De Tributos y Exoneraciones

Don Fernando Rodríguez Garro, Economista, ex-viceministro de Hacienda y consultor en temas fiscales, ha explicado en el programa de Amelia Rueda y en Delfino.cr , un análisis sobre las exoneraciones y tributos, en respuesta a las acusaciones hechas en contra de doña Edna Camacho, actual coordinadora del equipo económico del gobierno. Don Fernando explica de forma sencilla el problema técnico de las exoneraciones, pero su discurso, aceptado en el programa de Amelia como en contra de la exoneración que se discute en el caso de doña Edna, a mi parecer tiene algunos problemas argumentales. No soy economista como él, por tanto mis apreciaciones en este artículo pueden estar muy equivocadas, pero las comparto para refutar varias cosas que él dice y que parecen que necesitan más profundidad y esclarecimiento.

Comencemos por explicar un poco la economía. Si todos guardamos el dinero bajo el colchón, sin gastar, siempre tendremos la misma cantidad pero moriremos de hambre y nuestra riqueza nunca cambiará. Tendríamos una economía totalmente paralizada. Una economía sana se da cuando las personas usan su riqueza para adquirir productos y servicios. Con la venta de los mismos, las compañías que los ofrecen obtienen ingresos, que a su vez se utilizan para pagar por el trabajo de las personas. La parte que no se usa en esos pagos, es ganancia, y se usa para comprar otras cosas. El dinero que se paga a los trabajadores, ellos lo usan para comprar también otras cosas. Así, el asunto es una cadena de compras y ganancias que mantienen el dinero circulando y generando bienestar para todos. Todo llega por un balance de ingreso y egreso que debe mantenerse constante, cualquier disrupción puede causar problemas en el andar de la economía.

Ahora, el tributo. Para que la sociedad esté bien, el gobierno debe llevar a cabo una serie de funciones, dentro de las cuales está mantener la economía libre de trabas y a la vez controlada. Para eso, el estado necesita dinero, y como no tiene generación de ingresos (con excepción de las entidades autónomas), debe tomar ese dinero de las personas (físicas y jurídicas). El problema es que quitarle dinero a los actores de la economía, la afecta. Eso es irremediable. Quitarle a la gente reduce su poder adquisitivo, que redunda en menos bienes adquiridos. Menos cosas vendidas implica menos ganancias, menos dinero para invertir, reducción de costos y calidad, reducción de precios y al final reducción de salarios y desempleo. Aquí tenemos nuestra primera discrepancia con don Fernando. Lo primordial en un tributo no es la simplicidad, porque eso es básicamente un efecto administrativo, sino su impacto en la economía. Cualquier impuesto tiene sus efectos y hay que calcular estos efectos y sus ramificaciones. Podemos ver más ejemplos más adelante. Lo principal ahora es entender que cualquier impuesto implica una afectación económica que debe ser balanceada. Aquí entramos en otra discrepancia.

Revisemos esta frase: “Estos impuestos los usan para pagar esas pensiones millonarias, de lujo, que son inmorales”. Para los que no lo noten, esa frase lo que está es demonizando el tributo, y lo hace al ligar el pago de este con una “injusticia” que es el pago de pensiones de lujo. De forma similar, don Fernando intenta demonizar la exoneración ligándola a evitar darle becas a los estudiantes pobres. Así no son las cosas. Una exoneración es cuando hay un regla que aplica a todos, menos a unos cuantos, que se exoneran de seguirla. Así, una exoneración es, por ejemplo, cuando todos pagan impuesto al combustible menos los pescadores. La exoneración también es un instrumento utilizado por la administración para hacer leyes por excepción. Por ejemplo, la renta es un cobro que se hace sobre las ganancias. Como hay muchísimos tipos de ganancias, en lugar de hacer una ley que indique uno por uno los que son gravados, se hace una ley que dice que todos los son, menos estas excepciones. Por otro lado, un impuesto no es para bien social, es para pagar las obligaciones que tiene el estado y hacerlo funcionar, y que todas estas acciones mantengan el bienestar de la sociedad. Por eso, el análisis de don Fernando solo se puede dar en casos muy especiales de impuestos específicos, donde la no obtención del tributo pueda ligarse a casos de impacto social directo.

Una exoneración es entonces la eliminación de la obligación que tiene alguien para tributar. ¿Cuándo se da? Usualmente se realiza para lograr balance horizontal y vertical. Aquí tenemos otra discrepancia: un balance no implica que todos paguen igual. ¿Recuerdan que mencionamos que el impuesto afecta la economía? En particular, afecta a la persona que tributa en términos económicos, lo que tiene efectos directos e indirectos. Siendo así, lo importante al definir los impuestos no es que todos paguen igual, sino que la afectación por el impuesto afecte de forma parecida a todos los actores. Por ejemplo, dos empresas, una gigante y una pyme, no compiten con las mismas oportunidades. La gigante posiblemente tenga ya mercado y economías de escala que le permite manejar mejor sus precios y por ende la demanda, mientras que la PYME no. Aplicar el mismo pago para las dos puede no afectar a la gigante, pero sí a la PYME, restando aún más su poder de competencia. En ese caso, una exoneración para la PYME puede mantener su competencia y a la vez no afectará la de grandes arcas. Eso mismo se aplica en el balance vertical, por ejemplo de la renta sobre el salario. Hay un escalón que está exento, y de ahí para arriba hay varios escalones con exenciones parciales. ¿Es esto un privilegio? ¿Se busca que quien gane más pague más? Para nada, esa es una forma romántica de verlo. La realidad es que gravar los salarios bajos los impacta, lo que reduce las compras, lo que frena la economía, ¿recuerdan?. Así que las exoneraciones no deben pensarse ni como privilegios ni como ayudas sociales, son balanceadores del impacto en la economía. Veamos otro ejemplo.

La economía ha cambiado mucho. Antes exportábamos bienes y eso traía dólares al país. La entrada de divisas es buena para nosotros. Actualmente, la producción de bienes ha dado espacio para la prestación de servicios, nuestra economía ha cambiado hacia los bienes intangibles. Hay en este momento varias empresas que son contratadas en el extranjero para realizar servicios localmente, servicios que serán consumidos en el extranjero de hecho. Ese tipo de ganancias no se gravan porque están en el exterior. El plan de renta mundial intenta cobrar impuesto por esos dineros. Para eso, cuando el dinero sea traído al país, se aplicará un porcentaje de impuestos. Uno diría: ¡qué bien! Esa gente que gana plata y no ayuda al gobierno. Pues bien, resulta que si se cobra impuesto por el dinero importado, muy probablemente estas empresas no quieran traerlo al país. Si tienen que hacerlo para pagar salarios que a su vez pagan impuesto (las cargas sociales son en la práctica un impuesto), intentarán pagar más bajo o de plano contratar recurso del exterior. Eso implica que las divisas que entraban como importación ya no entrará, y que posiblemente no se contrate gente local.

En el ejemplo anterior, alguien dirá: ¿qué pasa con el monto que no se cobra por impuesto si se exonera? El país necesita de esa plata. La respuesta es sencilla: si entran esas divisas y se crea empleo, las transacciones se incrementarían, y tenemos impuesto de ventas que ahora sería IVA. Si esa exención se da para esas empresas, su aporte a la economía podría influir en más consumo, que implica mayor recaudación. Tenemos que tener esto muy claro: el dinero no aparece de la nada. Para que el gobierno pueda tener buenos ingresos, es necesario que los contribuyentes obtengan buen dinero porque si no, no podría pagar nada.

