a su nombre. ¿Cómo puede pedir entrar como empresa de porteo? Los choferes son nacionales así que ese artículo no les aplica, no podría exigirlo.

2.    La definición de Porteo con la que se firmó el CAFTA difiere de la que se tenía antes del 2011, porque indica itinerarios y horarios predeterminados para ofrecer el servicio, y siendo UBER por demanda, esa figura no calza.

Siendo así, no estoy seguro que el análisis aplique a este caso. ¿Qué opinan?

Sobre las comunidades de autoabastecimiento.
Bueno, hasta aquí lo que dice todo el mundo, pero tenemos que oír a UBER. La empresa dice que entra a funcionar como una Comunidad de Autoabastecimiento. Aquí La Nación me ayuda un poco porque no encontré mucho de jurisprudencia.  Esta figura no está en ninguna ley, pero se refiere a la capacidad que tienen ciertos grupos organizados de administrar servicios que son públicos, como el agua o la electricidad (e.g. las ASADAS). Según criterios de abogados, esto es un grupo privado que se auto abastece del servicio (de transporte) y por ende se rige por el derecho privado. ¡Pero ya vimos arriba que puede que eso no sea así!

De todas maneras, ser una comunidad de autoabastecimiento tampoco los exime de ser regulados. Si fuera un servicio como el de salud, por ejemplo, donde los miembros de la comunidad se autoabastecen de servicios de salud, si los miembros que ofrecen el servicio no están el colegio de médicos o ni siquiera son médicos, no podrían ejercer. ¿Cierto? Bueno, en este caso el servicio de transporte no sería problema si fuera gratuito, pero al ser remunerado se convierte en bien público que debe ser regulado. Y volvemos a lo mismo. Es más, una comunidad de autoabastecimiento usualmente debe tener un ente rector y estar registradas y autorizada, no todas las ASADAS están bajo la ley.  Así que el modelo escogido por UBER aún deja muchas dudas si le servirá o no.

Así estamos, estas son las ideas que andan por ahí. Todo apunta a que realmente el servicio planteado por los choferes es ilegal, a falta de resolver algunas dudas que posiblemente serán dirimidas en los tribunales.

Explicando UBER

Mucha gente cree que UBER es un servicio de taxis privados. Eso no es tan cierto, al menos no como la gente lo percibe. Intentemos explicar cómo funciona todo para estar un tanto más claros.
UBER es un servicio que se creó con el nombre de UberCab, por el año de 2009, fundada por  Travis Kalanick y Garrett Camp. Esta compañía no era una compañía de taxis, sino que crearon una aplicación para ser usada por taxistas. La aplicación ponía en contacto a los posibles clientes con los taxistas, una forma de “pedir un taxi” que no fuera por teléfono. La aplicación utilizó en esos entonces la tecnología de ubicación geográfica y mapas, para poder indicar al cliente dónde estaba su taxi, y al taxi dónde estaba su cliente. Otra característica importante, es que el pago del servicio lo calcula UBER usando el tiempo y la distancia, y ese pago se realiza por medio de tarjeta de crédito que el cliente registra con UBER. El taxista no cobra nada de momento, sino que UBER le paga su parte luego.

Con el paso del tiempo, la aplicación ha ido evolucionando y tiene ahora ciertas funcionalidades muy interesantes, tales como poder dividir el pago entre varios e incluso avisar a los contactos el tiempo estimado de arribo. Pero no solo eso cambió: al inicio UBER hacía convenio solo con taxistas acreditados como tales, pero luego abrió el negocio para que cualquier que tenga un carro con ciertas características pueda dar el servicio.

Esto es muy importante entenderlo: UBER no da el servicio de transporte, sino el taxista o chofer registrado. UBER no es dueña del carro, ni el chofer es empleado de UBER. No hay más que un contrato en el que el chofer se compromete a tener todo en regla para poder ser elegible a ser contactado por un cliente. UBER entonces ofrece “servicios agregados” al del transporte: ayuda al cliente a localizar un taxi, ayuda al taxi a encontrar servicios, calcula recorridos y costos, manejar los cobros del servicio, entre otras cosas. Todo esto lo hace con la aplicación móvil, y por dar estos servicios cobra una comisión.

¿Queda más claro? Quien presta el servicio de transporte es el chofer, quien tiene que pagar el mantenimiento del carro, la gasolina, los seguros, el marchamo, las revisiones de RITEVE, etc. UBER entre tanto solo espera una solicitud, selecciona un auto disponible en la cercanía, calcula el recorrido y cobra por el servicio. De hecho, al ser UBER quien cobra, es el que maneja el flujo de efectivo (que es masivo), de lo cual obviamente obtiene también ganancia por intereses.

