Incendio del Triangle Shirtwaist y el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, estuvo circulando una idea que de alguna manera prohibía felicitar a las mujeres debido a que ese día no se celebra nada, sino que se conmemora una tragedia: la muerte de mujeres en el Triangle Shirtwaist.
Sin embargo, ese dato no es del todo correcto: el día internacional de la mujer no nació con el incendio de Triangle Shirtwaist.

En el pasado, muchas compañías explotaban a sus empleados. Aprovechándose de su pobreza, ofrecían empleos que más parecían esclavitud. Desde aquellos tiempos ha existido una lucha por la reinvindicación de los derechos labores de los trabajadores. En eso han tenido mucha participación los partidos socialistas.

Pero, podemos remontarnos mucho más atrás. La primera huelga de la que se tienen registro parece que ocurrió en el antiguo Egipto, 1166 A.C. y fue una huelga de artesanos. Pero la huelga de mayor impacto en este lado del charco fue la del 1ero de mayo, 1886, en Chicago, USA, conocida como la revuelta de Haymarket. De esa salió el día del trabajador.

En esa huelga murieron 38 obreros(los mártires de Chicago), y muchos líderes sindicales fueron luego ahorcados por la justicia. Sin embargo, las condiciones mejoraron con el tiempo. Sin embargo, la historia parece olvidar que 29 años antes, las trabajadoras textiles de Nueva York también hicieron una huelga por sus precarias condiciones laborales. Fueron arrestadas.

Eso ocurrió un 8 de marzo de 1857. En 1859, esas mujeres crearon su primer sindicato para lograr algunos derechos laborales justos. 49 años después, las mujeres volvieron a organizar una huelga, un 8 de marzo, ahora pidiendo también derecho al voto, fin del trabajo infantil y mejores condiciones laborales. «Pan y Rosas».

Fue Clara Zetkin, en Copenhage, 1910, quien propuso que se creara un día internacional de la mujer (ya existía uno nacional), conmemorando la huelga de las textileras. Se instituyó para conmemorar el movimiento por los derechos de la mujer. Dicho día se celebró por primera vez un 19 de marzo de 1911. Luego, la tragedia.

Solo 6 días después de dicha celebración histórica, ocurrió un incendio en el edificio Asch, pisos 8, 9 y 10, donde se encontraba la fábrica textil «Triangle Shirtwaist». Inició a las 4:40 de la tarde. La puertas estaban cerradas con llave, porque los propietarios tenían esa costumbre para «evitar robos».

Encerradas, se encontraban varias mujeres y hombres. Las mujeres eran inmigrantes, de Europa oriental, judías e italianas, la menor tenía 14 años, la mayor 48. Al quedarse encerradas, trataron de salir por una escalera que se desplomó por el peso. Muchas murieron al lanzarse al vacío por las ventanas. Otras, carbonizadas.

Se contabilizan 146 víctimas, 123 mujeres y 23 hombres. Esa tragedia viró los ojos del mundo a las condiciones deplorables de las trabajadoras, la explotación y la esclavitud maquilladas. El día internacional de la mujer siguió conmemorándose en marzo, pero fue en 1975, el año internacional de la mujer, que se decidió celebrarlo un 8 de marzo recordado aquella huelga inicial. Sin embargo, el hecho mas descollante y doloroso fue ese incendio, donde murieron en su mayoría niñas de 14 a 23 años.

Esa es la historia. Espero que quedemos claros en que el incendio NO FUE el origen de la declaratoria del día, eso pasó un año antes, sobre un hecho ocurrido 54 años antes. El incendio le ha dado un triste recuerdo y motivo para que no pase nunca más. Ahora el día abarca mucho más que solo derechos laborales, muta con el tiempo.

La historia de Imelda

Nota :Esto está basado en diversas notas periodísticas y algunas del portal de la fiscalía de El Salvador.

Imelda venía de una familia muy pobre que vivía en pobreza. Tenía apenas 12 años cuando ya su padrastro abusaba de ella. El día de recoger la pensión, el padrastro le decía a la mamá de Imelda que se la llevaría para que la acompañara. Pero luego de recoger el dinero, se la llevaba a un lugar parecido a una cuartería, alquilado por unas mujeres, para que él la violara. Calló durante siete años.

Imelda comenzó su carrera en ciencias de la salud. A los 19, sus compañeras le decían que estaba cambiando, y le preguntaban si no estaba embarazada. Ella lo negaba. Su propia madre le consultó y la llevó al médico, quien le hizo un examen y corroboró el embarazo, pero Imelda lo negó. Justificaba su negación diciendo que menstruaba todos los meses, así que no podía ser embarazo.

Un día de abril, Imelda fue encontrada desmayada, desangrándose. Junto a ella, la mamá encontró algo ensangrentado y lo recogió. Llegó la ambulancia y su madre se fue con ella. Al llegar al hospital, la doctora corroboró que lo que llevaba la madre era una placenta, y que el bebé podría estar a término. La doctora interrogó entonces a Imelda preguntándole dónde estaba el bebé, pero Imelda seguía negando que estuviera embarazada.

La doctora siguió, insistente, y entonces Imelda contó que ella sintió un dolor muy fuerte en el vientre, fue al servicio y estando sentada, sintió algo grande y caliente que salió de ella. Se levantó a buscar ayuda pero perdió el conocimiento. Al oír esto, la doctora activó el protocolo de aborto y dio parte a las autoridades. Se envió a la policía a la casa: el servicio era una letrina (escusado de hueco) de unos 4 metros de profundidad. Una vez quitada la tapa, se escuchó el llanto de un bebé. Un oficial entró y encontró a una niña, de término, llorando, embarrada de heces y un polvo blanco que se supone era cal. La pequeña no tenía ninguna lesión de cuidado, solo un golpe en la espalda producto de la caída.

Al conocer la noticia, Imelda negó saber que la niña estaba en la letrina. Fue arrestada y puesta a la orden de la fiscalía, que abrió un caso.

La fiscalía indicó que Imelda ocultaba alevosamente el embarazo y que al sobrevenir el parto, ella tomó a la niña, cortó el cordón umbilical y la tiró a la letrina para que muriera: la acusaron de intento de homicidio, con una pena de 20 años.

Los abogados de la defensa alegaron que toda la prueba era indiciaria, basada en testimonios de personas que no estuvieron presentes durante la emergencia obstétrica. Varios de los grupos activistas pro aborto, crearon la noticia falsa de que la estaban condenando por abortar, pero no, la acusación era mucho peor. Los artículos 133 al 137 del código penal salvadoreño tipifican las penas por aborto. En el 133 se indica que una mujer que consintiera la práctica de un aborto o se lo practicara ella, tendría una pena de 2 a 8 años. El aborto espontáneo NO ES PENADO. El aborto culposo, el que se produjera por malas acciones de la madre pero sin intención, TAMPOCO ES PENADO. Pero ser acusada de intento de asesinato de su propia hija, eleva la pena a 20 años de cárcel. Si hubiera muerto, serían 30 años como mínimo y 50 máximo (129 del código penal salvadoreño). Imelda fue a prisión preventiva.

