El enredo de los pensionados del magisterio.

Veamos:

1. El magisterio nacional tenía una sistema de pensiones insostenible, no había fondo y la plata casi que salía del estado. En los 90 llegó donde no se podía más y se reformó. Ese régimen se llama transitorio de reparto (RTR), y es transitorio porque ya nadie puede entrar a él (conforme se muere la gente se hace pequeño hasta que desaparece). Se creó entonces el régimen de capitalización colectiva, que funciona parecido al IVM, donde la gente pone la plata y es de todos. Todos los docentes luego del 92 caen ahí.

2. En ese entonces, el costo del régimen era alto (mínimo 8.5%), por lo que se dio la opción a la gente de pasarse al IVM (3.5%). Mucha gente se pasó (no estoy seguro, pero en ese momento entendí que si me pasaba se pasaba el número de cuotas, pero la plata pagada de más no me la devolvían).

3. La gente que se pasó, luego se arrepintió y querían pasarse de nuevo, pero ahora el régimen está cerrado. JUPEMA mandó un proyecto de ley (17561), que permite que los educadores que estaban en ese régimen, regresen a él. Como se debía pagar 8.5% y con el IVM pagaban el 3.5%, el educador que quiera pasarse debe pagar ese 5% durante los 20 años que han estado en IVM. El IVM debe devolver la plata de todas esas cuotas al RTR (se estima 52 mil millones). Claro, como ese régimen no tiene fondo para pagar pensiones, el estado debe pagarlas de su bolsillo. El estado estima que el máximo de personas que se puede pasar son unas 6000 y eso equivale a 30 mil millones de colones anuales. Es decir, eso impacta al IVM porque lo deja con menos plata (ahora que va a subir el 1% porque no le alcanza) y al presupuesto nacional.

4. Sin embargo, JUPEMA, para convencer a los diputados, les puso unos números no tan alarmantes. Ellos dicen

a. Que la Caja ya no tendrá que pagar esas pensiones, sino hacienda, y por eso la Caja más bien recibe un respiro.

b. Como cada persona que se pase debe pagar ese 5% que no pagó, debe desembolsar entre 6 y 9 millones de colones al magisterio. Según sus cuentas, con esa plata pueden pagar pensiones unos 5 años, y durante ese tiempo el estado no tiene que pagar nada.

c. Dicen que muchos de esos educadores, entre 55 y 66 años, siguen recibiendo salario aunque no estén dando clases (se encuentran incapacitados o reubicados). En algunos casos, se está pagando tres salarios en un mismo puesto, por la persona que realmente trabaja y otros que tienen el puesto pero no ejercen por estar reubicados. Si se pensionan, dejan libre el puesto y pueden reemplazarse con educadores jóvenes.

d. No son 6000, son 3842 personas las que realmente les sirve pasarse, por la edad de ingreso y por los años de servicio. De esos, 2300 no volverían al RTR sino al de capitalización, por haber entrado luego del 1992. El de capitalización es un régimen como el de IVM, tiene fondo y el estado no debería poner nada porque es administrado por la Junta.

e. Entonces, solo 1542 personas podrían realmente pasarse, y de esas no todas tendrán los millones para devolverse, por tanto el costo sería mínimo mientras que la Caja se libra de pagar esas pensiones.

Todos esos datos están en el proyecto de ley. Entonces, los diputados tienen un proyecto que dice que tiene beneficio para la caja porque le quita pago de pensiones, que el impacto a hacienda es mínimo, que mejora la pensión de varias personas que tenían un régimen de mayor beneficio y lo perdieron. Dicen los 10 diputados que votaron que por eso lo hicieron. Ahora que hacienda saca esos números terribles, los diputados (al menos los del PUSC), están echando para atrás y revisando con cuidado los números.

¿A quién le creemos?

RECOPE, su Convención Colectiva y lo que nos cuesta.

Vamos con otro post polémico. Aclaremos un par de puntos:

1. Una convención colectiva es un acuerdo entre patrono y empleados que determina los beneficios a los que tiene el empleado como pago a su trabajo. Estos beneficios no son (o deben ser) privilegios, sino elementos que tomen en cuenta la naturaleza y necesidades del empleado para con la sociedad y con su trabajo. Los empleados son seres humanos con familia y vida social, que necesitan ver resguardados sus derechos. Así, la convención puede incluir vacaciones que den descanso a la persona basado en su cantidad trabajo, remuneración especial con labores excepcionales o peligrosas, incluyendo seguros especiales, o tal vez equipos necesarios para su trabajo (como una computadora), pago de viajes, hospedaje cuando el trabajo es en un lugar remoto, días adicionales de vacaciones cuando se tenga que ausentar del hogar por más de un mes, o pago de taxi cuando el trabajo deba hacerse en lugares distantes y con poco transporte público o inseguridad en las calles. Todo eso puede ir en una convención y no es un privilegio ni una gollería, son beneficios razonables.

2. RECOPE está llamado a comprar materia prima y convertirla en gasolina y distribuirla por todo el país. Lo que hace es comprar no petróleo, sino cocteles ya procesados que luego convierte en combustible, por eso el precio del petróleo no se vincula directamente con el precio del combustible porque no es la materia prima que RECOPE usa.

3. El precio de los combustibles debe ser uno que permita la operación de RECOPE y la ganancia de las gasolineras. La ARESEP calcula el mismo utilizando el costo que RECOPE reporta, así que el combustible debería tener el precio menor que cubra costos (o sea, se vende al costo) y que dé algún margen a las gasolineras. Al precio, se le agrega el impuesto único famoso, que de hecho es uno de los más altos que tenemos. Por eso el precio es muy alto en comparación con otros países.

4. El producto final puede ser una cochinada o algo de buena calidad. Resulta que RECOPE tiene uno de los combustible de más alta calidad a nivel internacional, acorde a las normas de calidad europeas, y uno de los más bajos en contaminación. La gasolina está libre de plomo y octanaje de 91 (a la par con Panamá, más alto de centroamérica) y el diesel tiene apenas 50 partículas por millón de azufre (e.g. en Nicaragua es de 5000 PPM y en Panamá es de 500 PPM). Es decir, es un combustible de muy alta calidad, incrementa la vida útil del vehículo y es más eficiente, por tanto no es barato.

5. Se acusa a RECOPE de ser ineficiente, y por eso el costo es más alto. En realidad, el costo operativo ha bajado en un 30% desde hace algunos años (ver más adelante). Una propuesta es que RECOPE refine, pero no hay seguridad de que esto vaya a disminuir el costo de los combustible. La otra opción es la apertura, pero esto implicaría que a la ganancia de las gasolineras, se tiene que sumar la ganancia de la compañía que vendría a distribuir o refinar. Así que el costo de los combustibles no necesariamente bajará.