UBER tiene causas de ilegalidad en muchos países. Mucha gente cree que dar un servicio de transporte remunerado es libre en todo el mundo y que el modelo de UBER es legal por naturaleza. Pues no, están muy equivocados. En la mayoría de lugares el servicio de transporte está regulado, y  la gente con carro no puede simplemente montar otra gente y cobrarle por el transporte. El problema es que los gobiernos no han podido detener a UBER debido a que su modelo no incluye regionalización de operaciones: es como pagar Netflix, el descuento de la tarjeta se hace en USA y es como si comparar un servicio allá, no en el país. Es decir, UBER no daría facturas locales, posiblemente no reportaría a Hacienda ni pagaría impuestos. Quienes debieran registrarse y pagar serían los choferes, y muy probablemente no lo harán. Los choferes serían los que estarían fuera de la ley al dar el servicio de transporte y el gobierno le queda perseguirlos y amonestarlos. Actualmente, UBER enfrenta protestas en Alemania, India, España, Francia, Italia, China e Inglaterra. Incluso, sus ejecutivos fueron arrestados en Francia en Junio de este año.

Ahora: la gente que apoya UBER muchas veces habla de la mejora en servicio para el cliente y de las ventajas de la tecnología. En general, tienen razón a medias. Por el lado de la tecnología, es un sistema muy simple que ofrece una solución simple de gran impacto. Eso es lo maravilloso de la tecnología, que con poco puede mejorar servicios y ofrecer nuevas funcionalidades que ayudan un montón. Por el otro lado, la mejora del servicio se da en dos frentes: uno es la mejora en el servicio de contratación del transporte, cosa que UBER hace; el otro es el servicio que el chofer presta, y este no tiene nada que ver con UBER sino con la idea de servicio que tienen los choferes. Mucha gente dice que los choferes tienen agua gratis, y confites, pero nada de eso lo provee o exige UBER, es una idea propia de los choferes para poder tener buenos comentarios.

El otro punto importante, es que la tecnología es genial, pero el modelo de negocios que UBER parece haber desarrollado no lo es tanto, simplemente porque trabaja a contrapelo con la legalidad de cada país. La prepotencia con la que ha entrado en Costa Rica parece ser similar a lo hecho en otros países, pasando por encima de la legislación y regulaciones. Por otro lado, UBER no es la única compañía que ofrece ese tipo de servicios, en muchos lugares (aquí en Costa Rica también) hay otras aplicaciones que dan un servicio parecido, y que no han crecido tanto simplemente porque sí se apegan a la legalidad y trabajan solo con taxistas autorizados.

Ahora sí, entendido cómo trabaja UBER y lo que en realidad es, debemos entonces discutir si es bueno que entre en el país. La discusión irá enfocada en dos aspectos: ¿Es permitido que una compañía violente las regulaciones de un país de esta manera o debemos ponerla a raya, que trabaje bajo la ley? El otro es: ¿Tenemos una buena regulación o debemos intentar mejorarla? Aquí mucha gente está pidiendo la eliminación completa de la regulación, que el mercado se mueva libremente y que cualquier con carro pueda ofrecer el servicio. Hay muchos problemas con eso, siendo la primera la creación de trabajo informal en un servicio que tiene problemas de seguridad y que es un hecho mundial que debe ser regulado.

Dejo abierta entonces la discusión, ya con un conocimiento más claro sobre el asunto.

Sobre Colegiaturas, el CPIC y el gremio de Informáticos.

El ecosistema informático a nivel mundial es bastante complejo. Primero tenemos que entender que a pesar de ser una profesión basada en conocimiento especializado y servicios, el ejercerla genera un producto tangible (soluciones informáticas). Esto hace que su economía (compra venta de tales productos) busque remunerar por producción más que por conocimiento nominal. Esto es, los profesionales se les valora y paga por su capacidad de producción más que por estudios. Esto está claro y aceptado por el gremio. Un recién graduado de cualquier universidad o instituto tendrá conocimiento, un potencial de producción, pero deberá desarrollarlo con experiencia y es este desarrollo el que le incrementará el valor en el mercado. Adicionalmente, es una actividad transversal, donde actores de otras ramas también realizan trabajos informáticas luego de la correspondiente extensión educativa.