Luego de más indagaciones, la otra desgracia de Imelda sale a la luz: ella al fin cuenta que el padrastro la abusaba desde niña. Indica que no decía nada porque tenía miedo de él y sus amenazas. Se hace una prueba de ADN que da positiva: el padrastro es el padre de la bebé. Once meses después del inicio de todo, el padrastro es capturado y le espera un juicio que podría darle 20 años de cárcel.

Los abogados defensores también reclamaron que el juez era muy machista, dado que el hecho de la violación convertía a Imelda en víctima, pero el juez rechazó eso y todo intento de mezclar los casos alegando que eran cosas aparte.

Hubo mucha más discusión. Los peritos debatían si alguien podría no darse cuenta de su embarazo o no, de si el cordón umbilical se podría romper dada la caída de la bebé, o si hubo un corte por parte de la madre, incluso una evaluación cognitiva se le hizo a Imelda.

El juicio se atrasó hasta hace un par de días, estaba para noviembre, pero la fiscalía no se presentó por problemas de salud de uno de los fiscales. Se solicitó que se liberara a Imelda porque no podía dañas a nadie ni podía salir del país, pero se denegó. La fiscalía parecía no tener asidero en su acusación de intento de asesinato, así que presentó una solicitud para la comparecencia ahora en diciembre: pidió que Imelda aceptara a ir a un juicio abreviado a cambio de declararse culpable de abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad. Ella aceptó, su salud empeoraba. La pena era muy baja y con el tiempo que había estado en prisión preventiva ya habría descontado. Sin embargo, el juez Hugo Noé García decidió que aquello no tenía sentido y consideró que no hubo dolo y corroboró que Imelda sufrió mucho sicológicamente al saber sobre su hija, por tanto la dejó libre sin ningún tipo de condena.

Actualmente hay mucha algarabía por la liberación. Mucho grupo está pidiendo que se derogue 133 al 137 aunque no tuvieron mucho que ver. Los abogados defensores también acusaron a la doctora que dio el aviso a la policía porque supuestamente violó el secreto profesional. Resulta que si no lo hubiera hecho, Imelda hubiera vuelto a su hogar a continuar con el abuso de su padrastro y una bebé de año y pocos meses que ahora juega con su abuela hubiera muerto en una letrina, llena de heces y cal.

El Social Justice Warrior

Las personas que publican sus opiniones tuvieron una explosión inevitable desde el momento en que la web dejó de ser de solo consumo y llego la web 2.0 que es donde yo tengo una voz. Una cantidad de personas comenzó a defender temas llamados “progresistas”, que incluían feminismo y multiculturalismo. A dichas personas, se les comenzó a llamar Social Justice Warriors (guerreros de la justicia social).

Alrededor del 2011 el término, que inició siendo positivo y algo neutro, pasó a ser despectivo. Indicaba a una persona cuyas posiciones eran tanto extremas como absurdas. Su auge se aumentó en el 2014 en lo que se conoció como el “Gamergate”, un movimiento de acoso sin límites que sufrió una desarrolladora de juegos como reacción negativa a un juego sobre depresión que ella creó. El acoso fue tal, que de tantas amenazas de muerte, violación y la publicación de su dirección familiar, hizo que la desarrolladora tuviera que huir de su propia casa.

Fue controversia porque algunos proponen que no era verdad, que el acoso no era real. A la gente que defendía las posturas progresistas fueron llamadas Social Justice Warrios de forma peyorativa, o SJW. No puedo dejar de pensar en la relación de esas siglas con nuestro acuñado “progre”, que para algunos será de orgullo pero para otros es totalmente insultante.

Sin embargo, ahora el término se aplica, como ya dije, a las posturas extremas y un tanto absurdas. ¿Como cuales? En mi ramo, es muy conocido el término “Software Craftmanship” que es por así decirlo la programación de computadoras de forma artesanal. La idea es el desarrollo tiene algo de arte. Pues un movimiento criticó ese término porque incluía la partícula “man”, diciendo que imponía que el desarrollo era solo para hombres. Siendo así, la palabra se cambió. Lo último que he oído es que otro acrónimo muy conocido en mi campo, Domain Driven Design (DDD) era también un insulto porque hacía referencia a una talla de brasier.

La realidad es que cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera en redes sociales, y a recibir elogios o críticas por lo que escribe. Los movimientos con calificativos tiene una sola meta: insultar de tal modo que se logra una autocensura forzada. El uso peyorativo de nombres como gays, providas, conservadores, progres, perras, niña, y muchos otros, no es más que una forma de agresión tanto sutil como dañina en las relaciones de sociedad, aunque sean estas digitales.

Opinión Sobre el Bachillerato

Siendo este un tema donde encontrar estudios puede no ser fácil, no me queda más que dar mi opinión personal. Cuando se habla del examen de bachillerato, estamos ante lo que para algunos es una bestia cruel que evita que la gente se supere. Para muchos, el bachillerato no sirve para nada y más bien evita que las personas logren seguir con sus estudios. Para otros, es una herramienta que no es necesaria porque con y sin él tenemos personas que pueden y van a la universidad y personas que no lo logran. ¿Es el examen de bachillerato tan mala idea?

Comencemos por entender que tenemos un problema de concepto. La prueba de bachillerato no es para mejorar al estudiante. La prueba, en teoría, mide si el estudiante tiene el conocimiento que debe tener luego de pasar por secundaria. La realidad es que sin la prueba, con todos pasando, los que sí estaban preparados pueden pasar a la universidad y todo bien, los que no seguirán sin tener esa oportunidad, buscarán trabajos poco calificados con salarios bajos y lo pero de todo: no nos daremos cuenta de que venían mal preparados. Sin embargo, el examen, en su concepto más básico, es una medición. La idea es evaluar conocimiento adquirido. Me dirá si la persona que lo toma está preparada tal y como se supone luego de pasar por todos los años de estudio de secundaria. Bueno, se ha estado aplicando y por ende tenemos datos. ¿Qué nos dicen?

Lo que muestra el examen, suponiendo que está correctamente implementado, es que hay brecha entre la preparación recibida a nivel público y a nivel privado, y también entre regiones geográficas. Esto implica un problema en la preparación del alumno, y por tanto una necesidad de mejorar el sistema y la enseñanza a nivel público y en ciertas regiones. Incluso, siendo un examen por temas, me puede indicar cuáles son las materias en donde tenemos falencias, cuáles son las habilidades que hay que motivar, etc. Pero esa información no debe quedar en solo números y estudiantes reprobados: debe usarse para mejorar el sistema. Esto nos da un doble valor del examen: una verificación de que el estudiante está bien preparado y también nos brinda datos para un diagnóstico de nuestro problema educativo.

Entonces, ¿es mejor no eliminarlo? Veamos: si lo eliminamos, no curamos el problema, que es la pobre preparación de nuestros jóvenes. Pero, si lo dejamos como está, fungiendo como filtro, no estamos en realidad mejorando para nada. Estamos, como el famoso meme, poniendo como prueba el subir a un árbol y aplicándosela a un pez. No, tenemos que hacer las cosas de forma distinta.