6. En la administración moderna, los recursos humanos tienden a mantener a los empleados contentos y seguros, lo que incrementa la productividad. Por eso las empresas modernas tienen soda o comedor para sus empleados, zonas de recreo, beneficios como cursos, ayuda en pólizas médicas, fiestas de cumpleaños, etc. Para esto, la organización destina un presupuesto a los de RRHH que forma parte del gasto fijo del departamento y se considera una inversión. Como el estado sigue en la edad de piedra, esos rubros son negociados en las convenciones colectivas.

Ya sabiendo esto, comento lo que todos dicen ahora que salió la noticia de que la ARESEP tiene que incluír dentro de los costos para calcular el precio del combustible, el costo de la convención colectiva. Aclaremos un par de puntos:

La convención colectiva incluye muchos rubros. Están algunos que forman parte de cualquier contrato laboral, como la cesantía, anualidades, horas extra, etc. También están los rubros de incentivo, que son aquellas beneficios que se le dan al empleado para suplir las necesidades de Maslow. Los dos primeros niveles son necesidades fisiológicas (alimentación, descanso) y luego siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, familiar, salud, etc). Dentro de estas se enmarcan muchos de los beneficios de las convenciones, en particular la de RECOPE. ¿Como cuáles? Bueno, pago de sobresueldo por trabajo de alta peligrosidad, ayuda para pago de guardería de niños a empleados que ganen menos de 600 mil colones (salario bajo, que de fijo no tienen para pagar alguien que cuide los niños, y de fijo no todos usarán ese beneficio.), subsidio de soda (el almuerzo sale más barato), actividades sociales, capacitación, becas (no para estudiar cualquier cosa, para cosas útiles en RECOPE y que ayudan a los empleados a escalar puestos), servicios médicos.

Los rubros más criticados son el fondo de ahorro (el trabajador ahorra parte de su salario en un fondo, y el patrono aporta un 10%, ese fondo se usa para préstamos e inversiones y al final del ciclo se reparten utilidades), que viene a ser parecido a una asociación solidarista (que hay en todos lados); la póliza colectiva de vida, que es una póliza crediticia (si usted se muere, la póliza le paga las deudas que tenga con el fondo de ahorro) y permisos con goce de salario para los socios de la cooperativa de RECOPE que quieran ir a congresos. Estas más los servicios médicos, becas, cuido de niños, subsidio de soda y la fiesta de fin de año, fueron los rubros de la convención que la ARESEP se negó a aceptar como parte del costo para el cálculo de los combustibles (hablaremos de eso en un minuto). Ojo que no es la convención colectiva completa, sino solo esos rubros.

La convención colectiva tiene un costo de unos 25 mil millones de colones según presupuesto del 2016. De esos, se calcula que 5000 millones son los que la ARESEP no aceptó, los otros 20 mil sí fueron incluídos como gasto que puede ser tomado para el precio de los combustibles.

Veamos entonces cómo funciona eso del precio.

1. RECOPE le manda a ARESEP el costo en el que incurre para generar el combustible. Ese costo ya lo revisaremos más adelante.

2. La ARESEP revisa todos los números, saca la calculadora, y hace esta suma: Costo de todos los insumos (los productos que se compran, materia prima y sus respectivos impuestos) + Impuesto único a los combustibles (un 40% del precio total) + Margen de ganancia para el transportista +Margen de ganancia para la gasolinera + Subsidio pesquero (y otros subsidios como el del asfalto a las constructoras) + un rezago del precio de combustible + lo que se conoce como el Factor K.

¿Qué es el factor K? Es el costo de operación (lo que cuesta operar el asunto, salarios, alquileres, impuestos, etc) + una reserva de inversión (RECOPE hace inversiones para obtener ganancia que se aplica a la reducción del precio) +  costo de los servicios de importación. El factor K varía de año a año basado en lo que usa RECOPE para trabajar. En el 2007 estaba en un 10% del precio total de gasolina Súper (de cada 100 colones que gastamos en gasolina, 10 van para pagar los costos de operación). En el 2017 el factor K está en un %7 para la gasolina súper. Es decir, ha bajado en un 30% el costo de operación de RECOPE, lo que implica mayor eficiencia.

Pero lo que nos interesa es saber cuántos miles de colones más tendré que pagar por la convención, ¿cierto? Bueno, hagámonos una idea.

Actualmente, por cada 100 colones que pago de gasolina súper, 42 colones van al impuesto al combustible, 40 es lo que pago por la materia prima para hacer el combustible, 9 se los dejan los transportistas y pisteros, 2 son para subsidios y otros menesteres, y 7 son para la operación de RECOPE.

Si sumamos los 40 de costo de materia y los 7 de operación, tenemos 47 que es todo el costo de RECOPE, los otros 53 son ganancia del gobierno, distribuidores y subsidiados.

Esos 47 colones los podemos separar: 43.9 colones son puro gasto de materia prima, impuestos, seguros, etc, 1.4 colones que se usan en inversiones y 1.7 colones que se usa en remuneraciones.

De esos 1.7 colones, se tiene 87 céntimos que son para pagar salarios fijos y eventuales, fondos de pensión y otros por ley y la seguridad social como caja y banco popular. Los otros 89 céntimos son para la convención colectiva, de los cuales 17 céntimos son los rubros que se presentan arriba que ARESEP no quiso aceptar.

Es decir, un 0.17% sería el monto que estaría subiendo el costo. La fórmula no es así, pero podemos hacer una mate a rajatabla y decir que si tenemos un Rav4 del año 2013, que tiene un tanque de 60 litros, actualmente estaríamos pagando a precio a hoy de 597 colones por litro de súper, unos 35 820 colones. Si subimos el 0.17%, estaríamos ante el increíblemente empobrecitante aumento del 60.8 colones.

¿Entonces por qué sale el don de la ARESEP diciendo que los combustibles subirán exhorbitantemente para pagar la convención? Ni idea, mis conocimientos de mate no me dan. Puede ser que todo este ejercicio esté malo y esté yo trabajando con número errados, pero sé que para el presupuesto del 2016 se estimó 1 329 690 millones (sí, millón de millones). De esos, 5000 mil millones es ese rubro no aceptado por ARESEP. Es como ganar millón 300 mil y que me gaste 5000 colones en un taco. Eso es un 0.4% en gasto, comparado con todo el precio del combustible es menor.

Ahí se los dejo, para que lo mascullen.

IVM: De Despidos e Incrementos

Vamos por partes.

1. Autonomía de la Caja. La caja es una entidad autónoma con rango constitucional. Esto es, la caja no puede ser dirigida a golpe de tambor por el gobierno central. Por eso, hay una presidencia ejecutiva pero también una junta directiva que toma decisiones y esta está compuesta por representantes de diferentes sectores. El presidente puede mandar directrices, que son solicitudes para ser consideradas, pero la decisión recae absolutamente sobre la junta directiva. La presidencia ejecutiva es la representante del gobierno en esa junta, y es seleccionada para que haga un trabajo técnico. El problema se da cuando en trabajo técnico va en contraposición a la visión política. Es en ese momento que se da un conflicto ético: actúo correctamente como lo técnico dicta o actuó en contra de lo profesional para ser “leal” a la visión política. Así, el presidente puede poner a una persona profesional con maestría técnica en el asunto o un títere político para tener injerencia en la instutición autónoma.