Aclarado lo anterior, la obligatoriedad planteada en el proyecto 18 928 actualmente dictaminado positivo en la asamblea, se convierte en una amenaza, al menos mientras no se reestructure el CPIC de forma que sea más inclusivo. Me explico: actualmente el CPIC cobija sólo a graduados universitarios. La realidad es que hay muchos más profesionales en informática sin título universitario (que no significa que no estén preparados para lo que hacen) fungiendo actualmente que no quedarían cobijados y que serían excluidos de la actividad. Esto traería graves consecuencias en la industria y en la economía de miles de personas.

Ante esta situación, es mucho más sensato que el CPIC haga un alto en el camino y haga un llamado al gremio para llegar a un consenso y plantear una reestructuración similar a la intentada en el proyecto 18919 aún en la asamblea, pero ahora tomando en cuenta a todos los involucrados; gremio, industria y academia. Una nueva propuesta que incluya beneficio a todos los trabajadores actuales. Estoy seguro que el CPIC ha podido notar que las actuales propuestas de ley han tenido un costo político muy alto en contra, dejando de ser representantes de  facto del gremio y ganando animadversión. Ante esto, sé que ellos están trabajando en busca del bien del gremio y vendrán con mejores propuestas prontamente.

Claro, el CPIC no es sólo su junta directiva, sino que debemos ser todos nosotros los informáticos. Esto también es un llamado a todos  nosotros que estamos dejando pasar esta grandiosa oportunidad de contar con un colegio creado por ley de la república y respaldado constitucionalmente, de hacerlo nuestro.

¿Mi sugerencia?  Sacar de la corriente legislativa los dos proyectos actuales y proceder a llamar a una concentración nacional multisectorial que plantee las necesidades del gremio y se proceda a mejorar el CPIC, contando con la participación de todos, para generar un nuevo proyecto de ley que lleve la bendición de todos.

William Martínez Pomares

Médicos y el Estúpido Chivismo Expiatorio

Me decepciona Costa Rica. Toda esta la controversia con los médicos hace patente una serie de actitudes que es vergonzante.

No defenderé a los médicos porque son tan pecadores como los que nos tienen así. Vamos con la lista:

1. El aprovecharse. Este es el mal mayor, todo el mundo tratando de aprovecharse sin medir lo que esto cuesta. Comenzamos por el gobierno y la tontera de poner salarios paupérrimos comparados con el sector privado. Esta genial idea (para ahorrarse cincos) ha hecho que los mejores huyan para la parte privada y, de paso, ha dado soporte a las famosas convenciones colectivas donde se trata de equiparar la falta de salario con beneficios. Pero claro, como respuesta al gobierno que trata de aprovecharse, los que se aprovechan sin importar a quien dañen son ahora los sindicatos que piden cosas abusivas. El punto es estar bien yo sin importar quien se muera de hambre. Y eso es el punto dos.

2. La falta de racionalización y solidaridad. Es claro que la Caja está en crisis. También puede ser que los médicos, en su salario base, no ganen como lo harían si se dedicaran tiempo completo a trabajar en una clínica privada. Pero, a todas luces, la Caja está con problemas económicos y puede que no tenga capacidad de atender pacientes e incluso necesite recortar plazas. Entonces: ¿Qué están haciendo en los juzgados esos 2000 juicios pendientes de médicos para que les reconozcan más salario? ¡Por Dios! Eso representa el mayor acto de egoísmo, del “me importa nada que el país se muera yo quiero mi plata” que nadie pudiera imaginarse. Eso y los trucos diputadiles para sacar pensiones, claro está. La gente se muere porque no hay campo en hospitales, niños piden en los estadios para que les permitan ir afuera a una operación y PUEDAN VIVIR, quirófanos en mal estado, hospitales destruidos por terremotos. ¿Qué no lo ven? ¿Qué es que soy el único que aceptaría no me den aumento para que tales niños puedan vivir? No lo creo. Qué vergüenza.

3. Pero los que tiran piedras también han de avergonzarse. La crisis de la Caja no es culpa de los médicos. Empezando por los políticos de turno que ponen a gente incompetente a dirigir las instituciones, hasta los aborrecidos oportunistas que usan leguleyadas para sacarle plata al estado. Sin embargo, la gente quiere sangre ¿Cierto? La gente en todo lado. Los periodistas quieren circo que les venda sus medios, los criticones en medios sociales quieren linchar y usar sus palabrotas contra los abiertamente declarados médicos, el gobierno quiere algo para divertir la atención de sus otras tortas. La gente ahora odia a los médicos, como si no les hubieran salvado la vida o asistido en su nacimiento. Los médicos son profesionales que cumplen una buena labor y son humanos, tan pecadores y llenos de defectos como el que escribe y el que lee estas líneas. Ni son más ni son menos. Deben tener los mismos deberes proporcionales y los mismos derechos. Que nadie por no ser médico se sienta ángel puro para tirar la piedra, cuidado se le devuelve.