Lo ideal es que el examen se aplique como diagnóstico por un quinquenio o un periodo parecido. Durante esos años, se deben hacer ajustes a la educación pública con el objetivo de mejorar la enseñanza de las áreas débiles detectadas y que se logre como meta que una mayoría de los estudiantes lo pase. Esto es, que el estudiante salga realmente preparado y con la capacidad de pasar una prueba fuerte y completa. Ahora, una vez mejorada la educación, no veo problema es aplicarlo como requisito para graduarse.

¿Qué pasa con el que no logra una evaluación satisfactoria? El problema no se termina con el examen, al menos para los que lo pierden. Por eso hay que implantar un sistema de cobertura de brecha: el examen debe decirme cuál es el área donde mi rendimiento es deficiente, y poder dar un estudio personalizado que permita a los que fallaron, recuperar, rehacer el examen y lograr pasar.

Ahora, tenemos un problema adicional: ¿Qué tal si la educación está mal desde el primer año? Si los problemas se descubren en el último año lectivo, sería ya muy tarde para ajustes para los jóvenes que cursaron toda la secundaria. No se puede reparar 5 años de mala educación en un par de semanas. Por eso propondría algo mucho más agresivo: un examen cada año, que me diga cómo van las cosas año con año, y así solucionar el problema con anticipación. Esto es, los de sétimo harían un examen con la materia de sétimo, el de octavo con la materia acumulada y así. Esto suena muy extremo, pero el examen no debemos verlo como una tortura o una agresión, sino como una herramienta de medición que me traerá beneficios.

¿Están de acuerdo?

De Tributos y Exoneraciones

Don Fernando Rodríguez Garro, Economista, ex-viceministro de Hacienda y consultor en temas fiscales, ha explicado en el programa de Amelia Rueda y en Delfino.cr , un análisis sobre las exoneraciones y tributos, en respuesta a las acusaciones hechas en contra de doña Edna Camacho, actual coordinadora del equipo económico del gobierno. Don Fernando explica de forma sencilla el problema técnico de las exoneraciones, pero su discurso, aceptado en el programa de Amelia como en contra de la exoneración que se discute en el caso de doña Edna, a mi parecer tiene algunos problemas argumentales. No soy economista como él, por tanto mis apreciaciones en este artículo pueden estar muy equivocadas, pero las comparto para refutar varias cosas que él dice y que parecen que necesitan más profundidad y esclarecimiento.

Comencemos por explicar un poco la economía. Si todos guardamos el dinero bajo el colchón, sin gastar, siempre tendremos la misma cantidad pero moriremos de hambre y nuestra riqueza nunca cambiará. Tendríamos una economía totalmente paralizada. Una economía sana se da cuando las personas usan su riqueza para adquirir productos y servicios. Con la venta de los mismos, las compañías que los ofrecen obtienen ingresos, que a su vez se utilizan para pagar por el trabajo de las personas. La parte que no se usa en esos pagos, es ganancia, y se usa para comprar otras cosas. El dinero que se paga a los trabajadores, ellos lo usan para comprar también otras cosas. Así, el asunto es una cadena de compras y ganancias que mantienen el dinero circulando y generando bienestar para todos. Todo llega por un balance de ingreso y egreso que debe mantenerse constante, cualquier disrupción puede causar problemas en el andar de la economía.

Ahora, el tributo. Para que la sociedad esté bien, el gobierno debe llevar a cabo una serie de funciones, dentro de las cuales está mantener la economía libre de trabas y a la vez controlada. Para eso, el estado necesita dinero, y como no tiene generación de ingresos (con excepción de las entidades autónomas), debe tomar ese dinero de las personas (físicas y jurídicas). El problema es que quitarle dinero a los actores de la economía, la afecta. Eso es irremediable. Quitarle a la gente reduce su poder adquisitivo, que redunda en menos bienes adquiridos. Menos cosas vendidas implica menos ganancias, menos dinero para invertir, reducción de costos y calidad, reducción de precios y al final reducción de salarios y desempleo. Aquí tenemos nuestra primera discrepancia con don Fernando. Lo primordial en un tributo no es la simplicidad, porque eso es básicamente un efecto administrativo, sino su impacto en la economía. Cualquier impuesto tiene sus efectos y hay que calcular estos efectos y sus ramificaciones. Podemos ver más ejemplos más adelante. Lo principal ahora es entender que cualquier impuesto implica una afectación económica que debe ser balanceada. Aquí entramos en otra discrepancia.

Revisemos esta frase: “Estos impuestos los usan para pagar esas pensiones millonarias, de lujo, que son inmorales”. Para los que no lo noten, esa frase lo que está es demonizando el tributo, y lo hace al ligar el pago de este con una “injusticia” que es el pago de pensiones de lujo. De forma similar, don Fernando intenta demonizar la exoneración ligándola a evitar darle becas a los estudiantes pobres. Así no son las cosas. Una exoneración es cuando hay un regla que aplica a todos, menos a unos cuantos, que se exoneran de seguirla. Así, una exoneración es, por ejemplo, cuando todos pagan impuesto al combustible menos los pescadores. La exoneración también es un instrumento utilizado por la administración para hacer leyes por excepción. Por ejemplo, la renta es un cobro que se hace sobre las ganancias. Como hay muchísimos tipos de ganancias, en lugar de hacer una ley que indique uno por uno los que son gravados, se hace una ley que dice que todos los son, menos estas excepciones. Por otro lado, un impuesto no es para bien social, es para pagar las obligaciones que tiene el estado y hacerlo funcionar, y que todas estas acciones mantengan el bienestar de la sociedad. Por eso, el análisis de don Fernando solo se puede dar en casos muy especiales de impuestos específicos, donde la no obtención del tributo pueda ligarse a casos de impacto social directo.

Una exoneración es entonces la eliminación de la obligación que tiene alguien para tributar. ¿Cuándo se da? Usualmente se realiza para lograr balance horizontal y vertical. Aquí tenemos otra discrepancia: un balance no implica que todos paguen igual. ¿Recuerdan que mencionamos que el impuesto afecta la economía? En particular, afecta a la persona que tributa en términos económicos, lo que tiene efectos directos e indirectos. Siendo así, lo importante al definir los impuestos no es que todos paguen igual, sino que la afectación por el impuesto afecte de forma parecida a todos los actores. Por ejemplo, dos empresas, una gigante y una pyme, no compiten con las mismas oportunidades. La gigante posiblemente tenga ya mercado y economías de escala que le permite manejar mejor sus precios y por ende la demanda, mientras que la PYME no. Aplicar el mismo pago para las dos puede no afectar a la gigante, pero sí a la PYME, restando aún más su poder de competencia. En ese caso, una exoneración para la PYME puede mantener su competencia y a la vez no afectará la de grandes arcas. Eso mismo se aplica en el balance vertical, por ejemplo de la renta sobre el salario. Hay un escalón que está exento, y de ahí para arriba hay varios escalones con exenciones parciales. ¿Es esto un privilegio? ¿Se busca que quien gane más pague más? Para nada, esa es una forma romántica de verlo. La realidad es que gravar los salarios bajos los impacta, lo que reduce las compras, lo que frena la economía, ¿recuerdan?. Así que las exoneraciones no deben pensarse ni como privilegios ni como ayudas sociales, son balanceadores del impacto en la economía. Veamos otro ejemplo.