Pero mucho de otros ejemplos. Cuando se definen impuestos, el monto gravado muchas veces puede depender de criterios como la pasividad del tributante o la frecuencia de dicha ganancia. No es lo mismo un único impuesto al año, o cuando se da una efeméride, que un impuesto cada vez que como arroz. Por tanto, no puede ser lo mismo un impuesto al salario, que viene cada mes, que un impuesto para cuando gano la lotería, aunque ambos sean por renta. Como bien lo explica don Fernando, en el caso de la exoneración de bolsa que hablamos, se trata de una exoneración por ganancia de capital. Cuando uno pone plata en la bolsa, esa plata le paga a uno intereses. Los intereses están gravados, la bolsa no me paga todo lo que me gané sino que me quita un pedazo para dárselo al gobierno. Sin embargo, si compro un título que sé vencerá en un par de años, y lo vendo a un valor superior al nominal, me gano una platilla. Esa platilla es una ganancia de capital y esa es la plata que estaría exenta. ¿Qué frecuencia tiene eso? El mismo don Fernando dice eso casi no se da, porque los títulos se mantienen y se cobran cuando se vencen. El mercado especulativo no es muy movido que parece. Por otro lado, ¡no hay impuestos a las ganancias de capital! Según entiendo, las únicas que se gravan son las obtenidas por la venta de activos depreciables, o las obtenidas por fondos de inversión. De hecho, el nuevo proyecto incluye un capítulo entero para esto. Lo que pasaría entonces es que se comenzarán a gravar ganancias de capital, como cuando usted vende una casa. Las personas que se ganan la vida vendiendo casas, tendrán que pagar renta. Así, la exoneración de la que hablamos será para las personas que trancen en bolsa y vendan títulos en el mercado especulativo, que según nos cuenta don Fernando, no es muy activo (no hablamos de las grandes bolsas gringas). Así, podemos suponer que la cantidad de dinero que “NO” se estaría captando es mínima, comparada con el impuesto a otras ganancias de capital como los bienes raíces (la gente que compra un lote en jacó por 50 millones y se lo vende a los inversionistas italianos en 500 millones, esos 450 millones de ganancias pagarían impuesto). Si queremos comparar la exoneración, no lo hacemos con el asalariado (esa es otra liga y otro tipo de renta), sino con estos negocios. Por ende, las comparaciones esgrimidas y las justificaciones para no exonerar, no tienen sentido lógico para mí.

Puede que esté equivocado, pero esto es lo que entiendo. Bienvenidas sean las correcciones.

La Trampa de Pluralismo.

La declaración del pluralismo cultural y religioso no es más que la constatación de una realidad nacional: tenemos diferentes etnias, culturas y cultos religiosos. La idea de dicha declaración es dejar claro que todas ellas son bienvenidas y que habrá espacio para que todas puedan expresarse sin temor a la intolerancia y el odio.

Pues bien, ese concepto loable tiene un pero: dependiendo de la interpretación, el pluralismo puede llegar a ser algo de lo que él mismo quiere defender. Pero veamos primero que significa:

1. Toda persona tiene derecho a tener una cultura y tener creencias religiosas, y a expresar cualquiera de ellas sin temor a represalias no intolerancia.

2. El gobierno abrirá espacio para todas esas expresiones

3. El estado velará por el respeto hacia esas expresiones y también por el derecho que tienen las personas de expresarlas.

4. El estado no dará trato preferencial a ninguna de estas expresiones.

Ahora bien, hay un concepto extraído de la intolerancia que usualmente permea esta concepción pluralista. La idea es que todas estas expresiones convivan en un mismo territorio. Sin embargo, en grupos intolerantes, la expresión de alguna cultura o religión puede llegar a ser ofensiva y molesta. El estado, en ese caso, debe intervenir para que la expresión no sea bloqueada o prohibida, es decir, debe estar en contra de la intolerancia. Sin embargo, esa noción de “ofensividad” de la expresión, más bien convierte el pluralismo en algo que ataca lo que quiere promover. Ante este concepto, el estado comienza a bloquear y censurar las expresiones bajo la premisa de que ofenden a otros. Esto lleva a un estado no inclusivo sino represivo, donde se da la censura previa y se impone reglas sobre lo que se puede decir y dónde se puede decir. Esto viola los derechos humanos de culto y libertad de expresión.

Veamos a ver si lo dejo claro: el estado, digamos que en un sitio público, si es pluralista, debe permitir que diferente culturas y cultos religiosos puedan expresarse. Si en nombre de la pluralidad, el estado bloquea toda expresión cultural o religiosa en sitios públicos, está más bien tomando una posición en contra de la expresión, en contra de la libertad, en contra del derecho al culto o cultura, y se convierte en totalitarista.

¿Se da eso? Ciertamente. Veamos algunos casos:

1. En Virginia, Marylan, el Monumento a La Paz, que tiene más de cien años, y es conmemorativo de 49 soldados de la primera guerra mundial, ha sido declarado inconstitucional porque involucra al gobierno con la religión. Esto se da porque un grupo activista ateo presentó una demanda contra ese monumento. Aún está en apelaciones, pero si eso queda firme, es probable que otros monumentos también sean eliminados, como la cruz en el desierto de Mojave, la estatua de Jesús de Big Mountain, o el monumento a los Diez Mandamientos de Oklahoma. 

2. En Ploërmel, un pueblito de la región de la Bretaña Francesa, instalaron una estatua en honor a Juan Pablo II. Sobre ella hay una cruz. Pues el Consejo de Estado Francés ha declarado que esa cruz sea eliminada por infringir la ley de 1905 separación de la Iglesia y el estado, que prohibe “exhibición ostentatoria de signos religiosos”. El alcalde de Ploërmel y el gobierno de Polonia seguramente irán a la corte de derechos humanos europea. Todo esto inició con una demanda de un grupo secularista.

3. La Cruz Roja de Bélgica ha decidido eliminar los crucifijos de las paredes de sus centros. Dice que es porque se debe “reivindicar el secularismo”.

4. En el 2015 el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ordenó eliminar toda las referencia cristianas del cementerio de la localidad. Esto implica eliminar todas las cruces del cementerio, clausurar las capillas y convertirlas en salas de ceremonia, tapas los vitrales, eliminar las imágenes, etc. En febrero de este año, Ribó prohibió una de las tradiciones de Valencia, el toque de las campanas de la Iglesia de San Nicolás, parte de las fiestas de las Fallas, alegando que molestaban a uno de sus copartidarios. También se eliminaron todos los pasitos en sitios públicos y se prohibió hacer mención de la palabra “navidad”.

Así, en muchos lugares, se eliminan tradiciones y expresiones de una parte (mayoritaria) de la población con el pretexto de que la otra parte sufre. Lo que debería pasar es que se abran opciones de expresión a otras culturas y cultos.

Explicando el problema fiscal

Dada la discusión que ha despertado el gobierno con su problema de liquidez, es menester explicar un poco cómo está el asunto. Comencemos con una analogía.

El gobierno es como un administrador de un condominio. Es encargado del mantenimiento de todo el condominio (menos las casas por dentro). Para eso, el administrador cobra una cuota a todos los dueños. También contrata a algunos de los dueños para que hagan trabajos, como pintar las bancas, cortar el zacate en zonas verdes o limpiar la piscina.

Este administrador también se dio cuenta de que la gente ocupa arreglos dentro de su casa. Es por eso que decidió crear una empresita dentro del condominio, Mantenimiento Para Usted (MPU). La MPU es una empresita que tiene su dinero aparte del dinero del condominio y que puede cobrar a los dueños por sus servicios.

Pues bien, el administrador tiene en el banco, a nombre del condominio, una cantidad de plata. Cada año, hace un presupuesto de lo que le costará darle mantenimiento a todas las cosas. Presenta ese presupuesto a un grupo de dueños que es un comité que tiene que aprobárselo. Una vez aprobado, el administrador debe usar la cuota para poder pagar por todas las cosas de ese presupuesto. Pero tiene algunos problemas.

Resulta que a veces hay dueños que se esconden o hacen triquiñuelas para no pagar la cuota. Entonces, la plata no alcanza para todos los arreglos. El administrador entonces pide prestado para hacer los arreglos, sea a los mismos dueños o a bancos externos. El administrador también, cuando tiene algo de plata, la pone en el banco para que gane intereses. Eso lo hace con bonos, que tienen un vencimiento. Así, esa plata le genera intereses, pero no la puede tocar hasta que se venza el bono.

Cuando termina el año, el administrador se da cuenta que gastó más de lo que recibió. Posiblemente tuvo que pedir prestado o se comió parte de la plata que tenía en el banco. Lo que pasa ahora con el gobierno es que a medio año tiene que pagar algunas cosas y no tiene plata para hacerlo. Los inquilinos pagarán su cuota del otro mes, pero todavía falta. También puede que haya plata puesta en bonos, pero el administrador no puede tocarla hasta que venza. El administrador trata de vender bonos, pero la gente no le tiene confianza y no compra. Ese es el estado en el que estamos.

Ahora, ¿Por qué estamos así? Bueno, esa diferencia entre lo que se recibe y lo que se gasta se llama déficit. Hace muchos años más bien teníamos lo contrario, superavit, pero por diferentes problemas se comenzó a gastar de más. Hubo una crisis mundial en el gobierno de Oscar Arias que amenazó con dejar con hambre a mucha gente, así que se hicieron cambios, como contratar mucha gente por parte del gobierno, para evitar el desastre. Con eso se logró soportar la crisis, pero generó un problema: ahora había mucha gente contratada, más de lo que se ocupaba. También, se hicieron muchas leyes que daban dinero a ciertas instituciones pero sin un sustento de dónde sacar la plata. También hay que pagar pensiones en algunos regímenes como el Magisterio, y con el incremento de personas pensionadas (mejora la expectativa de vida) ese monto crece.  Encima de eso, para poder pagar lo que hacía falta, se sacaron préstamos y ahora tenemos que pagar intereses, cada año más caros. Es decir, creció el gasto.