2. Despido de Doña Rocío. No fue porque se le encontró un fallo en su análisis técnico, no fue porque hizo mal el trabajo de dirección, no fue porque fue negligente, fue porque no acató una orden política del presidente. Es decir, es claro que el gobierno central no quería a una persona técnica en el puesto sino un títere político. El despido se da básicamente por traición al gobierno, pero tiene un trasfondo populista: la norma del 1% era impopular y eso en año electoral es pecado mortal que no tiene perdón. Así, el presidente da un golpe de autoridad político, se pide renuncia por ir en contra de gobierno pero no por incompetencia. Doña Rocío es una persona que me ha parecido profesional y de hecho me ha agradado en ocasiones anteriores donde igualmente se ha plantado en su decisión técnica y en contra de decisiones políticas desacertadas. Ahora, ¿Despido? En esas instancias no existe el despido, se apela a la honra de la persona y se le solicita que presente la renuncia. Esto es, se les pide que renuncien a las prestaciones y con la intención de que el gobierno quede con las manos limpias y que la persona no pueda hacer mucho reclamo como cuando el despido es injustificado. Si alguien piensa que eso suena a un régimen totalitario y de terror, pues es así.

3. Aumento del IVM. Aquí, como es costumbre mía, voy a ir contra corriente. No hay chocolate sin cacao. El IVM es un régimen de pensiones contributivo de capitalización colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo me uno al régimen y debo aportar un porcentaje de mi salario. Ese monto no es mío, sino que se capitaliza colectivamente, es de todos. Así, mi dinero deja de estar a nombre mío y pasa al de la colectividad y puede ser usado por esta. En el régimen están los que cotizan y los que reciben pensión. Los que reciben han cotizado con anterioridad. Es claro que con el dinero que yo cotizo ahora, se está pagando la pensión de los que ahora están jubilados. Así funciona. La administradora de ese régimen crea un fondo de pensiones con la plata y puede, bajo ciertas normas de protección, hacer inversiones para incrementarlo. El IVM es administrado por la caja y sobre él no tiene injerencia el gobierno central, aunque dá un subsidio. De cada salario reportado a la Caja, obligatoriamente se recauda un 11.16% que irá al fondo. Esto lo aportan patrono, trabajador y estado de la siguiente forma: 5.75% el patrono, 3.5% el trabajador, 1.91% el estado. Con base en estudios actuariales, se determina si se requieren ajustes a ese porcentaje. La idea es que yo tenga mi pensión asegurada cuando me llegue el tiempo. ¿Qué afectaría ese fondo? Cosas como que el estado no pague su parte (sabemos que tiene una gran deuda), que la gente se pensione más y no se muera (nuestra expectativa de vida ha subido con las mejoras médicas y el cambio en los hábitos de vida), que no haya tantos trabajadores (sabemos que hay menos jóvenes, muchos de ellos no trabajan, hay otros que no cotizan). Si esas cosas pasan, es claro que el fondo no va a soportar y hay que tomar decisiones. Ahora, administrar el fondo no es sencillo. Ha habido ajustes en la ley y en el otorgamiento de pensiones que impactan grandemente. Por ejemplo, aquel asunto del retiro anticipado golpeó de manera increíble el fondo, otro pequeño ajuste a la regla de la pensión mínima hizo que muchos se acogieran a eso antes de terminar de cotizar y golpeó la recaudación. Pagos que hizo el gobierno con bonos obligaron a la junta a invertir en unidades de desarrollo (¿se acuerdan?) y terminaron perdiendo plata por tipo de cambio. Ahora, otra ley que permite que docentes en el IVM se pasen al del Magisterio, llevándose todas sus cuotas. ¿Qué se puede hacer? Necesariamente se ocupa incrementar el fondo y no hay muchas opciones: o se incrementa la edad de jubilación o el monto de la cotización. La plata no aparece por generación espontánea y de fijo no hay oportunidad de obtener lo que falta apunta de inversiones. Así las cosas, si queremos tener pensión hay que pagar más. ¿Injusto? Si nos vamos al Magisterio, los docentes están cotizando de un 8% a un 16% de su salario. Compárelo con el 3.5% del IVM. Cotizan incluso más que el patrono en IVM. Por eso la pensión del magisterio da un monto más alto de jubilación y otros beneficios. ¿Será un platal ese 1% que me van a quitar, me moriré de hambre? Ese monto se rebaja a los que cotizan. Si usted gana menos del mínimo por ley, le aseguro que no está cotizando. Si yo gano 100 000 colones al mes, ese 1% representa mil colones. De hecho, como es escalonado, serían en realidad 500 colones lo que me rebajarían por mes. Hay gente que no come porque no tiene 500 colones, es cierto, pero esa gente no gana 100 mil colones y posiblemente no está cotizando.  Haga el ejercicio, ¿Cúanto gana? Saque el 1% y dígame si quedará en la miseria absoluta. La cantaleta es que golpeará a los que menos ganan: los que menos ganan no están cotizando. Los que cotizan y ganan un salario mínimo, digamos jardinero que gana 10800 colones, pagaría 10.8 colones. Si queremos discutir el impacto, ocuparía que los que se oponen den un estudio de cuántas personas dejarán de comer por ese rebajo. Solo porque lo dicen no se vale, no se puede tomar por cierto, debe haber un estudio justificante. Si son millones de trabajadores, tenemos un problema. Si son unas 50, se podrían poner en una lista de excepciones, porque no podemos poner en peligro la pensión de todo un país por unos cuantos casos.

Si quieren ver las discusiones que pasan en el seno de la Junta directiva de la caja, vean esta acta (006-2017) donde se discute lo de la UCR.

El beso del diputado.

Un grupo de personas que dicen representar los derechos humanos, y en particular los de la población LGTBI, llegó a la asamblea legislativa y puso un cartel que decía: “Con los derechos humanos no se juega”. El cartel tenía un fotomontaje donde se veía a los diputados Antonio Álvarez y Gonzalo Ramírez dándose un beso en la boca, y tenía logos de soporte, entre ellos el de la federación de estudiantes de la UCR. Este cartel causó indignación entre los diputados, que solicitaron fuera retirado por ser ofensivo. Como el grupo no lo quitó, se llamó a seguridad y hubo un altercado, donde los del grupo de manifestantes dicen que salieron golpeados.

Hablé con una persona que, parece ser, era parte de este grupo (aunque no sé si estaba presente ese día) y me dice que la intención del cartel no era ofender, que no ganaban nada con eso. Ante la pregunta sobre el mensaje real del cartel, no dijo nada, no me contestó más. Esta situación generó muchos comentarios y preguntas. Aquí están con algunos comentarios míos.