La economía ha cambiado mucho. Antes exportábamos bienes y eso traía dólares al país. La entrada de divisas es buena para nosotros. Actualmente, la producción de bienes ha dado espacio para la prestación de servicios, nuestra economía ha cambiado hacia los bienes intangibles. Hay en este momento varias empresas que son contratadas en el extranjero para realizar servicios localmente, servicios que serán consumidos en el extranjero de hecho. Ese tipo de ganancias no se gravan porque están en el exterior. El plan de renta mundial intenta cobrar impuesto por esos dineros. Para eso, cuando el dinero sea traído al país, se aplicará un porcentaje de impuestos. Uno diría: ¡qué bien! Esa gente que gana plata y no ayuda al gobierno. Pues bien, resulta que si se cobra impuesto por el dinero importado, muy probablemente estas empresas no quieran traerlo al país. Si tienen que hacerlo para pagar salarios que a su vez pagan impuesto (las cargas sociales son en la práctica un impuesto), intentarán pagar más bajo o de plano contratar recurso del exterior. Eso implica que las divisas que entraban como importación ya no entrará, y que posiblemente no se contrate gente local.

En el ejemplo anterior, alguien dirá: ¿qué pasa con el monto que no se cobra por impuesto si se exonera? El país necesita de esa plata. La respuesta es sencilla: si entran esas divisas y se crea empleo, las transacciones se incrementarían, y tenemos impuesto de ventas que ahora sería IVA. Si esa exención se da para esas empresas, su aporte a la economía podría influir en más consumo, que implica mayor recaudación. Tenemos que tener esto muy claro: el dinero no aparece de la nada. Para que el gobierno pueda tener buenos ingresos, es necesario que los contribuyentes obtengan buen dinero porque si no, no podría pagar nada.

Pero mucho de otros ejemplos. Cuando se definen impuestos, el monto gravado muchas veces puede depender de criterios como la pasividad del tributante o la frecuencia de dicha ganancia. No es lo mismo un único impuesto al año, o cuando se da una efeméride, que un impuesto cada vez que como arroz. Por tanto, no puede ser lo mismo un impuesto al salario, que viene cada mes, que un impuesto para cuando gano la lotería, aunque ambos sean por renta. Como bien lo explica don Fernando, en el caso de la exoneración de bolsa que hablamos, se trata de una exoneración por ganancia de capital. Cuando uno pone plata en la bolsa, esa plata le paga a uno intereses. Los intereses están gravados, la bolsa no me paga todo lo que me gané sino que me quita un pedazo para dárselo al gobierno. Sin embargo, si compro un título que sé vencerá en un par de años, y lo vendo a un valor superior al nominal, me gano una platilla. Esa platilla es una ganancia de capital y esa es la plata que estaría exenta. ¿Qué frecuencia tiene eso? El mismo don Fernando dice eso casi no se da, porque los títulos se mantienen y se cobran cuando se vencen. El mercado especulativo no es muy movido que parece. Por otro lado, ¡no hay impuestos a las ganancias de capital! Según entiendo, las únicas que se gravan son las obtenidas por la venta de activos depreciables, o las obtenidas por fondos de inversión. De hecho, el nuevo proyecto incluye un capítulo entero para esto. Lo que pasaría entonces es que se comenzarán a gravar ganancias de capital, como cuando usted vende una casa. Las personas que se ganan la vida vendiendo casas, tendrán que pagar renta. Así, la exoneración de la que hablamos será para las personas que trancen en bolsa y vendan títulos en el mercado especulativo, que según nos cuenta don Fernando, no es muy activo (no hablamos de las grandes bolsas gringas). Así, podemos suponer que la cantidad de dinero que “NO” se estaría captando es mínima, comparada con el impuesto a otras ganancias de capital como los bienes raíces (la gente que compra un lote en jacó por 50 millones y se lo vende a los inversionistas italianos en 500 millones, esos 450 millones de ganancias pagarían impuesto). Si queremos comparar la exoneración, no lo hacemos con el asalariado (esa es otra liga y otro tipo de renta), sino con estos negocios. Por ende, las comparaciones esgrimidas y las justificaciones para no exonerar, no tienen sentido lógico para mí.

Puede que esté equivocado, pero esto es lo que entiendo. Bienvenidas sean las correcciones.

La Trampa de Pluralismo.

La declaración del pluralismo cultural y religioso no es más que la constatación de una realidad nacional: tenemos diferentes etnias, culturas y cultos religiosos. La idea de dicha declaración es dejar claro que todas ellas son bienvenidas y que habrá espacio para que todas puedan expresarse sin temor a la intolerancia y el odio.

Pues bien, ese concepto loable tiene un pero: dependiendo de la interpretación, el pluralismo puede llegar a ser algo de lo que él mismo quiere defender. Pero veamos primero que significa:

1. Toda persona tiene derecho a tener una cultura y tener creencias religiosas, y a expresar cualquiera de ellas sin temor a represalias no intolerancia.

2. El gobierno abrirá espacio para todas esas expresiones

3. El estado velará por el respeto hacia esas expresiones y también por el derecho que tienen las personas de expresarlas.

4. El estado no dará trato preferencial a ninguna de estas expresiones.

Ahora bien, hay un concepto extraído de la intolerancia que usualmente permea esta concepción pluralista. La idea es que todas estas expresiones convivan en un mismo territorio. Sin embargo, en grupos intolerantes, la expresión de alguna cultura o religión puede llegar a ser ofensiva y molesta. El estado, en ese caso, debe intervenir para que la expresión no sea bloqueada o prohibida, es decir, debe estar en contra de la intolerancia. Sin embargo, esa noción de “ofensividad” de la expresión, más bien convierte el pluralismo en algo que ataca lo que quiere promover. Ante este concepto, el estado comienza a bloquear y censurar las expresiones bajo la premisa de que ofenden a otros. Esto lleva a un estado no inclusivo sino represivo, donde se da la censura previa y se impone reglas sobre lo que se puede decir y dónde se puede decir. Esto viola los derechos humanos de culto y libertad de expresión.

Veamos a ver si lo dejo claro: el estado, digamos que en un sitio público, si es pluralista, debe permitir que diferente culturas y cultos religiosos puedan expresarse. Si en nombre de la pluralidad, el estado bloquea toda expresión cultural o religiosa en sitios públicos, está más bien tomando una posición en contra de la expresión, en contra de la libertad, en contra del derecho al culto o cultura, y se convierte en totalitarista.

¿Se da eso? Ciertamente. Veamos algunos casos:

1. En Virginia, Marylan, el Monumento a La Paz, que tiene más de cien años, y es conmemorativo de 49 soldados de la primera guerra mundial, ha sido declarado inconstitucional porque involucra al gobierno con la religión. Esto se da porque un grupo activista ateo presentó una demanda contra ese monumento. Aún está en apelaciones, pero si eso queda firme, es probable que otros monumentos también sean eliminados, como la cruz en el desierto de Mojave, la estatua de Jesús de Big Mountain, o el monumento a los Diez Mandamientos de Oklahoma. 