Pero no solo fue eso, también se redujo el ingreso. Existe la gente que evade y elude pagar sus impuestos. Evadir es hacer cosas indebidas para no pagar(como no dar factura). Eludir es usar técnicas válidas y legales, pero no éticas, donde se evita el pago (como hacer compañías de papel). Entonces, lo que esperamos recoger de las “cuotas” no se recoge. ¿Son las grandes compañías las que no pagan? Pues no, según las Controlaría, las compañías catalogadas como “grandes” pagan la renta y su pago corresponde a un 70% de lo que se recoge por ese concepto. Es decir, hay un montón de evasión y de elusión en compañías pequeñas y profesionales liberales, cosa que da de qué pensar.

Lo otro que afecta, es que con nuevos ingresos a la vida laboral, los trabajos han cambiado. Según Helio Fallas en un informe de hacienda presentado en el 2015, hubo cambios importantes en el tipo de trabajo. Ahora hay más empleo en el sector de servicios, que no tributa, y menos en los puestos que sí tributaban. Esto es, hay más gente trabajando donde no se cobra impuesto. Por último tenemos otro problema con los diferentes TLCs. Estos son acuerdos comerciales donde se negocia dejar de cobrar impuestos a ciertos productos con tal de que no nos cobren impuesto a nuestros productos. Eso implica que dejamos de recolectar impuestos por exoneración. A mediados de los 80, se recolectaban aranceles por un monto cercano al 3.5% del PIB, lo que ahora se recolecta apenas llega a un 0.6%. Ahora, si se elimina el arancel de importación, el producto es más barato, y al ser más barato, el impuesto de venta es menor. Claro, todo esto reduce la cantidad de ingresos y aumenta el déficit.

Todo lo anterior hace que la plata que se ocupa gastar es mucha más que la que se recibe, y cada año ese monto se incrementará. Así, pasó el gobierno de Chinchilla y no se pudo hacer mucho. De hecho, al final de ese gobierno, mucha gente se puso de acuerdo para hacer un plan que aliviara el problema, incluyendo a Ottón Solís, pero las bancadas del PAC y el FA bloquearon el proyecto, y aunque se aprobó en primer debate, se mandó a la SalaIV que se lo trajo abajo. Ese mismo año, el candidato Luis Guillermo Solís dijo que no había necesidad de planes ni nuevos impuestos, que todo era cuestión de reducir gasto y que trabajaría en eso durante los primeros dos años.

¿Qué pasó en esos primeros año? Hubo incrementos. Se elevó el aporte a las universidades (FES), y a pesar de que la inflación estaba muy baja, se dio un incremento de 4 % a los salarios. Ese aumento fue criticado por muchos y se temía que hubiera impacto en gasto, pero el gobierno no hizo caso y desdeñó esas recomendaciones. Luego, ya el gobierno vio la necesidad de poner impuestos, pero ahora los diputados le dijeron que lo aceptaría solo si rebajaba el gasto. Hasta el día de hoy los diputados siguen pidiendo al gobierno que baje el gasto.

Ahora, se da esta falta de liquidez. El gobierno dice que necesita más impuestos, pero los diputados no dan el brazo a torcer. El gobierno dice que sí hizo rebajos, y pone como ejemplo rebajos en pensiones de lujo, recorte en convenciones colectivas y algunos gastos varios. El problema es que los gastos varios son una nimiedad (es como deber cuatro millones de colones y que pida un descuento de 20 colones). Lo de las pensiones son solo unos 17 mil millones, igual muy poco. Y la parte del rebajo de convenciones colectivas, eso no afecta. ¿Recuerdan el MPU? Esa empresita que el administrador del condominio creó. Pues bueno, recortar las convenciones del BCR, Japdeva y Recope es como recortar el gasto de esa empresita, su dinero es aparte y no afecta el gasto de gobierno ni el déficit.

¿Está en realidad creciendo el gasto? Bueno, como se puede ver en el gráfico de Distribución de Gasto (tomado del boletín de Hacienda del Julio 2017), hay un crecimiento constante, y los que crecen son los salarios y las transferencias. En el cuadro de Crecimiento, se puede ver cómo crecen las remuneraciones, las transferencias corrientes y los intereses. Dice el boletín: “El gasto total del mes de Junio fue de ¢538.801,9 millones, presentando un aumento de 1,8% con respecto al mismo mes de 2016. El monto acumulado de gasto, enero – Junio 2017, es de ¢3.119.476,1 millones, mostrando una variación del 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior“. Es decir, de un año a otro subió casi un 10%, pero la inflación está por el suelo.

Pero ¿Se puede recortar? Un verdadero recorte debe venir de los lados que más peso tengan en el gasto. Como se puede ver en el cuadro de Estructuras de Gastos Totales, los dos rubros principales son las transferencias corrientes y los salarios. Revisemos cómo están compuestos.

El cuadro de remuneraciones por ministerio nos da una idea de que el que más salario devenga es el MEP (justamente, el MEP tiene una convención colectiva que sí afecta el gasto del gobierno, pero esa convención no se denunció, el gobierno decidió dejarla que se renovara automáticamente). El salario se compone de una base, cargas sociales y pluses. En el cuadro Remuneraciones Distribución Porcentual se ve que el salario base es apenas un 38 %, mientras que los pluses se comen un poquito menos de la mitad. Esos tienen un crecimiento más acelerado con pluses como las anualidades (que crecen año con año). Contener el gasto implicaría frenar esa escalada. Dice el boletín de Hacienda: “En el mes de Junio las Remuneraciones aumentaron 1,5% con respecto al realizado en el mismo mes, pero de 2016. Los intereses internos presentan un aumento de 24,5%, y los gastos de capital muestran un decrecimiento 40,2% explicado por la caída en las transferencias al sector público, privado y con recurso externo en dicho mes.”

 

Ahora, si nos vamos para el lado de las transferencias, tenemos otra repartición que es difícil recortar. Dice el boletín: “El monto acumulado de transferencias corrientes a Junio es de ¢1.213.580,7 millones y presenta un incremento del 8,3% con respecto al mismo periodo en el año anterior, de los cuales, ¢822.706,2 millones (67,8%) se destinaron al Sector Público, ¢368.627,5 millones (30,4%) al Sector Privado y ¢19.296,1 millones (1,6%) a transferencias con recurso externo. Entre las transferencias giradas al Sector Público destacan las destinadas al Fondo de Educación Superior por ¢257.686,2 millones, ¢100.565,2 millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; ¢30.593,1 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social, ¢125.987,9 millones a las Juntas Administrativas y de Educación y ¢203.284,3 a la Caja Costarricense de Seguro Social. De las giradas al sector privado, ¢322.927,4 millones se han destinado al pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, destaca además el pago de prestaciones legales y otras por ¢19.139,1 millones e indemnizaciones y reintegros por ¢10.976,5 millones“. O sea, más de 320 mil millones de lo que se lleva gastado a Junio se van a pensiones, lo que representa un 27 % del gasto total en este rubro. A las Universidades se va al 21 %, a la Caja un 17 % y a las juntas de educación un 10 %. Como podemos ver en el gráfico también del boletín, Pago de Pensiones Distribución Porcentual, vemos que el 78 % del monto de pensiones va para el magisterio.

¿Qué cosas puede manejar el gobierno? En particular, las partidas de bienes y servicios. Pero eso, como se ve en los cuadros de arriba, representa apenas un 2.5 % del gasto. Sin embargo, está creciendo. Dice el boletín: “A nivel acumulado (enero – Junio 2017), la partida de compra de bienes y servicios presenta un aumento del 17,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este rubro de gastos corrientes está compuesto por las partidas de “Servicios” y Materiales y Suministros, la primera presenta un crecimiento de 22,0% con respecto al mismo periodo, (enero – Junio 2016), y Materiales y Suministros, presenta un incremento de 0,1%. Además en esta partida se incluyen las comisiones y otros gastos los cuales aumentaron ¢1.455,7 millones. La subpartida que presenta un incremento es la de servicios básicos que aumentó 14,1% (¢1.377,5 millones); alquileres 17,0% (¢2.311,2 millones), Servicios de Gestión y Apoyo 11,8% (¢954,9 millones), Seguros 19,2% (¢1.858,9 millones) y otros servicios aumentó 45,1% (¢4.639,0 millones). En la subpartida de Servicios, destacan el crecimiento de los Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos, servicios básicos y otros servicios”. Como se podrá ver, hay un crecimiento importante, pero el efecto es muy bajo en el costo. Recortar ahí no va a eliminar el déficit.