1. ¿Ofensivo? ¿Por qué es ofensivo un cartel con dos hombres besándose? Uno de los cuestionamientos que hace mucha gente, es que es ilógico que el grupo LGTBI intentara ofender a los demás con algo que de hecho representa por lo que luchan, es como decir que para ellos el beso es insultante. Pero, según me dice la muchacha que pertenece a ese grupo de manifestantes, el cartel no pretendía ofender. Sin embargo, resultó ofensivo para algunos diputados, de diferentes bancadas y diferente sexo (es importante notarlo). ¿Por qué es ofensivo? ¿No es acaso una manifestación homofóbica el ofenderse por un beso homosexual? Aquí hay mucha tela que cortar, pero según ciertas personas, el problema no es de ofensa sino de repulsión en el lado de los hombres. Para un heterosexual, hombre, es placentero el besar a una mujer, pero el dar el beso a un hombre les resulta repulsivo. ¿Por qué? Puede decirse que hay algo en la química que los hace repeler el asunto, ese algo que no está en la química de un homosexual hombre que sí disfruta besando a otro hombre. Esto es claro porque para muchos hombres heterosexuales, ver besarse a dos mujeres no les resulta tan repulsivo, incluso a algunos les resulta agradable y les alborota el libido. Esto es, aquí hay una proyección de sus propias emociones. ¿Y para las mujeres? No tengo muchos datos, pero también hay una repulsión al ver a dos mujeres besarse, aunque ver a dos hombres puede no causar el efecto erótico como pasa con el hombre, y eso puede ser causa de la misma cultura. Ahora bien, también la persona heterosexual, hombre o mujer, considera que poner en tela de duda la masculinidad o femeneidad de una persona es una falta de respeto, justamente porque tiene la concepción de que ese fallo en masculinidad o femeneidad no es positivo, sino más bien una causa de vergüenza. Eso sería, claro está, una apreciación homofóbica.

Ahora bien, también está el hecho comentado de que poner en un montaje a alguien en actividad amorosa-sexual con alguien que no es su cónyuge, es de hecho una falta de respeto. Siendo así, si pusieran a una diputada mujer y un hombre besándose, generaría el mismo malestar por considerarse una falta de respeto, en particular para la mujer.

Sin saber qué pasa en las cabezas de los diputados, es difícil concluir si el rechazo del cartel se debió a una consideración social de respeto, a una repulsión, o a homofobia sutil.

2. ¿Y el mensaje? En noviembre del 2011, Benetton sacó una campaña para combatir la “cultura del odio”. En ella, grandes líderes aparecían besando a quienes se consideraba “sus enemigos”. El beso para Benetton era “símbolo del amor más reconocido”, por eso se usó. Los promotores dijeron que “Se trata de imágenes simbólicas de reconciliación –con un toque de esperanza irónica y provocación constructiva– para solicitar una reflexión sobre cómo la política, la fe, las ideas, aunque diferentes y contrapuestas, deberían desembocar en el diálogo y la mediación”. Sabían que el beso entre líderes iba a ser provocativo y disruptivo y lo hicieron adrede para causar revuelo. Sin embargo, su mensaje era claro, no era de insultos sino más bien de señalar los puntos donde había conflicto de una manera impactante.

¿Podría ser que este cartel era una imitación de esa campaña? Para mi es muy probable que la idea saliera de ahí, sin embargo es claro que el mensaje no es el mismo. Lo que sí es claro es que el grupo culpa a Desanti de haber cometido una agresión al sentimiento del grupo al poner a Ramírez de presidente, y también culpa a Ramírez por sus constantes trabas y ataques a sus posiciones. Sin una respuesta del grupo clara, queda suponer que la idea de poner a dos personas a las que consideran contrarias y culpables, en un montaje que las pone a hacer algo a lo que supuestamente se oponen, es un reclamo con intención de causar una reacción de enojo. Otra idea es que represente la complicidad de los dos, el “amorío” que tienen y los hace trabajar en conjunto para lograr un puesto en el poder. Incluso podrían ser las dos insinuaciones.

3. ¿Libertad de expresión? El grupo de manifestantes alega que se violentó su libertad de expresión al ser quitado el cartel por la fuerza. Por un lado tienen razón en que el quitar un cartel representa una afrenta a la libertad de expresión. Por otro lado, también es cierto que esa libertad no es absoluta, y cuando lesiona la imagen, honor y dignidad de una persona, no puede permitirse porque violenta los derechos de esa persona. Ahora bien: ¿lesionó esa foto la imagen, honor o dignidad de los dos diputados? Unos dicen que no, otros que sí. Cuando se estuvo discutiendo lo de Cocorí, para mucha gente lo que el libro decía no era lesivo para los negros, pero para algunos negros sí lo era, porque tenía efectos directos en ellos. Se discutió que la ofensa no podía tomarse según la fuente, sino según lo que causaba a los destinatarios. Siendo así, cabría decir que aunque no se pretendía ofender, sí causó ofensa a los diputados referidos y por eso no podía permitirse. Pero esa es solo una opinión que podría no aplicar en este caso. Este punto requiere de mucha discusión legal.

¿Qué concluyo? Que hay un problema de comunicación entre estos dos grupos. No se puede ignorar que entre el grupo de diputados hay gente que realmente adversa la manifestación homosexual y con los cuales es difícil sino imposible dialogar. Sin embargo, también es claro que las manifestaciones sin mensajes claros, con visuales disruptivos y conflictivos que afecten la imagen de la persona ante los criterios disímiles que tiene sobre un tema, no logra el objetivo buscado sino que crea fricción y alejamiento.

RECOPE, Fiesta Navideña y costo del trabajo.

Jugaremos hoy de abogados del diablo. Hay muchas fuentes, cito solo una donde se menciona la intención de hacer una fiesta navideña para 300 empleados de RECOPE. Esa fiesta está contemplada en el artículo 107 de la convención colectiva. Como ARESEP ya había dispuesto que los gastos de la convención colectiva no podían incluirse como parte del gasto de producción/distribución de combustibles para efecto del cálculo de tarifas, la misma ARESEP consultó con qué dinero se pretendía hacer tal fiesta. Ante esto, la fiesta fue frenada por el repudio generalizado de la ciudadanía en redes sociales.

Pero, antes de dar mis razones de abogado del diablo, hablemos un poco sobre la administración de empresas y el manejo de personal. En tiempos ya idos, se pensaba en el trabajo como un castigo dado que había que pagar para que la gente lo hiciera. La administración era tirana y tenía siempre como objetivo obtener ganancia sin importarle el bienestar de los trabajadores, a quienes les daba lo mínimo por su trabajo. Eso ya cambió, desde tiempos inmemoriales. Ahora se sabe que el trabajo es casi un segundo hogar, y que el empleado motivado y evaluado rinde mejor, que el costo de la planilla no es el único costo que se debe tomar en cuenta en el rubro de recursos humanos. Tenemos la pirámide de Maslow y otras herramientas más modernas que nos dicen que un empleado feliz y tranquilo es un empleado productivo.