2. En Ploërmel, un pueblito de la región de la Bretaña Francesa, instalaron una estatua en honor a Juan Pablo II. Sobre ella hay una cruz. Pues el Consejo de Estado Francés ha declarado que esa cruz sea eliminada por infringir la ley de 1905 separación de la Iglesia y el estado, que prohibe “exhibición ostentatoria de signos religiosos”. El alcalde de Ploërmel y el gobierno de Polonia seguramente irán a la corte de derechos humanos europea. Todo esto inició con una demanda de un grupo secularista.

3. La Cruz Roja de Bélgica ha decidido eliminar los crucifijos de las paredes de sus centros. Dice que es porque se debe “reivindicar el secularismo”.

4. En el 2015 el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ordenó eliminar toda las referencia cristianas del cementerio de la localidad. Esto implica eliminar todas las cruces del cementerio, clausurar las capillas y convertirlas en salas de ceremonia, tapas los vitrales, eliminar las imágenes, etc. En febrero de este año, Ribó prohibió una de las tradiciones de Valencia, el toque de las campanas de la Iglesia de San Nicolás, parte de las fiestas de las Fallas, alegando que molestaban a uno de sus copartidarios. También se eliminaron todos los pasitos en sitios públicos y se prohibió hacer mención de la palabra “navidad”.

Así, en muchos lugares, se eliminan tradiciones y expresiones de una parte (mayoritaria) de la población con el pretexto de que la otra parte sufre. Lo que debería pasar es que se abran opciones de expresión a otras culturas y cultos.

Explicando el problema fiscal

Dada la discusión que ha despertado el gobierno con su problema de liquidez, es menester explicar un poco cómo está el asunto. Comencemos con una analogía.

El gobierno es como un administrador de un condominio. Es encargado del mantenimiento de todo el condominio (menos las casas por dentro). Para eso, el administrador cobra una cuota a todos los dueños. También contrata a algunos de los dueños para que hagan trabajos, como pintar las bancas, cortar el zacate en zonas verdes o limpiar la piscina.

Este administrador también se dio cuenta de que la gente ocupa arreglos dentro de su casa. Es por eso que decidió crear una empresita dentro del condominio, Mantenimiento Para Usted (MPU). La MPU es una empresita que tiene su dinero aparte del dinero del condominio y que puede cobrar a los dueños por sus servicios.

Pues bien, el administrador tiene en el banco, a nombre del condominio, una cantidad de plata. Cada año, hace un presupuesto de lo que le costará darle mantenimiento a todas las cosas. Presenta ese presupuesto a un grupo de dueños que es un comité que tiene que aprobárselo. Una vez aprobado, el administrador debe usar la cuota para poder pagar por todas las cosas de ese presupuesto. Pero tiene algunos problemas.

Resulta que a veces hay dueños que se esconden o hacen triquiñuelas para no pagar la cuota. Entonces, la plata no alcanza para todos los arreglos. El administrador entonces pide prestado para hacer los arreglos, sea a los mismos dueños o a bancos externos. El administrador también, cuando tiene algo de plata, la pone en el banco para que gane intereses. Eso lo hace con bonos, que tienen un vencimiento. Así, esa plata le genera intereses, pero no la puede tocar hasta que se venza el bono.

Cuando termina el año, el administrador se da cuenta que gastó más de lo que recibió. Posiblemente tuvo que pedir prestado o se comió parte de la plata que tenía en el banco. Lo que pasa ahora con el gobierno es que a medio año tiene que pagar algunas cosas y no tiene plata para hacerlo. Los inquilinos pagarán su cuota del otro mes, pero todavía falta. También puede que haya plata puesta en bonos, pero el administrador no puede tocarla hasta que venza. El administrador trata de vender bonos, pero la gente no le tiene confianza y no compra. Ese es el estado en el que estamos.

Ahora, ¿Por qué estamos así? Bueno, esa diferencia entre lo que se recibe y lo que se gasta se llama déficit. Hace muchos años más bien teníamos lo contrario, superavit, pero por diferentes problemas se comenzó a gastar de más. Hubo una crisis mundial en el gobierno de Oscar Arias que amenazó con dejar con hambre a mucha gente, así que se hicieron cambios, como contratar mucha gente por parte del gobierno, para evitar el desastre. Con eso se logró soportar la crisis, pero generó un problema: ahora había mucha gente contratada, más de lo que se ocupaba. También, se hicieron muchas leyes que daban dinero a ciertas instituciones pero sin un sustento de dónde sacar la plata. También hay que pagar pensiones en algunos regímenes como el Magisterio, y con el incremento de personas pensionadas (mejora la expectativa de vida) ese monto crece.  Encima de eso, para poder pagar lo que hacía falta, se sacaron préstamos y ahora tenemos que pagar intereses, cada año más caros. Es decir, creció el gasto.

Pero no solo fue eso, también se redujo el ingreso. Existe la gente que evade y elude pagar sus impuestos. Evadir es hacer cosas indebidas para no pagar(como no dar factura). Eludir es usar técnicas válidas y legales, pero no éticas, donde se evita el pago (como hacer compañías de papel). Entonces, lo que esperamos recoger de las “cuotas” no se recoge. ¿Son las grandes compañías las que no pagan? Pues no, según las Controlaría, las compañías catalogadas como “grandes” pagan la renta y su pago corresponde a un 70% de lo que se recoge por ese concepto. Es decir, hay un montón de evasión y de elusión en compañías pequeñas y profesionales liberales, cosa que da de qué pensar.

Lo otro que afecta, es que con nuevos ingresos a la vida laboral, los trabajos han cambiado. Según Helio Fallas en un informe de hacienda presentado en el 2015, hubo cambios importantes en el tipo de trabajo. Ahora hay más empleo en el sector de servicios, que no tributa, y menos en los puestos que sí tributaban. Esto es, hay más gente trabajando donde no se cobra impuesto. Por último tenemos otro problema con los diferentes TLCs. Estos son acuerdos comerciales donde se negocia dejar de cobrar impuestos a ciertos productos con tal de que no nos cobren impuesto a nuestros productos. Eso implica que dejamos de recolectar impuestos por exoneración. A mediados de los 80, se recolectaban aranceles por un monto cercano al 3.5% del PIB, lo que ahora se recolecta apenas llega a un 0.6%. Ahora, si se elimina el arancel de importación, el producto es más barato, y al ser más barato, el impuesto de venta es menor. Claro, todo esto reduce la cantidad de ingresos y aumenta el déficit.

Todo lo anterior hace que la plata que se ocupa gastar es mucha más que la que se recibe, y cada año ese monto se incrementará. Así, pasó el gobierno de Chinchilla y no se pudo hacer mucho. De hecho, al final de ese gobierno, mucha gente se puso de acuerdo para hacer un plan que aliviara el problema, incluyendo a Ottón Solís, pero las bancadas del PAC y el FA bloquearon el proyecto, y aunque se aprobó en primer debate, se mandó a la SalaIV que se lo trajo abajo. Ese mismo año, el candidato Luis Guillermo Solís dijo que no había necesidad de planes ni nuevos impuestos, que todo era cuestión de reducir gasto y que trabajaría en eso durante los primeros dos años.