¿Qué nos espera entonces? Esperar que el gobierno y los diputados se pongan de acuerdo para reducir gastos (recortando transferencias por ley, poniendo tope a anualidades. Ordenando salarios) y recuperando más impuestos (gravar servicios exonerados hasta ahora, mejorar el control cruzado, aprobar el IVA para mejor control). El dólar puede subir y también los intereses de préstamos, por eso es bueno ir amortizando y pasando los préstamos a la moneda del salario de uno.

Espero que esto haya aclarado el panorama.
ps. Agradecimientos a Edgar Valverde y Felipe Guevara por sus explicaciones en el tema sobre lo que se basa esta nota

Origen de términos Matrimonio y Familia

En los diferentes debates políticos, en particular con el tema del matrimonio homosexual, se han esgrimido varias excusas, una de ellas es el origen de la palabra matrimonio. Es la opinión de esta página que es saludable entender los términos, como Matrimonio y Familia, desde una perspectiva histórica y etimológica, para poder comprender por qué tiene la connotación actual, y para poder tomar una posición con respecto a su modificación en tiempos modernos. Así, abogando por la neutralidad en este debate, quisiera brindar los datos que he recabado sobre el tema, para que sirvan a las personas a entender la situación actual, eso sin buscar justificarla.

Comencemos por el término Matrimonio. En la etimología hay investigadores que tiran sus hipótesis y puede haber varias de estas. Una muy conocida es que viene del latín, la frase “matris muniun”, donde matris es madre y muniun es cuidado, lo que parece indicar que en un matrimonio el hombre debe cuidar de la mujer que será madre justamente por ese hecho. Otra variación es “matreum muniens” que es explícita al indicar la obligación de cuido por parte del hombre para con la mujer potencialmente madre.

Ahora, también se dice que puede venir de mater, término latino venido del indoeuropeo (raíz de materia y madera), por lo que se presume que matrimonio significa algo así como “de una sola materia”, que puede referir al concepto religioso de una sola carne, implicando complementariedad (hombre y mujer son dos mitades complementarias que se unen para formar “una sola carne”, que es una descripción de la unión de células haploides que se funden para hacer un nuevo ser). Pero otros van más allá, viendo en el Nostráico (metalenguaje de cuando se dio la revolución agrícola y se inició el sedentarismo), nos encontramos que mater se descompone en MA que significa “mamar, alimentarse de pequeño” y TER que es un reforzamiento de la acción. Así, Mater significaría entonces alimentación del bebé, que al final alude de nuevo a la tarea de la madre del cuido del bebé y al matrimonio como institución de cuido de bebés.

Ahora, en latín, la unión de dos personas se conocía como “connubium”. El término “matrimonium” se refería a las mujeres, no a la pareja, y era su estado jurídico de casada con maternidad legal (hijos dentro de la pareja legal). Es decir, se refiere a todos los derechos que obtiene una mujer casada y con potencial de procreación (que excluía la patria potestad de los hijos, a menos que tuviera 3, que se llama así por lo que explicaré más adelante). Matrimonia (plural), se refiere al conjunto de mujeres casadas. Por tanto, la realidad es que el término Matrimonio no es sinónimo de boda legal, sino de derechos de la mujer casada. Se complica, ¿cierto?

Patrimonio: Igualmente, es el conjunto de derechos jurídico del padre. Lo interesante es que en esas épocas el hombre era el dueño de todo: hijos y bienes, y por tanto el heredero. Por eso, el patrimonio se asocia más con bienes y se llama patria potestad a la tenencia de los hijos (o derecho sobre ellos).

Ahora, familia. El Derecho Romano instauró el matrimonio como un contrato de protección a las parejas (en realidad, a la mujer) para procrear familia, es decir tener y cuidar hijos. La mujer en matrimonio obtenía una serie de derechos, como el derecho a heredar y disfrutar de bienes del marido muerto, a ser mantenida y respetada por el marido y la familia de este, a la titularidad de bienes en matrimonio, a la independencia jurídica del varón (no ocupaba de un hombre para resolver asuntos jurídicos, si tenía al menos 3 hijos), y si tenía 3 hijos podría ejercer la patria potestad de ellos sin requerir de un hombre jurídicamente válido. ¿Cuál es la idea? El fortalecimiento de la pareja que tenía potencial de procrear y cuidar de los niños porque eso mantenía a la sociedad con suficientes individuos (que al final sumaban a fuerza productiva, ejército y esas cosas). Ergo, era una inversión. ¿Había otras “familias”? Imagino que sí, pero no tenían esa protección del estado porque no generaban beneficio.

¿Qué es familia? Se dice que viene de famulus, que es siervo o esclavo y se refiere a todos los esclavos y personas de las cuales el jefe es dueño (incluyendo esposa e hijos). También tiene su raíz en fames (hambre) y se refiere a todas las personas que se alimentan juntas, y el pater familias es el dueño pero obligado a alimentarlas. Así, la familia es un grupo con relación de cuido, basada en un vinculo contractual y filial (contrato de unión más hijo sí son producto de esta), y el matrimonio es visto como una alianza entre dos grupos (familias) para hacer una familia combinada más grande. El registro del estado familiar, que es el reconocimiento de ese vínculo por el estado, se remonta al último período de la edad media.

Esos son los datos. Así está la historia. Entonces, el concepto de familia como grupo no cosanguíneo se basa históricamente en un contrato de alianza entre grupos familiares y el estado da protección jurídica y registro con el fin de alentar diferentes funciones familiares como lo son la económica (que produzcan para su bienestar y por tanto para el de la sociedad), la educación de hijos y la procreación (para tener más mano de obra). Ese contrato se llama matrimonio. Claro está, en ese tiempo no se tenía ni idea de si la persona era estéril, así que el matrimonio se daba por el “potencial” de procreación.

Hay que notar que había un concepto de matrimonio del lado religioso, y que tiene que ver con la unión indisoluble de almas y el objetivo de procrear, y algunos historiadores establecen que ese concepto, por sus similitudes, era aceptado por el estado como el oficial hasta la revolución francesa, donde se fortalece el matrimonio como contrato jurídico y como tal se permite la disolución, divorcio, dejando sin validez para el estado el matrimonio religioso. Aquí tenemos ese concepto, el matrimonio es legal, contrato para legalizar la creación de familia no cosanguínea y el disfrute de los beneficios jurídicos pensados como inversión del estado para el desarrollo de la sociedad.

Como verán, el matrimonio y el concepto de familia tiene sentido dentro de una inversión del estado por mantener la reproducción, cuido de menores y microeconomía. A partir de ahí, se fundamente la discusión sobre la modernización de esos conceptos.

¿Qué es eso de la extinción de dominio?

Cuando alguien comete un delito, en este caso de narcotráfico, se procesa penalmente. En un proceso así, el estado reúne pruebas y acusa al supuesto delincuente. Este tiene el derecho de defenderse. Es el estado el que está obligado a presentar pruebas en contra del acusado.

En la lucha contra el narcotráfico, ha quedado claro que con encerrar a algunos malechores, no se logra terminar con el problema. El narcotráfico es como una empresa, quitándole sus “empleados” no necesariamente va a cerrar, contrata otros y ya. Pero, si se le quitan los bienes, entonces sí se golpea fuerte. Es por eso que cuando se acusa a alguien, si se logra probar que cometió un ilícito, se le pueden quitar ciertos bienen que se consideran mal habidos.

Hay dos tipos de bienes, los llamados “efectos” y las “ganancias”. Los efectos son los bienes que se producidos por la conducta criminal (por ejemplo, dinero falso) y las ganancias es lo que se obtiene con el delito (por ejemplo, la casa que me compro con el dinero falso). Esos bienes son incautados, el primero para evitar que se siga cometiendo delito, y el segundo porque no es un bien patrimonial legal de la persona, sino un bien adquirido de mala manera y por tanto no es de propiedad del malhechor.

Ahí muy bien, el problema es que solo se pueden quitar bienes cuando a la persona se le comprueba el delito y se comprueba que esos bienes son efectos o ganancias del delito. Así, si un narcotraficante se compra un edificio, si no lo acusamos y comprobamos que el edificio fue comprado con dinero delictivo, no se lo podemos quitar.