Ahora, las convenciones colectivas nacieron en la época del trabajo como castigo y la opresión, son anacrónicas por decir algo. Están basadas en un falso balance entre la opresión trabajadora y el bienestar del empleado. Sin embargo, tal como la administración y la visión del trabajo han cambiado, así debe evolucionar la negociación de la convención. Hay cosas que tienen todo el sentido del mundo, pero todo. Doy algunos ejemplos: Un aporte extra a los médicos que se exponen a enfermedades contagiosas como compensación por el riesgo, el pago de taxi a maestros que tienen que ir a lugares peligrosos con poco acceso a servicio público de transporte, el pago de alojamiento a maestros que tienen que irse a lugares muy alejados de su hogar para dar clase. En estos dos últimos casos, el costo lo cubre el patrono simplemente porque es necesario para el servicio y no debería ser cubierto por el empleado.

Dicho lo anterior, creo que queda claro que no podemos ver el costo del trabajo sólo como el costo de planilla, sino que hay que hacer una inversión adicional para el recurso humano. Si tengo un grupo de trabajadores que tienen que almorzar, y la mayoría trae comida de sus casas, es lógico que el patrono moderno disponga de un comedor amueblado, incluyendo hornos de microondas, refrigerador y cafeteras. Si no lo hace, obliga a los empleados a comer en las gradas o el zacate, comida fría y hasta descompuesta, o a gastar más de la cuenta en sodas aledañas. ¿Ven? Creo que es perfectamente razonable dentro de la administración moderna el poder justificar como gasto algo que es necesario para que el trabajador cumpla con sus necesidades humanas básicas según Maslow.

Ahora, llegamos a la famosa fiesta. Es navidad, y muchas empresas tienen su convivio navideño. Se piensa en ser como una segunda familia y la inversión de ese convivio es un gasto nimio en comparación a la motivación y acercamiento de los trabajadores. ¿Hay empresas que no tiene fiesta navideña? Sí, las poco modernas, las que viven aún en tiempos de la planilla como única remuneración por el trabajo. Es por eso que la fiesta de Navidad en RECOPE yo no la veo mal. De hecho, debería haber fiesta en todas las instituciones como parte de un gobierno moderno. ¿Qué hay mucho gasto? No es nada comparado con los costos de operación, presupuestos e inversiones. Pero el pueblo, ya cansado de abusos, se saca el clavo. Se convierte en el patrono tirano para el cual el empleado no tiene derecho a tener fiesta de navidad, cual Scrooge tacaño y vengativo. Y esto no lo estoy inventando: nosotros pagamos con el costo del combustible, directa o indirectamente, la tal fiesta, y les estamos diciendo que no tienen derecho porque no nos da la gana. Si hacemos un cálculo de cuánto es lo que estamos restringiendo, nos damos cuenta que son 7 millones dividido entre la cantidad de combustible que gastamos todos los costarricenses y extranjeros de paso en una año. ¿Cuánto, un tanque lleno por persona, un litro por persona? No, menos del pellizco de una gota. Ni Scrooge es tan tacaño y despreciable, me perdonan la expresión.

Sin embargo, ARESEP actúa de buena forma. El problema radica en que la fiesta está dentro de la convención colectiva (simplemente porque la administración de RECOPE NO ES MODERNA, es más bien retrógrada, solo basta leer lo que dice su presidenta Sara Salazar, y por tanto deben exigir una fiesta de navidad vía contrato). Dentro de los costos presentados por RECOPE a la ARESEP debería ir un rubro de presupuesto orientado a la inversión en el trabajador, que incluya todas las cosas que he mencionado arriba, aparte de la planilla, y la ARESEP debería considerarlas como parte de un costo racional de la gestión de recursos humanos moderna. Todas esas cosas deberían ir fuera de la convención colectiva porque esto no es un régimen de represión y porque no son privilegios. Claro está, la normativa de RECOPE debería fijar un presupuesto racional para este rubro, que sea competitivo y acorde con la realidad económica nacional. Dado esto, el resto de privilegios de las convenciones deberían desaparecer y quedar únicamente los que tengan sentido para el desempeño del trabajo de manera justa. De esta manera, la misma convención se convertiría en un detalle fundamentado de costo que la ARESEP podría aceptar.

Advierto que no terminé mi carrera en administración, pero estoy seguro de que la mayoría del pueblo ni siquiera administra su propia casa con propiedad y de fijo muchos explotan a las empleadas domésticas, seguro que no las dejan ir a casa en Navidad y no les dan pero ni a oler el queque navideño, si por la víspera se saca el día.

Termino aquí mi intervención de abogado del diablo. Aclaro que no defiendo la convención colectiva de nadie, no estoy de acuerdo con los abusos de RECOPE pero tampoco estoy de acuerdo en cerrarlo sino en transformarlo, evolucionarlo, quitarlo de la manos de los sindicalistas y administradores inútiles que ha tenido y ponerlo a trabajar como debe ser.

Reflexiones sobre el salario público de una periodista.

No puedo opinar mucho sobre la apreciación cuantitativa que ha hecho Ottón Solís sobre el salario actual de la profesional en comunicación Mishelle Mitchell, simplemente porque no estoy ni en el gremio ni en ese mercado. Sin embargo, me aventuro a realizar unas cuantas reflexiones sobre el concepto de salario y el problema que tenemos a nivel de empleados públicos.

Primero, aclaremos que un salario es, o debe ser, la paga justa por el trabajo realizado por una persona. La necesidad de ese trabajo en una empresa es un criterio que debe ser evaluado por la empresa misma y depende de muchos factores, incluyendo el tamaño, la estrategia, la misión y el mercado. El costo (yo diría inversión) que dicho trabajo representa, debe también establecerse por diferentes parámetros, que no escapan a las leyes de oferta y demanda, la calidad requerida, la cantidad de responsabilidad y los atestados de la persona. Por último, debe quedar claro que en un mercado competitivo, el sentido común indica que los costos han de ser minimizados y la ganancia maximizada, teniendo como topes justamente (en el tema de recursos humanos) la oferta y demanda de profesionales y la capacidad productiva de los mismos.

Ahora bien, teniendo lo anterior en claro, me llama mucho la atención un par de ideas presentadas en diferentes foros, como una que habla de dos grandes mundos, casi paralelos, que se rigen por reglas diferentes: el sector público y el sector privado. Es una realidad que son dos mundos y que tienen reglas diferentes, pero también es una realidad que ambos se nutren del mismo mercado de profesionales. No existen mercados aparte de profesionales públicos y privados, esto es, tenemos la misma fuente y por ende la oferta y demanda aplican por igual. En otras palabras, el sector público está en franca competencia con el sector privado por el recurso humano. Esto reduce a un absurdo la idea de que en el sector público, por ser el Estado, los salarios deben ser menores que en el privado. Esa idea ha causado diferentes problemas colaterales. Para competir, el Estado ha tenido que aprobar convenios que llenan de remiendos al salario para hacerlo competitivo. También ha provocado que los profesionales mejor calificados no estén en el gobierno (con algunas excepciones) y que el nivel de calidad obtenido sea inferior.