¿Qué pasó en esos primeros año? Hubo incrementos. Se elevó el aporte a las universidades (FES), y a pesar de que la inflación estaba muy baja, se dio un incremento de 4 % a los salarios. Ese aumento fue criticado por muchos y se temía que hubiera impacto en gasto, pero el gobierno no hizo caso y desdeñó esas recomendaciones. Luego, ya el gobierno vio la necesidad de poner impuestos, pero ahora los diputados le dijeron que lo aceptaría solo si rebajaba el gasto. Hasta el día de hoy los diputados siguen pidiendo al gobierno que baje el gasto.

Ahora, se da esta falta de liquidez. El gobierno dice que necesita más impuestos, pero los diputados no dan el brazo a torcer. El gobierno dice que sí hizo rebajos, y pone como ejemplo rebajos en pensiones de lujo, recorte en convenciones colectivas y algunos gastos varios. El problema es que los gastos varios son una nimiedad (es como deber cuatro millones de colones y que pida un descuento de 20 colones). Lo de las pensiones son solo unos 17 mil millones, igual muy poco. Y la parte del rebajo de convenciones colectivas, eso no afecta. ¿Recuerdan el MPU? Esa empresita que el administrador del condominio creó. Pues bueno, recortar las convenciones del BCR, Japdeva y Recope es como recortar el gasto de esa empresita, su dinero es aparte y no afecta el gasto de gobierno ni el déficit.

¿Está en realidad creciendo el gasto? Bueno, como se puede ver en el gráfico de Distribución de Gasto (tomado del boletín de Hacienda del Julio 2017), hay un crecimiento constante, y los que crecen son los salarios y las transferencias. En el cuadro de Crecimiento, se puede ver cómo crecen las remuneraciones, las transferencias corrientes y los intereses. Dice el boletín: «El gasto total del mes de Junio fue de ¢538.801,9 millones, presentando un aumento de 1,8% con respecto al mismo mes de 2016. El monto acumulado de gasto, enero – Junio 2017, es de ¢3.119.476,1 millones, mostrando una variación del 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior«. Es decir, de un año a otro subió casi un 10%, pero la inflación está por el suelo.

Pero ¿Se puede recortar? Un verdadero recorte debe venir de los lados que más peso tengan en el gasto. Como se puede ver en el cuadro de Estructuras de Gastos Totales, los dos rubros principales son las transferencias corrientes y los salarios. Revisemos cómo están compuestos.

El cuadro de remuneraciones por ministerio nos da una idea de que el que más salario devenga es el MEP (justamente, el MEP tiene una convención colectiva que sí afecta el gasto del gobierno, pero esa convención no se denunció, el gobierno decidió dejarla que se renovara automáticamente). El salario se compone de una base, cargas sociales y pluses. En el cuadro Remuneraciones Distribución Porcentual se ve que el salario base es apenas un 38 %, mientras que los pluses se comen un poquito menos de la mitad. Esos tienen un crecimiento más acelerado con pluses como las anualidades (que crecen año con año). Contener el gasto implicaría frenar esa escalada. Dice el boletín de Hacienda: «En el mes de Junio las Remuneraciones aumentaron 1,5% con respecto al realizado en el mismo mes, pero de 2016. Los intereses internos presentan un aumento de 24,5%, y los gastos de capital muestran un decrecimiento 40,2% explicado por la caída en las transferencias al sector público, privado y con recurso externo en dicho mes.»

 

Ahora, si nos vamos para el lado de las transferencias, tenemos otra repartición que es difícil recortar. Dice el boletín: «El monto acumulado de transferencias corrientes a Junio es de ¢1.213.580,7 millones y presenta un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo en el año anterior, de los cuales, ¢822.706,2 millones (67,8%) se destinaron al Sector Público, ¢368.627,5 millones (30,4%) al Sector Privado y ¢19.296,1 millones (1,6%) a transferencias con recurso externo. Entre las transferencias giradas al Sector Público destacan las destinadas al Fondo de Educación Superior por ¢257.686,2 millones, ¢100.565,2 millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; ¢30.593,1 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social, ¢125.987,9 millones a las Juntas Administrativas y de Educación y ¢203.284,3 a la Caja Costarricense de Seguro Social. De las giradas al sector privado, ¢322.927,4 millones se han destinado al pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, destaca además el pago de prestaciones legales y otras por ¢19.139,1 millones e indemnizaciones y reintegros por ¢10.976,5 millones«. O sea, más de 320 mil millones de lo que se lleva gastado a Junio se van a pensiones, lo que representa un 27 % del gasto total en este rubro. A las Universidades se va al 21 %, a la Caja un 17 % y a las juntas de educación un 10 %. Como podemos ver en el gráfico también del boletín, Pago de Pensiones Distribución Porcentual, vemos que el 78 % del monto de pensiones va para el magisterio.

¿Qué cosas puede manejar el gobierno? En particular, las partidas de bienes y servicios. Pero eso, como se ve en los cuadros de arriba, representa apenas un 2.5 % del gasto. Sin embargo, está creciendo. Dice el boletín: “A nivel acumulado (enero – Junio 2017), la partida de compra de bienes y servicios presenta un aumento del 17,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este rubro de gastos corrientes está compuesto por las partidas de “Servicios” y Materiales y Suministros, la primera presenta un crecimiento de 22,0% con respecto al mismo periodo, (enero – Junio 2016), y Materiales y Suministros, presenta un incremento de 0,1%. Además en esta partida se incluyen las comisiones y otros gastos los cuales aumentaron ¢1.455,7 millones. La subpartida que presenta un incremento es la de servicios básicos que aumentó 14,1% (¢1.377,5 millones); alquileres 17,0% (¢2.311,2 millones), Servicios de Gestión y Apoyo 11,8% (¢954,9 millones), Seguros 19,2% (¢1.858,9 millones) y otros servicios aumentó 45,1% (¢4.639,0 millones). En la subpartida de Servicios, destacan el crecimiento de los Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos, servicios básicos y otros servicios”. Como se podrá ver, hay un crecimiento importante, pero el efecto es muy bajo en el costo. Recortar ahí no va a eliminar el déficit.

¿Qué nos espera entonces? Esperar que el gobierno y los diputados se pongan de acuerdo para reducir gastos (recortando transferencias por ley, poniendo tope a anualidades. Ordenando salarios) y recuperando más impuestos (gravar servicios exonerados hasta ahora, mejorar el control cruzado, aprobar el IVA para mejor control). El dólar puede subir y también los intereses de préstamos, por eso es bueno ir amortizando y pasando los préstamos a la moneda del salario de uno.

Espero que esto haya aclarado el panorama.
ps. Agradecimientos a Edgar Valverde y Felipe Guevara por sus explicaciones en el tema sobre lo que se basa esta nota

Origen de términos Matrimonio y Familia

En los diferentes debates políticos, en particular con el tema del matrimonio homosexual, se han esgrimido varias excusas, una de ellas es el origen de la palabra matrimonio. Es la opinión de esta página que es saludable entender los términos, como Matrimonio y Familia, desde una perspectiva histórica y etimológica, para poder comprender por qué tiene la connotación actual, y para poder tomar una posición con respecto a su modificación en tiempos modernos. Así, abogando por la neutralidad en este debate, quisiera brindar los datos que he recabado sobre el tema, para que sirvan a las personas a entender la situación actual, eso sin buscar justificarla.