Es entonces que nace la figura de la extinción de dominio. Entes internacionales le piden a los estados que consideren una acción llamada “Inversión de la carga de la prueba”, que básicamente es invertir los papeles: no es el estado que tiene que probar que el edificio es ilícito, sino que es el acusado que tiene que probar que el edificio es lícito. Sin embargo, eso solo se puede si la legislación interna lo permite. En nuestra constitución se protegen ciertos derechos de las personas. Uno de ellos es la presunción de inocencia, que dice que soy inocente hasta que me prueben lo contrario. También se protegen el patrimonio de las personas y que no se puede penar a alguien sin pruebas.

La extinción de dominio es entonces un proceso en el cuál el estado le dice a usted que debe probar que sus bienes son legítimos y lícitos. Si usted no puede probarlo, su dominio sobre ese patrimonio se extingue y el estado puede confiscar sus bienes. Claro, si lo ponemos así, suena horrible, porque el estado podría llegar a cualquier lugar y usted tiene que tener todos los papeles en orden porque si no le quitan todo. Ese aún no lo tenemos, pero hay una ley en discusión llamado de extinción de dominio, que quiere dotar al estado de esa capacidad, claro está con algunos frenos.

La idea es que el estado pueda pedir esos papeles a gente que se considere maleante. El pero es que tenemos el ámbito penal, donde yo tengo que acusar a alguien, a quien presumo inocente, presentar la prueba y luego cuando se haya comprobado todo, quitarle los bienes. Para aligerar eso, la famosa ley primero dice que crea una jurisdicción aparte, es decir, no es penal, y por tanto no tiene que seguir toda esa cosas de acusar y pruebas y todo. Con esta nueva legislación, la persona no tiene que ser acusada, lo que se “acusa” es a los bienes. Luego, se da la inversión de la carga de la prueba, obligando a la persona (que “no está acusada”) a presentar pruebas de que todo está en regla. Si no está en regla, se extingue el dominio, pero dice la ley que eso no es una penalidad para la persona, sino para los bienes, y que la persona no tenía derecho a esos bienes en primer lugar.

Pues bien, hay mucha gente que dice que con esta ley se pueden quitar los bienes a los narcos como nada y por eso es muy valiosa. Por otro lado hay muchos abogados que dicen que eso viola montones de cosas. Por ejemplo, el cuento de que quitarle los bienes a alguien porque no pudo probarlos lícitos no es una penalidad para la persona, o que la persona no está siendo acusada, cuando se le dice que debe probar que sus bienes no son ilícitos. Los abogados dicen que por más que la ley lo diga, la actuación la hace materia penal y por ende no se puede invertir la carga de la prueba.

¿Qué hacer? Parece que la ley deja portillos gigantescos para que el gobierno se le pase la mano y crea inseguridad jurídica sobre los bienes de las personas, pero si no se aprueba no se puede hacer una lucha contra el narcotráfico. Otra idea podría ser que en lugar de crear una jurisdicción aparte de la penal, sino mejorar el comiso penal (quitado de bienes). Por ejemplo, permitir quitar los bienes que se ganan con el ilícito, y todos sus derivados. Si no se pueden quitar los bienes (digamos que se traspasaron a un tercero y el estado no puede quitárselo), entonces se le quitan otros bienes que tengan un valor similar, etc.

La discusión está abierta

El enredo de los pensionados del magisterio.

Veamos:

1. El magisterio nacional tenía una sistema de pensiones insostenible, no había fondo y la plata casi que salía del estado. En los 90 llegó donde no se podía más y se reformó. Ese régimen se llama transitorio de reparto (RTR), y es transitorio porque ya nadie puede entrar a él (conforme se muere la gente se hace pequeño hasta que desaparece). Se creó entonces el régimen de capitalización colectiva, que funciona parecido al IVM, donde la gente pone la plata y es de todos. Todos los docentes luego del 92 caen ahí.

2. En ese entonces, el costo del régimen era alto (mínimo 8.5%), por lo que se dio la opción a la gente de pasarse al IVM (3.5%). Mucha gente se pasó (no estoy seguro, pero en ese momento entendí que si me pasaba se pasaba el número de cuotas, pero la plata pagada de más no me la devolvían).

3. La gente que se pasó, luego se arrepintió y querían pasarse de nuevo, pero ahora el régimen está cerrado. JUPEMA mandó un proyecto de ley (17561), que permite que los educadores que estaban en ese régimen, regresen a él. Como se debía pagar 8.5% y con el IVM pagaban el 3.5%, el educador que quiera pasarse debe pagar ese 5% durante los 20 años que han estado en IVM. El IVM debe devolver la plata de todas esas cuotas al RTR (se estima 52 mil millones). Claro, como ese régimen no tiene fondo para pagar pensiones, el estado debe pagarlas de su bolsillo. El estado estima que el máximo de personas que se puede pasar son unas 6000 y eso equivale a 30 mil millones de colones anuales. Es decir, eso impacta al IVM porque lo deja con menos plata (ahora que va a subir el 1% porque no le alcanza) y al presupuesto nacional.

4. Sin embargo, JUPEMA, para convencer a los diputados, les puso unos números no tan alarmantes. Ellos dicen

a. Que la Caja ya no tendrá que pagar esas pensiones, sino hacienda, y por eso la Caja más bien recibe un respiro.

b. Como cada persona que se pase debe pagar ese 5% que no pagó, debe desembolsar entre 6 y 9 millones de colones al magisterio. Según sus cuentas, con esa plata pueden pagar pensiones unos 5 años, y durante ese tiempo el estado no tiene que pagar nada.

c. Dicen que muchos de esos educadores, entre 55 y 66 años, siguen recibiendo salario aunque no estén dando clases (se encuentran incapacitados o reubicados). En algunos casos, se está pagando tres salarios en un mismo puesto, por la persona que realmente trabaja y otros que tienen el puesto pero no ejercen por estar reubicados. Si se pensionan, dejan libre el puesto y pueden reemplazarse con educadores jóvenes.

d. No son 6000, son 3842 personas las que realmente les sirve pasarse, por la edad de ingreso y por los años de servicio. De esos, 2300 no volverían al RTR sino al de capitalización, por haber entrado luego del 1992. El de capitalización es un régimen como el de IVM, tiene fondo y el estado no debería poner nada porque es administrado por la Junta.

e. Entonces, solo 1542 personas podrían realmente pasarse, y de esas no todas tendrán los millones para devolverse, por tanto el costo sería mínimo mientras que la Caja se libra de pagar esas pensiones.

Todos esos datos están en el proyecto de ley. Entonces, los diputados tienen un proyecto que dice que tiene beneficio para la caja porque le quita pago de pensiones, que el impacto a hacienda es mínimo, que mejora la pensión de varias personas que tenían un régimen de mayor beneficio y lo perdieron. Dicen los 10 diputados que votaron que por eso lo hicieron. Ahora que hacienda saca esos números terribles, los diputados (al menos los del PUSC), están echando para atrás y revisando con cuidado los números.

¿A quién le creemos?

RECOPE, su Convención Colectiva y lo que nos cuesta.

Vamos con otro post polémico. Aclaremos un par de puntos:

1. Una convención colectiva es un acuerdo entre patrono y empleados que determina los beneficios a los que tiene el empleado como pago a su trabajo. Estos beneficios no son (o deben ser) privilegios, sino elementos que tomen en cuenta la naturaleza y necesidades del empleado para con la sociedad y con su trabajo. Los empleados son seres humanos con familia y vida social, que necesitan ver resguardados sus derechos. Así, la convención puede incluir vacaciones que den descanso a la persona basado en su cantidad trabajo, remuneración especial con labores excepcionales o peligrosas, incluyendo seguros especiales, o tal vez equipos necesarios para su trabajo (como una computadora), pago de viajes, hospedaje cuando el trabajo es en un lugar remoto, días adicionales de vacaciones cuando se tenga que ausentar del hogar por más de un mes, o pago de taxi cuando el trabajo deba hacerse en lugares distantes y con poco transporte público o inseguridad en las calles. Todo eso puede ir en una convención y no es un privilegio ni una gollería, son beneficios razonables.

2. RECOPE está llamado a comprar materia prima y convertirla en gasolina y distribuirla por todo el país. Lo que hace es comprar no petróleo, sino cocteles ya procesados que luego convierte en combustible, por eso el precio del petróleo no se vincula directamente con el precio del combustible porque no es la materia prima que RECOPE usa.

3. El precio de los combustibles debe ser uno que permita la operación de RECOPE y la ganancia de las gasolineras. La ARESEP calcula el mismo utilizando el costo que RECOPE reporta, así que el combustible debería tener el precio menor que cubra costos (o sea, se vende al costo) y que dé algún margen a las gasolineras. Al precio, se le agrega el impuesto único famoso, que de hecho es uno de los más altos que tenemos. Por eso el precio es muy alto en comparación con otros países.

