IVM: De Despidos e Incrementos

Vamos por partes.

1. Autonomía de la Caja. La caja es una entidad autónoma con rango constitucional. Esto es, la caja no puede ser dirigida a golpe de tambor por el gobierno central. Por eso, hay una presidencia ejecutiva pero también una junta directiva que toma decisiones y esta está compuesta por representantes de diferentes sectores. El presidente puede mandar directrices, que son solicitudes para ser consideradas, pero la decisión recae absolutamente sobre la junta directiva. La presidencia ejecutiva es la representante del gobierno en esa junta, y es seleccionada para que haga un trabajo técnico. El problema se da cuando en trabajo técnico va en contraposición a la visión política. Es en ese momento que se da un conflicto ético: actúo correctamente como lo técnico dicta o actuó en contra de lo profesional para ser “leal” a la visión política. Así, el presidente puede poner a una persona profesional con maestría técnica en el asunto o un títere político para tener injerencia en la instutición autónoma.

2. Despido de Doña Rocío. No fue porque se le encontró un fallo en su análisis técnico, no fue porque hizo mal el trabajo de dirección, no fue porque fue negligente, fue porque no acató una orden política del presidente. Es decir, es claro que el gobierno central no quería a una persona técnica en el puesto sino un títere político. El despido se da básicamente por traición al gobierno, pero tiene un trasfondo populista: la norma del 1% era impopular y eso en año electoral es pecado mortal que no tiene perdón. Así, el presidente da un golpe de autoridad político, se pide renuncia por ir en contra de gobierno pero no por incompetencia. Doña Rocío es una persona que me ha parecido profesional y de hecho me ha agradado en ocasiones anteriores donde igualmente se ha plantado en su decisión técnica y en contra de decisiones políticas desacertadas. Ahora, ¿Despido? En esas instancias no existe el despido, se apela a la honra de la persona y se le solicita que presente la renuncia. Esto es, se les pide que renuncien a las prestaciones y con la intención de que el gobierno quede con las manos limpias y que la persona no pueda hacer mucho reclamo como cuando el despido es injustificado. Si alguien piensa que eso suena a un régimen totalitario y de terror, pues es así.

3. Aumento del IVM. Aquí, como es costumbre mía, voy a ir contra corriente. No hay chocolate sin cacao. El IVM es un régimen de pensiones contributivo de capitalización colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo me uno al régimen y debo aportar un porcentaje de mi salario. Ese monto no es mío, sino que se capitaliza colectivamente, es de todos. Así, mi dinero deja de estar a nombre mío y pasa al de la colectividad y puede ser usado por esta. En el régimen están los que cotizan y los que reciben pensión. Los que reciben han cotizado con anterioridad. Es claro que con el dinero que yo cotizo ahora, se está pagando la pensión de los que ahora están jubilados. Así funciona. La administradora de ese régimen crea un fondo de pensiones con la plata y puede, bajo ciertas normas de protección, hacer inversiones para incrementarlo. El IVM es administrado por la caja y sobre él no tiene injerencia el gobierno central, aunque dá un subsidio. De cada salario reportado a la Caja, obligatoriamente se recauda un 11.16% que irá al fondo. Esto lo aportan patrono, trabajador y estado de la siguiente forma: 5.75% el patrono, 3.5% el trabajador, 1.91% el estado. Con base en estudios actuariales, se determina si se requieren ajustes a ese porcentaje. La idea es que yo tenga mi pensión asegurada cuando me llegue el tiempo. ¿Qué afectaría ese fondo? Cosas como que el estado no pague su parte (sabemos que tiene una gran deuda), que la gente se pensione más y no se muera (nuestra expectativa de vida ha subido con las mejoras médicas y el cambio en los hábitos de vida), que no haya tantos trabajadores (sabemos que hay menos jóvenes, muchos de ellos no trabajan, hay otros que no cotizan). Si esas cosas pasan, es claro que el fondo no va a soportar y hay que tomar decisiones. Ahora, administrar el fondo no es sencillo. Ha habido ajustes en la ley y en el otorgamiento de pensiones que impactan grandemente. Por ejemplo, aquel asunto del retiro anticipado golpeó de manera increíble el fondo, otro pequeño ajuste a la regla de la pensión mínima hizo que muchos se acogieran a eso antes de terminar de cotizar y golpeó la recaudación. Pagos que hizo el gobierno con bonos obligaron a la junta a invertir en unidades de desarrollo (¿se acuerdan?) y terminaron perdiendo plata por tipo de cambio. Ahora, otra ley que permite que docentes en el IVM se pasen al del Magisterio, llevándose todas sus cuotas. ¿Qué se puede hacer? Necesariamente se ocupa incrementar el fondo y no hay muchas opciones: o se incrementa la edad de jubilación o el monto de la cotización. La plata no aparece por generación espontánea y de fijo no hay oportunidad de obtener lo que falta apunta de inversiones. Así las cosas, si queremos tener pensión hay que pagar más. ¿Injusto? Si nos vamos al Magisterio, los docentes están cotizando de un 8% a un 16% de su salario. Compárelo con el 3.5% del IVM. Cotizan incluso más que el patrono en IVM. Por eso la pensión del magisterio da un monto más alto de jubilación y otros beneficios. ¿Será un platal ese 1% que me van a quitar, me moriré de hambre? Ese monto se rebaja a los que cotizan. Si usted gana menos del mínimo por ley, le aseguro que no está cotizando. Si yo gano 100 000 colones al mes, ese 1% representa mil colones. De hecho, como es escalonado, serían en realidad 500 colones lo que me rebajarían por mes. Hay gente que no come porque no tiene 500 colones, es cierto, pero esa gente no gana 100 mil colones y posiblemente no está cotizando.  Haga el ejercicio, ¿Cúanto gana? Saque el 1% y dígame si quedará en la miseria absoluta. La cantaleta es que golpeará a los que menos ganan: los que menos ganan no están cotizando. Los que cotizan y ganan un salario mínimo, digamos jardinero que gana 10800 colones, pagaría 10.8 colones. Si queremos discutir el impacto, ocuparía que los que se oponen den un estudio de cuántas personas dejarán de comer por ese rebajo. Solo porque lo dicen no se vale, no se puede tomar por cierto, debe haber un estudio justificante. Si son millones de trabajadores, tenemos un problema. Si son unas 50, se podrían poner en una lista de excepciones, porque no podemos poner en peligro la pensión de todo un país por unos cuantos casos.

Si quieren ver las discusiones que pasan en el seno de la Junta directiva de la caja, vean esta acta (006-2017) donde se discute lo de la UCR.

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