UBER y el problema de la liberación de servicio

He oído mucho sobre UBER y la exigencia de ciertos usuarios para que se libere el servicio de transporte. Eso está muy complicado; intentaré explicar un poco el por qué:

Oferta y demanda. En microeconomía se observan tres variables: la demanda (solicitud de un bien o servicio), la oferta (que es el el brindar el bien o servicio por medio de un proveedor) y el precio (que paga el que demanda al que ofrece). Las reglas dictan que, si mantenemos el precio fijo, si hay demanda, habrá oferta que intente cubrirla si el precio da alguna ganancia. Ahora, si la demanda sube, la oferta subirá. Si la demanda sube mucho y la oferta no puede subir (por la capacidad de los proveedores, por ejemplo), el precio es el que comienza a variar, y se hace más caro. Por el contrario, si la demanda baja, el precio tiende a bajar. Llegará un punto en el que el precio es tan bajo que no tiene sentido ofertar porque se tiene pérdidas, y en ese momento la oferta disminuye.

Esta dinámica afecta la calidad y disponibilidad de los servicios. Por ejemplo, en lugares altamente poblados con mucha contaminación, hay mucha gente y muchos enfermos, por tanto, una clínica privada sería un buen negocio. Llevarían ahí a muchos neumólogos para suplir la demanda de problemas por la contaminación del aire. Pero entonces, en el pueblito fresco y natural, alejado de la ciudad, donde viven personas saludables y pocas, no es negocio poner una clínica porque casi no hay demanda y el precio debería ser demasiado alto.

Entendido lo anterior, en TODO EL MUNDO, los gobiernos dejan a la oferta y demanda los bienes y servicios que no son fundamentales, mientras que los esenciales como el agua, la electricidad o las telecomunicaciones, se vuelven candidatos a ser controlados para que las leyes de oferta y demanda no hagan estragos. El agua, por ejemplo, la controla el gobierno y este tiene la obligación de velar porque el líquido llegue hasta el más recóndito lugar donde haya un ciudadano. Para hacer esto, el gobierno declara el servicio como público (que sólo el gobierno puede brindar) y con esto se saca del derecho privado. El gobierno entonces puede crear una empresa de servicio, que velará para que todo el país tenga dicho servicio. Dicha empresa tendrá pérdidas en los lugares remotos, por eso se trabaja con un sistema de subsidios, en donde el precio para los lugares más rentables y para los consumidores de mayor poder adquisitivo, es mayor para poder subsidiar el precio/costo de los lugares remotos. Así, solidariamente, todos tiene el servicio.  El ICE es un ejemplo: el pueblo más remoto tiene su teléfono público gracias al precio que pagamos los que tenemos telefonía fija.
La otra opción es que el gobierno ofrezca el servicio en concesión para que empresas privadas brinden el servicio. La concesión es un contrato donde la empresa se compromete a dar servicio aún en lugares no rentables y donde incluso se regula el precio que puede cobrar por medio de fórmulas que garanticen un precio justo al consumidor y a la vez den ganancia a la empresa.

¿Qué pasa si un servicio así se libera? Pues entra a jugar con leyes de oferta y demanda, el precio puede subir hasta que ciertos sectores no puedan pagarlo, habrá lugares de baja demanda que no tendrán el servicio, etc.

Pues bien, uno de esos servicios es el de transporte. ¿Sólo Costa Rica lo considera esencial? No, muchos países alrededor del mundo consideran el transporte como esencial para que lo administre el gobierno. En particular en Costa Rica, el transporte definido como público es el remunerado de personas. Por tanto, nadie puede dar servicio remunerado de personas sino sólo el gobierno, y este ha establecido un sistema de concesión y permisos para que manos privadas den ese servicio. Cualquier proveedor que de ese servicio sin permiso, está cometiendo un delito. Aclarado esto, el gobierno exige una serie de compromisos para poder dar los permisos: antigüedad de los vehículos, entrenamiento de choferes, pago de cánones, fijación de tarifas, exigencia de dar el servicio durante las 24 horas del día y en todas las zonas geográficas, etc. La idea es que el servicio de transporte sea universal y a un precio justo.

Cuando usted se sube a un taxi o a un autobús, está pagando no solo el viaje, sino que sustenta el costo operativo: gasolina, empleados, mantenimiento, incluso el precio incluye un sobreprecio para mantener a las instituciones del estado que regulan el asunto, como el CTP.

¿Qué pasa cuando entra un proveedor de servicio no regulado a competir? Muchos dicen que todo mejora porque hay competencia y hay nuevas alternativas del proveedor que tiene mejor calidad. Podría ser cierto, pero también es cierto que crea una disrupción del control y el balance. Un proveedor no regulado no tiene los costos ni las restricciones que sí tienen los de concesión. Por tanto, trabajaría en la zona de mayor demanda y mejor precio, reduciendo la demanda para el sector regulado, lo que impacta directamente en el ingreso y lo hace insostenible (recordemos leyes de oferta y demanda). Como el precio en esa zona está ligeramente inflado para dar soporte a otras zonas de menor demanda, será obviamente mayor al precio que podría ofrecer alguien no regulado. El no regulado no tiene por qué dar oferta en la zona de menor demanda tampoco, ni tiene que pagar para mantenimiento del CTP por ejemplo. Por tanto, el gobierno no puede permitir que un proveedor no regulado entre a competir en un servicio público.

¿Qué hacer? El servicio público ofrecido apesta, y no se puede mejorar (mucho debido al pobre poder fiscalizador del estado, cosa que es natural en la competencia abierta). Bueno, en las telecomunicaciones tenemos una apertura de un servicio público como buen ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Los competidores del ICE entraron, pero regulados: los precios están siendo fijados con límites inferiores para evitar tretas como el “dumping”, y se exige un balance solidario como cobertura nacional, por ejemplo. Para el servicio de transporte se puede hacer algo similar. En lo que no estaría de acuerdo por todo lo expuesto, es en el liberar el servicio para que sea competencia pura y basado en oferta y demanda. Esa propuesta denota una gran ignorancia sobre cómo funcionan los servicios esenciales y su protección y me asusta que vengan incluso de diputados que uno consideraría tienen algo de inteligencia.

¿Puede UBER entrar entonces a ser regulado? Es algo complicado, por el modelo de negocio que tiene UBER. Los choferes no son empleados de UBER, son contratistas, por tanto, UBER no puede asumir cosas por ellos. El modelo busca también trabajo de tiempo parcial (donde un chofer puede andar con pasaje por un par de horas, un día sí el otro no, totalmente libre). El modelo se basa en un microsistema de oferta y demanda, donde el precio es muy fluctuante justo por tener una oferta y demanda muy dinámicas. Todas esas cosas tendrían que ser reguladas: UBER tendría que ofrecer servicio a lugares de baja demanda, con un precio más controlado, etc. En algunos lugares se han simplificado la vida y han pedido a UBER que pague un Canon y cumpla con algunas reglas y ya, pero eso quita mucho control al servicio y no disminuye la disrupción indicada arriba. Por tanto, es una discusión mucho más compleja y técnica que debe darse fuera del facebook, por ejemplo.

¿Estamos ya más claros?

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