4. El producto final puede ser una cochinada o algo de buena calidad. Resulta que RECOPE tiene uno de los combustible de más alta calidad a nivel internacional, acorde a las normas de calidad europeas, y uno de los más bajos en contaminación. La gasolina está libre de plomo y octanaje de 91 (a la par con Panamá, más alto de centroamérica) y el diesel tiene apenas 50 partículas por millón de azufre (e.g. en Nicaragua es de 5000 PPM y en Panamá es de 500 PPM). Es decir, es un combustible de muy alta calidad, incrementa la vida útil del vehículo y es más eficiente, por tanto no es barato.

5. Se acusa a RECOPE de ser ineficiente, y por eso el costo es más alto. En realidad, el costo operativo ha bajado en un 30% desde hace algunos años (ver más adelante). Una propuesta es que RECOPE refine, pero no hay seguridad de que esto vaya a disminuir el costo de los combustible. La otra opción es la apertura, pero esto implicaría que a la ganancia de las gasolineras, se tiene que sumar la ganancia de la compañía que vendría a distribuir o refinar. Así que el costo de los combustibles no necesariamente bajará.

6. En la administración moderna, los recursos humanos tienden a mantener a los empleados contentos y seguros, lo que incrementa la productividad. Por eso las empresas modernas tienen soda o comedor para sus empleados, zonas de recreo, beneficios como cursos, ayuda en pólizas médicas, fiestas de cumpleaños, etc. Para esto, la organización destina un presupuesto a los de RRHH que forma parte del gasto fijo del departamento y se considera una inversión. Como el estado sigue en la edad de piedra, esos rubros son negociados en las convenciones colectivas.

Ya sabiendo esto, comento lo que todos dicen ahora que salió la noticia de que la ARESEP tiene que incluír dentro de los costos para calcular el precio del combustible, el costo de la convención colectiva. Aclaremos un par de puntos:

La convención colectiva incluye muchos rubros. Están algunos que forman parte de cualquier contrato laboral, como la cesantía, anualidades, horas extra, etc. También están los rubros de incentivo, que son aquellas beneficios que se le dan al empleado para suplir las necesidades de Maslow. Los dos primeros niveles son necesidades fisiológicas (alimentación, descanso) y luego siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, familiar, salud, etc). Dentro de estas se enmarcan muchos de los beneficios de las convenciones, en particular la de RECOPE. ¿Como cuáles? Bueno, pago de sobresueldo por trabajo de alta peligrosidad, ayuda para pago de guardería de niños a empleados que ganen menos de 600 mil colones (salario bajo, que de fijo no tienen para pagar alguien que cuide los niños, y de fijo no todos usarán ese beneficio.), subsidio de soda (el almuerzo sale más barato), actividades sociales, capacitación, becas (no para estudiar cualquier cosa, para cosas útiles en RECOPE y que ayudan a los empleados a escalar puestos), servicios médicos.

Los rubros más criticados son el fondo de ahorro (el trabajador ahorra parte de su salario en un fondo, y el patrono aporta un 10%, ese fondo se usa para préstamos e inversiones y al final del ciclo se reparten utilidades), que viene a ser parecido a una asociación solidarista (que hay en todos lados); la póliza colectiva de vida, que es una póliza crediticia (si usted se muere, la póliza le paga las deudas que tenga con el fondo de ahorro) y permisos con goce de salario para los socios de la cooperativa de RECOPE que quieran ir a congresos. Estas más los servicios médicos, becas, cuido de niños, subsidio de soda y la fiesta de fin de año, fueron los rubros de la convención que la ARESEP se negó a aceptar como parte del costo para el cálculo de los combustibles (hablaremos de eso en un minuto). Ojo que no es la convención colectiva completa, sino solo esos rubros.

La convención colectiva tiene un costo de unos 25 mil millones de colones según presupuesto del 2016. De esos, se calcula que 5000 millones son los que la ARESEP no aceptó, los otros 20 mil sí fueron incluídos como gasto que puede ser tomado para el precio de los combustibles.

Veamos entonces cómo funciona eso del precio.

1. RECOPE le manda a ARESEP el costo en el que incurre para generar el combustible. Ese costo ya lo revisaremos más adelante.

2. La ARESEP revisa todos los números, saca la calculadora, y hace esta suma: Costo de todos los insumos (los productos que se compran, materia prima y sus respectivos impuestos) + Impuesto único a los combustibles (un 40% del precio total) + Margen de ganancia para el transportista +Margen de ganancia para la gasolinera + Subsidio pesquero (y otros subsidios como el del asfalto a las constructoras) + un rezago del precio de combustible + lo que se conoce como el Factor K.

¿Qué es el factor K? Es el costo de operación (lo que cuesta operar el asunto, salarios, alquileres, impuestos, etc) + una reserva de inversión (RECOPE hace inversiones para obtener ganancia que se aplica a la reducción del precio) +  costo de los servicios de importación. El factor K varía de año a año basado en lo que usa RECOPE para trabajar. En el 2007 estaba en un 10% del precio total de gasolina Súper (de cada 100 colones que gastamos en gasolina, 10 van para pagar los costos de operación). En el 2017 el factor K está en un %7 para la gasolina súper. Es decir, ha bajado en un 30% el costo de operación de RECOPE, lo que implica mayor eficiencia.

Pero lo que nos interesa es saber cuántos miles de colones más tendré que pagar por la convención, ¿cierto? Bueno, hagámonos una idea.

Actualmente, por cada 100 colones que pago de gasolina súper, 42 colones van al impuesto al combustible, 40 es lo que pago por la materia prima para hacer el combustible, 9 se los dejan los transportistas y pisteros, 2 son para subsidios y otros menesteres, y 7 son para la operación de RECOPE.

Si sumamos los 40 de costo de materia y los 7 de operación, tenemos 47 que es todo el costo de RECOPE, los otros 53 son ganancia del gobierno, distribuidores y subsidiados.

Esos 47 colones los podemos separar: 43.9 colones son puro gasto de materia prima, impuestos, seguros, etc, 1.4 colones que se usan en inversiones y 1.7 colones que se usa en remuneraciones.

De esos 1.7 colones, se tiene 87 céntimos que son para pagar salarios fijos y eventuales, fondos de pensión y otros por ley y la seguridad social como caja y banco popular. Los otros 89 céntimos son para la convención colectiva, de los cuales 17 céntimos son los rubros que se presentan arriba que ARESEP no quiso aceptar.

Es decir, un 0.17% sería el monto que estaría subiendo el costo. La fórmula no es así, pero podemos hacer una mate a rajatabla y decir que si tenemos un Rav4 del año 2013, que tiene un tanque de 60 litros, actualmente estaríamos pagando a precio a hoy de 597 colones por litro de súper, unos 35 820 colones. Si subimos el 0.17%, estaríamos ante el increíblemente empobrecitante aumento del 60.8 colones.

¿Entonces por qué sale el don de la ARESEP diciendo que los combustibles subirán exhorbitantemente para pagar la convención? Ni idea, mis conocimientos de mate no me dan. Puede ser que todo este ejercicio esté malo y esté yo trabajando con número errados, pero sé que para el presupuesto del 2016 se estimó 1 329 690 millones (sí, millón de millones). De esos, 5000 mil millones es ese rubro no aceptado por ARESEP. Es como ganar millón 300 mil y que me gaste 5000 colones en un taco. Eso es un 0.4% en gasto, comparado con todo el precio del combustible es menor.

Ahí se los dejo, para que lo mascullen.

IVM: De Despidos e Incrementos

Vamos por partes.

1. Autonomía de la Caja. La caja es una entidad autónoma con rango constitucional. Esto es, la caja no puede ser dirigida a golpe de tambor por el gobierno central. Por eso, hay una presidencia ejecutiva pero también una junta directiva que toma decisiones y esta está compuesta por representantes de diferentes sectores. El presidente puede mandar directrices, que son solicitudes para ser consideradas, pero la decisión recae absolutamente sobre la junta directiva. La presidencia ejecutiva es la representante del gobierno en esa junta, y es seleccionada para que haga un trabajo técnico. El problema se da cuando en trabajo técnico va en contraposición a la visión política. Es en ese momento que se da un conflicto ético: actúo correctamente como lo técnico dicta o actuó en contra de lo profesional para ser “leal” a la visión política. Así, el presidente puede poner a una persona profesional con maestría técnica en el asunto o un títere político para tener injerencia en la instutición autónoma.