Comencemos por el término Matrimonio. En la etimología hay investigadores que tiran sus hipótesis y puede haber varias de estas. Una muy conocida es que viene del latín, la frase «matris muniun», donde matris es madre y muniun es cuidado, lo que parece indicar que en un matrimonio el hombre debe cuidar de la mujer que será madre justamente por ese hecho. Otra variación es «matreum muniens» que es explícita al indicar la obligación de cuido por parte del hombre para con la mujer potencialmente madre.

Ahora, también se dice que puede venir de mater, término latino venido del indoeuropeo (raíz de materia y madera), por lo que se presume que matrimonio significa algo así como «de una sola materia», que puede referir al concepto religioso de una sola carne, implicando complementariedad (hombre y mujer son dos mitades complementarias que se unen para formar «una sola carne», que es una descripción de la unión de células haploides que se funden para hacer un nuevo ser). Pero otros van más allá, viendo en el Nostráico (metalenguaje de cuando se dio la revolución agrícola y se inició el sedentarismo), nos encontramos que mater se descompone en MA que significa «mamar, alimentarse de pequeño» y TER que es un reforzamiento de la acción. Así, Mater significaría entonces alimentación del bebé, que al final alude de nuevo a la tarea de la madre del cuido del bebé y al matrimonio como institución de cuido de bebés.

Ahora, en latín, la unión de dos personas se conocía como «connubium». El término «matrimonium» se refería a las mujeres, no a la pareja, y era su estado jurídico de casada con maternidad legal (hijos dentro de la pareja legal). Es decir, se refiere a todos los derechos que obtiene una mujer casada y con potencial de procreación (que excluía la patria potestad de los hijos, a menos que tuviera 3, que se llama así por lo que explicaré más adelante). Matrimonia (plural), se refiere al conjunto de mujeres casadas. Por tanto, la realidad es que el término Matrimonio no es sinónimo de boda legal, sino de derechos de la mujer casada. Se complica, ¿cierto?

Patrimonio: Igualmente, es el conjunto de derechos jurídico del padre. Lo interesante es que en esas épocas el hombre era el dueño de todo: hijos y bienes, y por tanto el heredero. Por eso, el patrimonio se asocia más con bienes y se llama patria potestad a la tenencia de los hijos (o derecho sobre ellos).

Ahora, familia. El Derecho Romano instauró el matrimonio como un contrato de protección a las parejas (en realidad, a la mujer) para procrear familia, es decir tener y cuidar hijos. La mujer en matrimonio obtenía una serie de derechos, como el derecho a heredar y disfrutar de bienes del marido muerto, a ser mantenida y respetada por el marido y la familia de este, a la titularidad de bienes en matrimonio, a la independencia jurídica del varón (no ocupaba de un hombre para resolver asuntos jurídicos, si tenía al menos 3 hijos), y si tenía 3 hijos podría ejercer la patria potestad de ellos sin requerir de un hombre jurídicamente válido. ¿Cuál es la idea? El fortalecimiento de la pareja que tenía potencial de procrear y cuidar de los niños porque eso mantenía a la sociedad con suficientes individuos (que al final sumaban a fuerza productiva, ejército y esas cosas). Ergo, era una inversión. ¿Había otras «familias»? Imagino que sí, pero no tenían esa protección del estado porque no generaban beneficio.

¿Qué es familia? Se dice que viene de famulus, que es siervo o esclavo y se refiere a todos los esclavos y personas de las cuales el jefe es dueño (incluyendo esposa e hijos). También tiene su raíz en fames (hambre) y se refiere a todas las personas que se alimentan juntas, y el pater familias es el dueño pero obligado a alimentarlas. Así, la familia es un grupo con relación de cuido, basada en un vinculo contractual y filial (contrato de unión más hijo sí son producto de esta), y el matrimonio es visto como una alianza entre dos grupos (familias) para hacer una familia combinada más grande. El registro del estado familiar, que es el reconocimiento de ese vínculo por el estado, se remonta al último período de la edad media.

Esos son los datos. Así está la historia. Entonces, el concepto de familia como grupo no cosanguíneo se basa históricamente en un contrato de alianza entre grupos familiares y el estado da protección jurídica y registro con el fin de alentar diferentes funciones familiares como lo son la económica (que produzcan para su bienestar y por tanto para el de la sociedad), la educación de hijos y la procreación (para tener más mano de obra). Ese contrato se llama matrimonio. Claro está, en ese tiempo no se tenía ni idea de si la persona era estéril, así que el matrimonio se daba por el «potencial» de procreación.

Hay que notar que había un concepto de matrimonio del lado religioso, y que tiene que ver con la unión indisoluble de almas y el objetivo de procrear, y algunos historiadores establecen que ese concepto, por sus similitudes, era aceptado por el estado como el oficial hasta la revolución francesa, donde se fortalece el matrimonio como contrato jurídico y como tal se permite la disolución, divorcio, dejando sin validez para el estado el matrimonio religioso. Aquí tenemos ese concepto, el matrimonio es legal, contrato para legalizar la creación de familia no cosanguínea y el disfrute de los beneficios jurídicos pensados como inversión del estado para el desarrollo de la sociedad.

Como verán, el matrimonio y el concepto de familia tiene sentido dentro de una inversión del estado por mantener la reproducción, cuido de menores y microeconomía. A partir de ahí, se fundamente la discusión sobre la modernización de esos conceptos.

¿Qué es eso de la extinción de dominio?

Cuando alguien comete un delito, en este caso de narcotráfico, se procesa penalmente. En un proceso así, el estado reúne pruebas y acusa al supuesto delincuente. Este tiene el derecho de defenderse. Es el estado el que está obligado a presentar pruebas en contra del acusado.

En la lucha contra el narcotráfico, ha quedado claro que con encerrar a algunos malechores, no se logra terminar con el problema. El narcotráfico es como una empresa, quitándole sus «empleados» no necesariamente va a cerrar, contrata otros y ya. Pero, si se le quitan los bienes, entonces sí se golpea fuerte. Es por eso que cuando se acusa a alguien, si se logra probar que cometió un ilícito, se le pueden quitar ciertos bienen que se consideran mal habidos.

Hay dos tipos de bienes, los llamados «efectos» y las «ganancias». Los efectos son los bienes que se producidos por la conducta criminal (por ejemplo, dinero falso) y las ganancias es lo que se obtiene con el delito (por ejemplo, la casa que me compro con el dinero falso). Esos bienes son incautados, el primero para evitar que se siga cometiendo delito, y el segundo porque no es un bien patrimonial legal de la persona, sino un bien adquirido de mala manera y por tanto no es de propiedad del malhechor.

Ahí muy bien, el problema es que solo se pueden quitar bienes cuando a la persona se le comprueba el delito y se comprueba que esos bienes son efectos o ganancias del delito. Así, si un narcotraficante se compra un edificio, si no lo acusamos y comprobamos que el edificio fue comprado con dinero delictivo, no se lo podemos quitar.