La otra idea que se ha puesto en práctica y es una de las más dañinas, es pensar al Estado empresario como generador de empleo y no como competidor de mercado. Con esta idea, las instituciones del Estado que tienen competencia, han olvidado que para competir hay que minimizar costos. En su lugar, se centran en generar la mayor cantidad de empleo, incluso puestos innecesarios, que no llevan a la institución a la quiebra pero tampoco la hacen competitiva. Esto es una táctica absurda dado que el nivel de desempleo no se resuelve así, y más bien hieren de muerte a la institución.

Con este panorama, la idea de Ottón de eliminar puestos superfluos es de aplaudir, pero el pensar que el Estado debe minimizar el salario sin tomar en cuenta el mercado es ignorancia pura. Ahora, de las declaraciones de Ottón no puedo asumir que él piense de esta manera, pero sí acuso que ha sido intempestivo en sus declaraciones y ha dejado a la opinión la posibilidad de que está tomando decisiones a la ligera, más con el hígado que con la razón.

Para poder eliminar puestos superfluos, hay que hacer un estudio que nos diga cuáles son las necesidades de la empresa reales, qué perfiles deben llevar a cabo tales tareas y determinar si las personas que están encargadas tienen dichos perfiles o si hay otros que puedan realizar tales tareas sin caer en sobrecargas. Un reacomodo de funciones no puede darse pasando tareas a cualquier persona.

Por otro lado, para poder bajar un salario, se debe partir del análisis anterior de perfiles requeridos, revisar el mercado, ver el costo de tales profesionales, analizar el nivel de productividad esperado, ver si nos da positivo y hacer presupuesto. La idea de llegar y decir que el salario más alto es tal y todos por debajo, sin tomar en cuenta el mercado, lo que logrará es una productividad menor, menor calidad y experiencia, o inopia.

Son los profesionales de comunicación colectiva y el sector bancario los que nos puede decir si el salario de la periodista, dados sus atestados, su experiencia, el tamaño de la empresa, el puesto y sus tareas, está acorde con el mercado. No podemos fijar montos antojadizos, ni ignorar los requerimientos. Si Ottón dice que el puesto de Mishelle está sobrevalorado y es innecesario, sugiero que lo pruebe con estudios de mercado que digan que ningún otro banco de ese tamaño tiene puesto o tareas similares o si las tiene están todas por debajo del salario de marras. Si la reforma se ha de hacer, debe hacerse correctamente. Cualquier otra opinión es hablar sin tener propiedad, cualquier acción precipitada basada en apreciaciones personales es irresponsable. Es así de simple.

Validación Periodística y el uso de Expertos

Quisiera referirme, a raíz del último ir y venir entre el periodista Juan Fernando Lara y el Banco Nacional sobre los problemas de seguridad de Java, a un tema tangencial de vital importancia para la labor periodística: el uso de los expertos.

Apenas leí el artículo del estimado periodista, descubrí que tenía algunos errores de concepto sobre la amenaza misma y sobre cómo dicha amenaza afectaba a los usuarios. En redes sociales pude encontrar a muchas personas que malentendieron la amenaza y temían ser víctimas de fraudes bancarios. Fue por eso que contacté inmediatamente al periodista para explicarle cuáles habían sido los errores. Me atendió de manera muy amable, como ha sido con la totalidad de periodistas que he tratado, y luego de entender me agradeció las aclaraciones. Lastimosamente dichas aclaraciones no fueron publicadas, lo cual podría entender que sea por cuestiones de espacio en el diario. El punto es que, a pesar de haber entrevistado expertos, el texto salió con errores conceptuales que afectan el mensaje y la veracidad del mismo.

¿Ha sucedido anteriormente? Si, muchas veces. Yo mismo he sido entrevistado para artículos en revistas, diarios y programas televisivos locales e internacionales, desde publicaciones especializadas como InfoWorld hasta programas de corte familiar como Buen Día. En éste último, precisamente, hablé sobre la seguridad bancaria en particular, y sobre la seguridad en internet en general. Una nota bien lograda y de mucha importancia para la culturalización de la seguridad informática, pero que lamentablemente salió con un error: dieron una recomendación mía al revés, indicando que debían hacer caso a algo cuando hay que hacer todo lo contrario. A pesar de una nota que envié con la aclaración, no tuve respuesta y el error quedó sin aclararse al aire. Sin embargo, el problema no es la falta de aclaración.

Hablemos de metodologías para una entrevista. He conocido varias, desde el asalto en el pasillo de un hotel de Las Vegas, esa en la que el estereotipado periodista saca de repente, del bolsillo del abrigo,  saca una grabadora y comienza a hacerme preguntas; hasta el famoso quizz por correo con 10 preguntas que respondo y devuelvo a la revista. Pero la más profesional ha sido la del conocido programa In Focus, de la CNN, que recientemente nos entrevistó para un documental sobre la Arquitectura de Tecnologías de Información. En calidad de presidente de la Asociación de Arquitectos de T.I. de Costa Rica, fui invitado a participar. Nos dieron un bosquejo del guión, con las preguntas. Hicieron varias tomas y luego armaron la nota y la transcribieron, incluyen la voz en off, la presentación y las intervenciones de los diferentes entrevistados. Dicha transcripción nos la envían de vuelta antes de la edición para que revisemos y hagamos aclaraciones o comentarios. Algunos de los entrevistados deben pasar eso a su departamento legal para que aprueben la salida al aire. Incluso enviarán el video ya editado para una revisión final. ¿Diferencia? Sí, yo diría que abismal.

Pero la parte más importante que quiero rescatar es que es muy probable  que un periodista, en un tema que no es su campo, malentienda o redacte una nota con errores de concepto. Y no digo que sea su culpa, es algo que es esperable. El uso de un experto para la elaboración inicial de la nota es imprescindible, pero no es suficiente. Se requiere que un experto, incluso uno que no haya participado en la nota, la revise para detectar errores. La calidad de la nota se incrementaría. Y según entiendo no hay ningún costo: al menos yo no he cobrado un cinco por ninguna de las entrevistas dadas, y no soy el único que sabe de un tema en el país.

He publicado la aclaración de conceptos para el artículo de Java y otros en medios sociales. Y en la medida de lo posible he contactado a los periodistas para hacerles ver el error detectado, porque probablemente estén muy seguros de lo que escribieron. Y lo seguiré haciendo, porque justamente es mi deber como experto en mi campo. Pero le pido a los periodistas ayuda: por favor, validen sus notas con expertos después de la redacción y edición pero antes de la publicación. ¿Se puede?

Por último, hago un llamado a los lectores: validen las informaciones, contacten a conocedores, lean las referencias, siempre busquen una segunda opinión.

Quedo a sus órdenes.

Los secretos, el estado y lo que se quiere esconder.

Ante la pregunta de si el Estado Costarricense debe tener secretos (presentada como tema sugerido en “¿Debería el Estado Costarricense tener Secretos?“), es para mí obvio que la respuesta no puede ser otra que sí. Es imposible trabajar a nivel internacional si tener informaciones o trabajos que no deban ser conocidos por otros gobiernos o grupos (mafias por ejemplo), sea esto de forma temporal o sempiterna. Información sobre seguridad nacional, diplomacia y similares no pueden estar siempre abiertas a cualquier ojo.