4. ¿Qué hacer? Me gustaría ver a todos esos médicos preocupados por su salario quitar los juicios pendientes antes de que se vote el segundo debate que aclara la ley famosa. Quisiera ver al gobierno hacer un análisis y tomar acciones para dar salarios justos que no requieran “ajustes” por beneficios en convenciones colectivas y que compita con la parte privada como corresponde. Que los profesionales saquen su ética y no sólo su amor a la billetera. Quisiera ver a los tuiteros y faibuqueros siendo racionales y tratando de entender el embrollo, no buscando pretextos para sacar su más vulgar y escatológico vocabulario de odio reprimido. Quisiera tener una Costa Rica ordenada y pacífica y no una en la eterna búsqueda el chivo expiatorio de turno.

Sobre turismo, servicios y Costa Ricas Azules

La iniciativa de Costa Rica Azul, leído su primer post en el sitio donde explica qué es, me parece un poco confusa. Inician diciendo que es un proyecto país que busca fomentar el empredurismo y fortalecer las micro empresas, promoviendo la educación en todos los niveles. Eso es grandioso y si me quedo con sólo ese párrafo yo me imaginaría una serie de proyectos enfocados en justamente eso: educar, promover microempresas y dar un socollón a la economía nacional injectando miles de pequeñas locales dosis en lugar de buscar una o dos grandes empresas que nos den un empujón ellas solas.

Pero al seguir leyendo, se aclara y desinfla un poco ese ideal inicial. En realidad el proyecto se enfoca en un tipo particular de servicio, el llamado turismo médico. Y no es que esté mal: El turismo médico es una necesidad que está surgiendo con gran auge dadas las problemáticas en temas de salud de muchos países. La parte importante es que no sólo hay la necesidad sino que Costa Rica posee la capacidad de suplirla, por lo que es muy importante tomarle el pulso y comenzar a apoyar iniciativas de este tipo casi que ya. Lo digo porque yendo en un avión hacia Colombia, leo en la revista de la aerolínea un artículo justo sobre el tema, y ¡no se menciona a Costa Rica para nada! Ya hay gente en México, Colombia y otros latinoamericanos que se nos están llevando el mandado y tienen visibilidad en prensa. Eso implica que hay competencia y necesitamos estrategias de captura de mercado (que está naciendo), diferenciación y generar lealtad de marca.

Ahora, volvamos al ideal inicial: El turismo médico (incluso yo le diría Turismo Medicinal, que es algo más grande), es sólo un servicio que puede brindarse. Hay otros de los que somos capaces y podríamos incorporar en iniciativas que cumplan esa meta hermosa del inicio. ¿Cuantas veces no hemos oído que vienen científicos a estudiar mares, volcanes, flora, fauna, e incluso estudios sociales (somo el país feliz)? Un turismo científico, incluyendo las ideas actuales de Procomer de llamar a turismo de conferencias, donde Costa Rica se convierta también en cuna de la investigación y el conocimiento dado a las masas. La propuesta de hoy, 3 de Mayo, de parte del MEIC y una PYME, Costa Rica 2050, que intenta la divulgación del quehacer y del conocimiento científico del país, es un ejemplo.

¿Algún otro? Pues la misma Presidenta en su discurso del primero de Mayo menciona que incluso la exportación de servicios de alta tecnología ha superado los ingresos por turismo. Eso es un dato que no se puede pasar por alto. Los servicios tecnológicos son otra necesidad importante que podemos suplir, pero no en masa. No tenemos tanta gente como para competir con India en servicios masificados, pero tenemos cerebros como para competir en servicios de alta tecnologías y altamente especializados.

En fin, la iniciativa de Costa Rica Azul es excelente. Considero que deben abrirse otras similares en otras áreas o que la misma Costa Rica Azul se diversifique (cuando tengan ya fórmulas probadas y más experiencia) de forma que no sea sólo con turimos médico sino con otros servicios, que por qué no, pueden amalgamarse con el turismo (por experiencia se que muchos conferencistas internacionales y participantes amarían venir a Costa Rica a una conferencia, y no solo por lo bello del país, el mismo Zachman me lo dijo).