2. Despido de Doña Rocío. No fue porque se le encontró un fallo en su análisis técnico, no fue porque hizo mal el trabajo de dirección, no fue porque fue negligente, fue porque no acató una orden política del presidente. Es decir, es claro que el gobierno central no quería a una persona técnica en el puesto sino un títere político. El despido se da básicamente por traición al gobierno, pero tiene un trasfondo populista: la norma del 1% era impopular y eso en año electoral es pecado mortal que no tiene perdón. Así, el presidente da un golpe de autoridad político, se pide renuncia por ir en contra de gobierno pero no por incompetencia. Doña Rocío es una persona que me ha parecido profesional y de hecho me ha agradado en ocasiones anteriores donde igualmente se ha plantado en su decisión técnica y en contra de decisiones políticas desacertadas. Ahora, ¿Despido? En esas instancias no existe el despido, se apela a la honra de la persona y se le solicita que presente la renuncia. Esto es, se les pide que renuncien a las prestaciones y con la intención de que el gobierno quede con las manos limpias y que la persona no pueda hacer mucho reclamo como cuando el despido es injustificado. Si alguien piensa que eso suena a un régimen totalitario y de terror, pues es así.

3. Aumento del IVM. Aquí, como es costumbre mía, voy a ir contra corriente. No hay chocolate sin cacao. El IVM es un régimen de pensiones contributivo de capitalización colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo me uno al régimen y debo aportar un porcentaje de mi salario. Ese monto no es mío, sino que se capitaliza colectivamente, es de todos. Así, mi dinero deja de estar a nombre mío y pasa al de la colectividad y puede ser usado por esta. En el régimen están los que cotizan y los que reciben pensión. Los que reciben han cotizado con anterioridad. Es claro que con el dinero que yo cotizo ahora, se está pagando la pensión de los que ahora están jubilados. Así funciona. La administradora de ese régimen crea un fondo de pensiones con la plata y puede, bajo ciertas normas de protección, hacer inversiones para incrementarlo. El IVM es administrado por la caja y sobre él no tiene injerencia el gobierno central, aunque dá un subsidio. De cada salario reportado a la Caja, obligatoriamente se recauda un 11.16% que irá al fondo. Esto lo aportan patrono, trabajador y estado de la siguiente forma: 5.75% el patrono, 3.5% el trabajador, 1.91% el estado. Con base en estudios actuariales, se determina si se requieren ajustes a ese porcentaje. La idea es que yo tenga mi pensión asegurada cuando me llegue el tiempo. ¿Qué afectaría ese fondo? Cosas como que el estado no pague su parte (sabemos que tiene una gran deuda), que la gente se pensione más y no se muera (nuestra expectativa de vida ha subido con las mejoras médicas y el cambio en los hábitos de vida), que no haya tantos trabajadores (sabemos que hay menos jóvenes, muchos de ellos no trabajan, hay otros que no cotizan). Si esas cosas pasan, es claro que el fondo no va a soportar y hay que tomar decisiones. Ahora, administrar el fondo no es sencillo. Ha habido ajustes en la ley y en el otorgamiento de pensiones que impactan grandemente. Por ejemplo, aquel asunto del retiro anticipado golpeó de manera increíble el fondo, otro pequeño ajuste a la regla de la pensión mínima hizo que muchos se acogieran a eso antes de terminar de cotizar y golpeó la recaudación. Pagos que hizo el gobierno con bonos obligaron a la junta a invertir en unidades de desarrollo (¿se acuerdan?) y terminaron perdiendo plata por tipo de cambio. Ahora, otra ley que permite que docentes en el IVM se pasen al del Magisterio, llevándose todas sus cuotas. ¿Qué se puede hacer? Necesariamente se ocupa incrementar el fondo y no hay muchas opciones: o se incrementa la edad de jubilación o el monto de la cotización. La plata no aparece por generación espontánea y de fijo no hay oportunidad de obtener lo que falta apunta de inversiones. Así las cosas, si queremos tener pensión hay que pagar más. ¿Injusto? Si nos vamos al Magisterio, los docentes están cotizando de un 8% a un 16% de su salario. Compárelo con el 3.5% del IVM. Cotizan incluso más que el patrono en IVM. Por eso la pensión del magisterio da un monto más alto de jubilación y otros beneficios. ¿Será un platal ese 1% que me van a quitar, me moriré de hambre? Ese monto se rebaja a los que cotizan. Si usted gana menos del mínimo por ley, le aseguro que no está cotizando. Si yo gano 100 000 colones al mes, ese 1% representa mil colones. De hecho, como es escalonado, serían en realidad 500 colones lo que me rebajarían por mes. Hay gente que no come porque no tiene 500 colones, es cierto, pero esa gente no gana 100 mil colones y posiblemente no está cotizando.  Haga el ejercicio, ¿Cúanto gana? Saque el 1% y dígame si quedará en la miseria absoluta. La cantaleta es que golpeará a los que menos ganan: los que menos ganan no están cotizando. Los que cotizan y ganan un salario mínimo, digamos jardinero que gana 10800 colones, pagaría 10.8 colones. Si queremos discutir el impacto, ocuparía que los que se oponen den un estudio de cuántas personas dejarán de comer por ese rebajo. Solo porque lo dicen no se vale, no se puede tomar por cierto, debe haber un estudio justificante. Si son millones de trabajadores, tenemos un problema. Si son unas 50, se podrían poner en una lista de excepciones, porque no podemos poner en peligro la pensión de todo un país por unos cuantos casos.

Si quieren ver las discusiones que pasan en el seno de la Junta directiva de la caja, vean esta acta (006-2017) donde se discute lo de la UCR.

El beso del diputado.

Un grupo de personas que dicen representar los derechos humanos, y en particular los de la población LGTBI, llegó a la asamblea legislativa y puso un cartel que decía: “Con los derechos humanos no se juega”. El cartel tenía un fotomontaje donde se veía a los diputados Antonio Álvarez y Gonzalo Ramírez dándose un beso en la boca, y tenía logos de soporte, entre ellos el de la federación de estudiantes de la UCR. Este cartel causó indignación entre los diputados, que solicitaron fuera retirado por ser ofensivo. Como el grupo no lo quitó, se llamó a seguridad y hubo un altercado, donde los del grupo de manifestantes dicen que salieron golpeados.

Hablé con una persona que, parece ser, era parte de este grupo (aunque no sé si estaba presente ese día) y me dice que la intención del cartel no era ofender, que no ganaban nada con eso. Ante la pregunta sobre el mensaje real del cartel, no dijo nada, no me contestó más. Esta situación generó muchos comentarios y preguntas. Aquí están con algunos comentarios míos.

1. ¿Ofensivo? ¿Por qué es ofensivo un cartel con dos hombres besándose? Uno de los cuestionamientos que hace mucha gente, es que es ilógico que el grupo LGTBI intentara ofender a los demás con algo que de hecho representa por lo que luchan, es como decir que para ellos el beso es insultante. Pero, según me dice la muchacha que pertenece a ese grupo de manifestantes, el cartel no pretendía ofender. Sin embargo, resultó ofensivo para algunos diputados, de diferentes bancadas y diferente sexo (es importante notarlo). ¿Por qué es ofensivo? ¿No es acaso una manifestación homofóbica el ofenderse por un beso homosexual? Aquí hay mucha tela que cortar, pero según ciertas personas, el problema no es de ofensa sino de repulsión en el lado de los hombres. Para un heterosexual, hombre, es placentero el besar a una mujer, pero el dar el beso a un hombre les resulta repulsivo. ¿Por qué? Puede decirse que hay algo en la química que los hace repeler el asunto, ese algo que no está en la química de un homosexual hombre que sí disfruta besando a otro hombre. Esto es claro porque para muchos hombres heterosexuales, ver besarse a dos mujeres no les resulta tan repulsivo, incluso a algunos les resulta agradable y les alborota el libido. Esto es, aquí hay una proyección de sus propias emociones. ¿Y para las mujeres? No tengo muchos datos, pero también hay una repulsión al ver a dos mujeres besarse, aunque ver a dos hombres puede no causar el efecto erótico como pasa con el hombre, y eso puede ser causa de la misma cultura. Ahora bien, también la persona heterosexual, hombre o mujer, considera que poner en tela de duda la masculinidad o femeneidad de una persona es una falta de respeto, justamente porque tiene la concepción de que ese fallo en masculinidad o femeneidad no es positivo, sino más bien una causa de vergüenza. Eso sería, claro está, una apreciación homofóbica.

Ahora bien, también está el hecho comentado de que poner en un montaje a alguien en actividad amorosa-sexual con alguien que no es su cónyuge, es de hecho una falta de respeto. Siendo así, si pusieran a una diputada mujer y un hombre besándose, generaría el mismo malestar por considerarse una falta de respeto, en particular para la mujer.