Claro, esta idea del secreto es tentadora, puesto que el mal pensado tiende a buscar esta excusa para ocultar información indigna. Ante esto, nuestra constitución más bien es ejemplar: en su artículo 30 dice que “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. Esto es, el secreto de estado es la excepción, fuera de ahí todo debe ser transparente. Es más, tampoco es válido pensar que cualquier cosa puede ser secreto de estado ni que su categorización es implícita. Pueden existir informaciones concernientes a la lucha contra el narcotráfico o negociaciones con otros países que no son secreto de estado. Lo pasan a ser en el momento en que se declara. Si dicha información es hecha pública antes de la declaración, entonces pierde sentido y responsabilidad. Es claro.

Alquien comete delito si, a sabiendas que hay una información declarada secreto de estado, urga para encontrarla y leerla (Espionaje, 288 Código Penal) ¡aunque no lo logre! Y si lo logra y encima la divulga, entonces es peor (286, Código Penal). Pero para que se pueda aplicar esto, la información ya debe estar declarada secreto de estado.

Ahora, dirán que la frase en los artículos 288 y  286 no dice explícitamente Secreto de Estado, sino Secretos Políticos. Pues tienen razón, esos secretos no existen. Pueden entenderse como secretos de estado. La ley debiera ser reescrita con las palabras correctas. Si dicha ley estuviera hablando de otro tipo de información y no sobre secretos de estado, entonces sería inconstitucional por el mismo artículo 30 de la constitución, que sólo hace una excepción a la transparencia. Así de simple es.

Por tanto, los secretos de estado si son necesarios, pero estos no pueden ser cualquier cosa. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si lo que se divulga es, digamos, la correspondencia entre dos ministros, que aunque diga cosas atroces, es una correspondencia privada, entonces nos estamos metiendo en problemas pero con el artículo 196 del código penal.

Cuidado.

Delitos Informáticos: Análisis de los Ajustes al Código Penal

Ha sido firmada por la presidencia una ley (9048) que busca la reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII (Delitos Informáticos) del título VII del Código Penal. ¿Qué cambian? La idea es modernizar la legislación para tipificar el uso de tecnología de forma indebida como  un hecho agravador del delito. Esto es, muchos de los cambios incrementan las penas si estas involucran el uso malicioso de tecnología. Ahora bien, la idea está genial, pero hay una preocupación general por dichos cambios, siendo el gremio periodístico el que más ha alzado la voz, particularmente porque se está ajustando la legislación en lo referente a su materia prima: la información.

Es común que el temor se apodere de los profesionales cuando les tocan su machete de trabajo o su plantación,  y también es común escuchar afirmaciones que puede no tengan mucho asidero si se leen las leyes tal cual son, para bien o para mal. Es por eso que me gusta leer dichas leyes y compartir lo que entiendo. No soy abogado, pero se leer, y las palabras usadas de forma literal es lo que trato de confirmar. En este post revisaré los cambios uno por uno y presentaré mi opinión sobre los mismos, según lo que entiendo a como está escrito. Veamos.
Artículo 167. Corrupción. Este es uno de los más publicitados. He leído que se firma esta ley para proteger a nuestros niños de la corrupción a la que son objeto por seres indeseables. Pues bien, el 167 original pone pena de 3 a 8 años a quien promueve o mantenga en corrupción a menores, a menos que el delito sea más grave. El nuevo 167 dice casi lo mismo, pero incluye una sanción de 4 a 10 años si se utilizan medios informáticos para el hecho (como buscar o promocionar encuentros). Ahora, el problema es que la nueva versión elimina lo de “siempre que no constituya un delito más grave”, cosa que podría en cierto caso evitar penas mayores. Habría que consultar porqué eliminaron tal frase. Otra cosa que me extraña es que no se haya incluido ajuste a los artículos 173 y 174 que se refieren a la producción, tenencia y divulgación de pornografía infantil.  Los dos artículos son bien amplios y cubren el caso de usar medios informáticos para esos delitos, pero como dije muchos de los ajustes tienden a endurecer las penas si el hecho se da con tecnología informática, y aquí no se da ese agravante.
Artículo 196.  Este artículo busca evitar que mi correspondencia privada (entiéndase algo que yo envío o comunico a otra persona explícitamente), sea vista o apropiada por un tercero que no tenga vela en el entierro. El 196bis original también da penas diferentes si esto se hace violentando la información en medios de soporte informáticos (las suaviza), pero si son los encargados de dicho soporte las mantiene. Ahora, el nuevo 196 cambia varias cosas. Ajusta las penas, en el caso de las comunicaciones. En el 196bis Reforma el texto para que no se refiera a una comunicación, sino a la información en general contenida o recolectada en cualquier medio (datos personales dice el título, pero no aclara qué puede contarse como tal, así que se puede asumir cualquier dato). Es decir, puede ser información que yo guarde en cualquier contenedor. Si es usada sin mi permiso o para un fin diferente para la cual fue recolectada, hay cárcel. Ahora, esto se complica porque esto incluye a las redes sociales de forma explícita. Igual, las penas se agravan si quien comete el hecho es el encargado de la parte informática, pero también como dice el inciso b), si los datos están contenidos en bases de datos públicas y son de carácter público. Este inciso es muy problemático, porque entonces cualquier acceso a información que esté pública en redes sociales que pueda poner en “peligro la intimidad o privacidad y sin autorización de un tercero” da pena de cárcel. ¡En redes sociales es lo que más pasa! Siendo extremos, compartir un comentario de alguien o una foto que pueda ser “peligrosa” implica de 4 a 8 años de cárcel.

Artículo 214. Extorsión. Se incrementan las penas si la extorsión se realiza por medios informáticos. Bien.

Artículo 217bis. Fraude Informático. Ahora ya se pasaría a llamar “Estafa Informática”. Queda más explícita la tipificación. Si alguien causa perjuicio a otro en beneficio propio o de un tercero haciendo funcionar mal un sistema, va para la cárcel, pero con penas un poco más bajas. Eso sí, si el daño es contra lo público o bancos, la pena es más alta, sin importar si es externo o interno a la institución atacada. En este punto en lo personal hubiera incrementado la pena aun más si el trabajo es interno, porque es mucho más sencillo y es de los más típicos.

Artículo 229bis. Alteración de datos y sabotaje informático. Ahora se llama “Daño Informático”.  Es cuando alguien sin permiso echa a perder información de un sistema. Suaviza las penas de que antes eran de 1 a 4 años, pasando a ser de 1 a 3 años. Antes, si por esa echada a perder de los datos, el sistema se inutilizaba o se entorpecía, podía ir a la cárcel por 6 años. Esta figura se elimina, y solo se pondrá esa pena si los datos son insustituibles o irrecuperables. Esto podría calificarse de retroceso, porque ataques como los de negación de servicio quedan entonces con penas menores si se dan por la vía de modificación de datos. Sin embargo, esta parte de sabotaje se contempla en el 229ter, que expande el concepto a cosas como si el ataque es por saturación, donde los datos no son modificados, donde dichos ataques sí quedan contemplados.