Es entonces que nace la figura de la extinción de dominio. Entes internacionales le piden a los estados que consideren una acción llamada «Inversión de la carga de la prueba», que básicamente es invertir los papeles: no es el estado que tiene que probar que el edificio es ilícito, sino que es el acusado que tiene que probar que el edificio es lícito. Sin embargo, eso solo se puede si la legislación interna lo permite. En nuestra constitución se protegen ciertos derechos de las personas. Uno de ellos es la presunción de inocencia, que dice que soy inocente hasta que me prueben lo contrario. También se protegen el patrimonio de las personas y que no se puede penar a alguien sin pruebas.

La extinción de dominio es entonces un proceso en el cuál el estado le dice a usted que debe probar que sus bienes son legítimos y lícitos. Si usted no puede probarlo, su dominio sobre ese patrimonio se extingue y el estado puede confiscar sus bienes. Claro, si lo ponemos así, suena horrible, porque el estado podría llegar a cualquier lugar y usted tiene que tener todos los papeles en orden porque si no le quitan todo. Ese aún no lo tenemos, pero hay una ley en discusión llamado de extinción de dominio, que quiere dotar al estado de esa capacidad, claro está con algunos frenos.

La idea es que el estado pueda pedir esos papeles a gente que se considere maleante. El pero es que tenemos el ámbito penal, donde yo tengo que acusar a alguien, a quien presumo inocente, presentar la prueba y luego cuando se haya comprobado todo, quitarle los bienes. Para aligerar eso, la famosa ley primero dice que crea una jurisdicción aparte, es decir, no es penal, y por tanto no tiene que seguir toda esa cosas de acusar y pruebas y todo. Con esta nueva legislación, la persona no tiene que ser acusada, lo que se «acusa» es a los bienes. Luego, se da la inversión de la carga de la prueba, obligando a la persona (que «no está acusada») a presentar pruebas de que todo está en regla. Si no está en regla, se extingue el dominio, pero dice la ley que eso no es una penalidad para la persona, sino para los bienes, y que la persona no tenía derecho a esos bienes en primer lugar.

Pues bien, hay mucha gente que dice que con esta ley se pueden quitar los bienes a los narcos como nada y por eso es muy valiosa. Por otro lado hay muchos abogados que dicen que eso viola montones de cosas. Por ejemplo, el cuento de que quitarle los bienes a alguien porque no pudo probarlos lícitos no es una penalidad para la persona, o que la persona no está siendo acusada, cuando se le dice que debe probar que sus bienes no son ilícitos. Los abogados dicen que por más que la ley lo diga, la actuación la hace materia penal y por ende no se puede invertir la carga de la prueba.

¿Qué hacer? Parece que la ley deja portillos gigantescos para que el gobierno se le pase la mano y crea inseguridad jurídica sobre los bienes de las personas, pero si no se aprueba no se puede hacer una lucha contra el narcotráfico. Otra idea podría ser que en lugar de crear una jurisdicción aparte de la penal, sino mejorar el comiso penal (quitado de bienes). Por ejemplo, permitir quitar los bienes que se ganan con el ilícito, y todos sus derivados. Si no se pueden quitar los bienes (digamos que se traspasaron a un tercero y el estado no puede quitárselo), entonces se le quitan otros bienes que tengan un valor similar, etc.

La discusión está abierta

El enredo de los pensionados del magisterio.

Veamos:

1. El magisterio nacional tenía una sistema de pensiones insostenible, no había fondo y la plata casi que salía del estado. En los 90 llegó donde no se podía más y se reformó. Ese régimen se llama transitorio de reparto (RTR), y es transitorio porque ya nadie puede entrar a él (conforme se muere la gente se hace pequeño hasta que desaparece). Se creó entonces el régimen de capitalización colectiva, que funciona parecido al IVM, donde la gente pone la plata y es de todos. Todos los docentes luego del 92 caen ahí.

2. En ese entonces, el costo del régimen era alto (mínimo 8.5%), por lo que se dio la opción a la gente de pasarse al IVM (3.5%). Mucha gente se pasó (no estoy seguro, pero en ese momento entendí que si me pasaba se pasaba el número de cuotas, pero la plata pagada de más no me la devolvían).

3. La gente que se pasó, luego se arrepintió y querían pasarse de nuevo, pero ahora el régimen está cerrado. JUPEMA mandó un proyecto de ley (17561), que permite que los educadores que estaban en ese régimen, regresen a él. Como se debía pagar 8.5% y con el IVM pagaban el 3.5%, el educador que quiera pasarse debe pagar ese 5% durante los 20 años que han estado en IVM. El IVM debe devolver la plata de todas esas cuotas al RTR (se estima 52 mil millones). Claro, como ese régimen no tiene fondo para pagar pensiones, el estado debe pagarlas de su bolsillo. El estado estima que el máximo de personas que se puede pasar son unas 6000 y eso equivale a 30 mil millones de colones anuales. Es decir, eso impacta al IVM porque lo deja con menos plata (ahora que va a subir el 1% porque no le alcanza) y al presupuesto nacional.

4. Sin embargo, JUPEMA, para convencer a los diputados, les puso unos números no tan alarmantes. Ellos dicen

a. Que la Caja ya no tendrá que pagar esas pensiones, sino hacienda, y por eso la Caja más bien recibe un respiro.

b. Como cada persona que se pase debe pagar ese 5% que no pagó, debe desembolsar entre 6 y 9 millones de colones al magisterio. Según sus cuentas, con esa plata pueden pagar pensiones unos 5 años, y durante ese tiempo el estado no tiene que pagar nada.

c. Dicen que muchos de esos educadores, entre 55 y 66 años, siguen recibiendo salario aunque no estén dando clases (se encuentran incapacitados o reubicados). En algunos casos, se está pagando tres salarios en un mismo puesto, por la persona que realmente trabaja y otros que tienen el puesto pero no ejercen por estar reubicados. Si se pensionan, dejan libre el puesto y pueden reemplazarse con educadores jóvenes.

d. No son 6000, son 3842 personas las que realmente les sirve pasarse, por la edad de ingreso y por los años de servicio. De esos, 2300 no volverían al RTR sino al de capitalización, por haber entrado luego del 1992. El de capitalización es un régimen como el de IVM, tiene fondo y el estado no debería poner nada porque es administrado por la Junta.

e. Entonces, solo 1542 personas podrían realmente pasarse, y de esas no todas tendrán los millones para devolverse, por tanto el costo sería mínimo mientras que la Caja se libra de pagar esas pensiones.

Todos esos datos están en el proyecto de ley. Entonces, los diputados tienen un proyecto que dice que tiene beneficio para la caja porque le quita pago de pensiones, que el impacto a hacienda es mínimo, que mejora la pensión de varias personas que tenían un régimen de mayor beneficio y lo perdieron. Dicen los 10 diputados que votaron que por eso lo hicieron. Ahora que hacienda saca esos números terribles, los diputados (al menos los del PUSC), están echando para atrás y revisando con cuidado los números.

¿A quién le creemos?