Sin saber qué pasa en las cabezas de los diputados, es difícil concluir si el rechazo del cartel se debió a una consideración social de respeto, a una repulsión, o a homofobia sutil.

2. ¿Y el mensaje? En noviembre del 2011, Benetton sacó una campaña para combatir la “cultura del odio”. En ella, grandes líderes aparecían besando a quienes se consideraba “sus enemigos”. El beso para Benetton era “símbolo del amor más reconocido”, por eso se usó. Los promotores dijeron que “Se trata de imágenes simbólicas de reconciliación –con un toque de esperanza irónica y provocación constructiva– para solicitar una reflexión sobre cómo la política, la fe, las ideas, aunque diferentes y contrapuestas, deberían desembocar en el diálogo y la mediación”. Sabían que el beso entre líderes iba a ser provocativo y disruptivo y lo hicieron adrede para causar revuelo. Sin embargo, su mensaje era claro, no era de insultos sino más bien de señalar los puntos donde había conflicto de una manera impactante.

¿Podría ser que este cartel era una imitación de esa campaña? Para mi es muy probable que la idea saliera de ahí, sin embargo es claro que el mensaje no es el mismo. Lo que sí es claro es que el grupo culpa a Desanti de haber cometido una agresión al sentimiento del grupo al poner a Ramírez de presidente, y también culpa a Ramírez por sus constantes trabas y ataques a sus posiciones. Sin una respuesta del grupo clara, queda suponer que la idea de poner a dos personas a las que consideran contrarias y culpables, en un montaje que las pone a hacer algo a lo que supuestamente se oponen, es un reclamo con intención de causar una reacción de enojo. Otra idea es que represente la complicidad de los dos, el “amorío” que tienen y los hace trabajar en conjunto para lograr un puesto en el poder. Incluso podrían ser las dos insinuaciones.

3. ¿Libertad de expresión? El grupo de manifestantes alega que se violentó su libertad de expresión al ser quitado el cartel por la fuerza. Por un lado tienen razón en que el quitar un cartel representa una afrenta a la libertad de expresión. Por otro lado, también es cierto que esa libertad no es absoluta, y cuando lesiona la imagen, honor y dignidad de una persona, no puede permitirse porque violenta los derechos de esa persona. Ahora bien: ¿lesionó esa foto la imagen, honor o dignidad de los dos diputados? Unos dicen que no, otros que sí. Cuando se estuvo discutiendo lo de Cocorí, para mucha gente lo que el libro decía no era lesivo para los negros, pero para algunos negros sí lo era, porque tenía efectos directos en ellos. Se discutió que la ofensa no podía tomarse según la fuente, sino según lo que causaba a los destinatarios. Siendo así, cabría decir que aunque no se pretendía ofender, sí causó ofensa a los diputados referidos y por eso no podía permitirse. Pero esa es solo una opinión que podría no aplicar en este caso. Este punto requiere de mucha discusión legal.

¿Qué concluyo? Que hay un problema de comunicación entre estos dos grupos. No se puede ignorar que entre el grupo de diputados hay gente que realmente adversa la manifestación homosexual y con los cuales es difícil sino imposible dialogar. Sin embargo, también es claro que las manifestaciones sin mensajes claros, con visuales disruptivos y conflictivos que afecten la imagen de la persona ante los criterios disímiles que tiene sobre un tema, no logra el objetivo buscado sino que crea fricción y alejamiento.

Los Mitos del Estado Laico

Escuchando los comentarios en contra de declaraciones un tanto religiosas de los candidatos, me doy cuenta que hay tantas ideas sobre estado laico como comentaristas hay. Siendo como soy, fanático de las definiciones, me dí a la tarea de revisar las ideas presentadas y clarificar un poco según lo entiendo yo.

Comenzamos por diferenciar entre un estado confesional, uno aconfesional, una teocracia y un estado laico. En un estado confesional, el estado oficializa una religión como la del estado o la apoya. Esto puede implicar muchas cosas: los dogmas de esa religión son tomados como ciertos y usados como hechos para la toma de decisiones, sus leyes deben seguir la moralidad de la religión y no violentar las reglas de la misma, las decisiones y leyes deben ser aprobadas por la jerarquía de la religión de marras y dicha jerarquía puede representar un poder estatal adicional. O, puede no ocurrir nada de eso y la confesionalidad del estado no es más que una declaración en la constitución. Esto es, el estado se vuelve dependiente de la religión o no. En un estado aconfesional, no existe religión oficial, y punto. En una teocracia, los que gobiernan son los ministros y jerarcas de la iglesia, y las leyes no son más que las leyes de la misma religión. Es claro que en una teocracia, definitivamente hay una dependencia de la religión escogida. En un estado laico, existe una o varias religiones en el país, pero el estado no se adhiere a ninguna, no depende de ninguna, lo que implica que no sigue la moralidad de la iglesia y esta no influye directamente en el gobierno. Entonces, un estado podría ser teocracia o laico, no ambas, y puede se confesional o aconfesional no ambas. Pero, si el estado es confesional pero no tiene ninguna dependencia de la iglesia, entonces, en la teoría, se puede ser confesional y laico a la vez. Esto puede confundir a muchos que piensan que laico significa no tener religión oficial, falso, laico significa no depender de ella, no tener religión oficial es ser aconfesional. Ahora, los mitos.

Muchos creen que Costa Rica es una teocracia. Tienen la idea de que la Iglesia Católica dicta y aprueba leyes y que el presidente debe pedir permiso al obispo para salir del país. No hay que temer, eso no es cierto. De hecho, hay varios artículos en la constitución que prohíben que un jerarca de la iglesia tenga un cargo público importante. A la iglesia se le consulta a veces en las comisiones legislativas, pero como un grupo que representa a un sector social. Los noticieros usualmente le preguntan en temas polémicos, pero es más por el afán amarillista que porque la Iglesia tenga algún poder estatal. Así, pragmáticamente, el estado y su ejecución es totalmente independiente de la iglesia, es decir, existe una separación de facto entre el estado y la misma. Lo que somos es un estado confesional.

Se cree que actualmente, todas las leyes e instituciones han sido dictadas según las normas de la iglesia y que se ocupa el estado laico para cambiarlas. Si eso fuera así, la caja no podría dar anticonceptivos ni realizar esterilizaciones; tampoco se podría casar la gente civil, el sexo fuera del matrimonio tendría cárcel, los moteles estarían prohibidos y no habría posibilidad de divorcio. Es claro que no es así, y revisando por encima el código penal, no habría ni una sola ley que se derogaría por ser confesional.

También hay algunos que creen que con el estado laico se prohibiría que un pastor sea diputado y la elección del 1ero de mayo pasado sería imposible. Pues no, en un estado laico hay libertad de credo, nadie es más que nadie y todos tienen oportunidad de ser parte del estado, no debiera importar la fe ni su trabajo. Cualquiera puede tener una posición en el estado, aunque no sería permitido que tal persona intente forzar su fe y creencias a los demás. Si lo intenta, el sistema democrático de representación de los diferentes sectores, como lo tenemos en Costa Rica, lo evitaría. Se ocuparía una ley explícita que discrimine a las personas de una fe y que trabajan en eso (su fe), de ocupar puestos en el estado (de hecho, se puede pasar ya, siendo confesionales). Por ahí creen que con estado laico también se prohibiría a los gobernantes mostrar su fe (no podría orar ni persignarse). Esto es ridículo, va en contra de los derechos humanos.

También creen que con el estado laico se acabará la manutención de curas. Resulta que el gobierno no mantiene a ningún cura, ni los cultos. Actualmente el gobierno está pagando unos 15 millones por mantenimiento de documentos históricos a la iglesia, y tiene el MEP un convenio con colegios semiprivados, algunos manejados por la iglesia (eso no es por la confesionalidad, es por una ley 8791 que subvenciona colegios privados administrados por instituciones sin fines de lucro). Antes se daba para mantenimiento de templos (plata que se ganaban la gente de construcción, no los curas), pero eso ya dejó de hacerse. Así que, con estado laico, ambas cosas seguirían como están.

En fin, ¿qué ganamos con estado laico? Pues nada. Es decir, pragmáticamente,¡YA SOMOS LAICOS!. Lo que se puede sugerir es eliminar la confesionalidad, no hay cambios que sean radicales ni en las leyes, ni cómo funciona el estado, ni en las relaciones con la iglesia, ni en las prohibiciones de pastores, ni nada de lo que esperan librarse algunos paranoicos. Sin embargo, considero que es una buena idea, como parece ser la norma con todos los candidatos, de eliminar la confesionalidad, según lo pide el mismo vaticano.