Artículo 288. Espionaje. Este es otro de los artículos que la prensa está catalogando como malo para el gremio. En la versión original se establece penas para el que “procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad”. El término “informaciones secretas políticas” es usado exactamente igual en el nuevo artículo 288, por tanto las lecturas sobre introducción de un nuevo tipo de delito que amordaza la prensa basadas en tal término no caben. El nuevo artículo si incrementa la pena si esto se realiza por medios informáticos. Aquí lo malo es que no arreglaron el término. No existen informaciones secretas políticas, la constitución habla de secretos de estado. Este artículo quiere defender informaciones críticas de gobierno y seguridad que deben mantenerse en secreto, y cuya divulgación beneficiaría a delincuentes o produciría daños a los procesos gubernamentales (como publicar la carta de respuesta a la Haya antes de que se conozca, y dar ventaja al país contrario por ejemplo). Pero eso no se tipifica bien, porque eso no es político, el término no es el correcto.

Artículo 299. Se le agrega el inciso 6) que incluye cuando el daño agravado se da contra la parte informática.

Ahora, viene un grueso del cambio, y es la reescritura de la sección VIII del título VII que ahora será: Delitos Informáticos y Conexos.

Artículo 230. Suplantación de Identidad. Este pena a los que crean cuentas diciendo que son otras personas existentes o incluso que hackean las cuentas reales para postear contenido. ¡Esto incluso cuando no se haga daño a terceros!  Ahora, este artículo también afectaría, según dicen, a los anónimos que usan cuentas falsa o inexistente, pero la pena será sólo si se causa daño a terceros. Esto es delicado porque hay muchos bloqueros y twiteros con este tipo de identidades y tendrán que cuidarse de lo que dicen, quedan muy vulnerables.

Artículo 231. Espionaje Informático. Básicamente hacking para obtener información y lucrar con ella será penado con cárcel.

Artículo 232.  Básicamente está penando todo lo relacionado con malware, desde la producción hasta la distribución y la ingeniería social. Todo me parece bien a excepción del inciso d), que pena la distribución de programas para crear malware. Los que llevamos cursos de Ethical Hacking para seguridad, recibimos este tipo de programas como parte del conocimiento para atacarlo. Este inciso puede afectar tales cursos y mejor es consultarlo.

Artículo 233. Este pena la suplantación de sitios. Cuando me hago pasar por el sitio de un banco por ejemplo, siempre en perjuicio de terceros. Claro, este no aplica para los defacements, cuando atacan un sitio legítimo para cambiarle “la cara” como ha pasado ya varias veces.

Artículo 234. Pena a quien facilite la ejecución de un delito, como prestar la red  o la compu o cosas de esas.

Artículo 235. Este duplica la pena del delito si este obstaculiza la lucha contra el narcotráfico. Esto tiene conflicto con el 288, dado que ahí se indica que se da de 4 a 8 años si afecta la lucha, así que no queda claro si serían 8 a 16 o si este no aplica para el 235.

Artículo 236. Difusión de Información Falsa. Este último pena la difusión de falsedades, pero cuando dichos hechos pueden causar daño a la seguridad, a la estabilidad del sistema financiero, etc.

Vistos todos los cambios, la ley es robusta pero mejorable. Se ha incluido penas para la mayoría de las acciones ilícitas de hackers. Sin embargo, quedan por fuera faltas por responsabilidad en la implementación de medidas de seguridad. Por ejemplo, si por negligencia un banco provee acceso poco seguro a la información confidencial o financiera y por eso el cliente sufre un daño, no se contempla pena para el primero. No estoy seguro si una figura así aplica.
Saludos.

Sobre el Colegio de Artistas y otras tonteras

Hay un proyecto de ley, el 18208, que propone la creación de un colegio federado de artistas. De buenas a primeras, este proyecto promete ser otra tontera mas de los diputados, ya que restringe de la manera mas discriminatoria, a “ejercer” el arte a solo los colegiados. Esto implicaría adios a muchas manifestaciones artísticas que son realmente el alma de nuestra tierra. En fin, una buena reflexion hecha por José Solano se puede leer en La Nacion: http://www.nacion.com/2012-04-05/Opinion/ni-pies-ni-cabeza-ni-sentido-comun.aspx

Ahora, Leyendo el texto del proyecto, me encuentro que el artículo de integración, (2) de dicha ley también incluye aquellos “con grados universitarios reconocidos o que, sin contar con los estudios formales, posean un grado artístico, de conformidad con la Ley N.º 8555, Integración del Régimen Artístico al Estatuto de Servicio Civil, Ley N.º 1581, mediante la adición de un título IV.”

En esta ley (http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp?param2=&nValor1=1&nValor2=58418&nValor3=0&nValor4=NO), se indica:

“Artículo 212.—Servidores artísticos. Para los efectos del presente título, son servidores artísticos los servidores del arte que han adquirido la destreza para realizar e interpretar obras artísticas, haciéndolo de manera permanente o habitual y en forma remunerada o con derecho a retribución económica y así conste por nombramiento de la institución o del órgano respectivo.” O sea, vuelve a incluir a los “no profesionales”, siempre y cuando se logre obtener remuneración y se haya adquirido destreza. PERO… para eso hay que demostrarlo y ser calificado. Los grados propuestos son: a) Artista iniciativo. b) Artista acrecentante. c) Artista posicionado. d) Artista consolidado.e) Artista emérito.

Como se podrá ver, no hay escape a ser sometido a una evaluación para obtener un grado y ser tomado como artista.

Yo soy cuentacuentos, pero como no hay carrera universitaria ni me gano la vida con esa actividad ni lo hago regulamente, no soy profesional. De querer cobrar, tendría que certificarme, sea con el registro civil o con alguna otra instutición garante de poder decir “si, este chavalo es un cuentacuentos por esto y esto”.

Ahora, hay otros artículos nefastos como la negativa a ejercer si no se pertenece al colegio, incluso de forma privada. Tan estúpido es que entonces ningún productor podría traer a Shakira si esta no se colegia primero. Pero eso son otros 100 pesos.

Los parámetros para llamarme “profesional” son similares en muchos lados: Laborar (remuneradamente) en mi oficio, que dicho oficio tenga un cuerpo de conocimiento aceptado mundialmente y que haya una manera de evaluar que yo ciertamente conozco del mismo. La idea de un grupo que habra espacios es interesando, pero si hay que afinar el resto de tonteras que indica la ley sobre pertenencia y permisos de ejercer. Por dicaha dicen que se engavetará, pero si es importante tomar en cuenta que falta por mejorar en lo que respecta al quehacer cultural y artístico, y leyes que ayuden son bienvenidas, pero que sean hechas por personas que entiendan que no es tomar cualquier ley de algo mas y hacer un reemplazo de términos en word.