UBER y la Ley

¿Es UBER ilegal? No, al menos que yo sepa. De hecho mucha gente está dando sus interpretaciones, incluyendo a abogados reconocidos y diputados, tanto que quise hacer este post donde sumarizo las propuestas y les doy mis comentarios basado en la legislación que he leído y lo que entiendo.

Primero quiero aclarar que no soy abogado, pero sí aficionado a discutir leyes. Lo que aquí digo queda abierto a ser refutado con fundamento y se agradecen las correcciones.

Procedamos entonces:

La legalidad de la tecnología.
Mucha gente repite sin sentido que prohibir a UBER es como prohibir a Skype o Netflix. Primero hay que aclarar que nadie ha dicho que UBER sea ilegal. UBER es una empresa que ofrece la capacidad de poner en contacto a un usuario y un proveedor de transporte utilizando la tecnología móvil. Nadie está en contra de eso, de hecho en el país ya funcionan otras dos aplicaciones, Easy Taxi y Taxible, que hacen exactamente lo mismo.

El problema no es la tecnología, sino el bien sobre el cual se ofrece el servicio. Hace años se pretendió defender al ICE porque supuestamente Skype competía en el ámbito de las telefonía. Eso no fructificó simplemente porque el medio utilizado era internet y no había regulación sobre eso. Igualmente, Netflix utiliza internet, si usara el espectro nacional para transmitir, tendría que estar concesionado. Pero no es así, por lo que Netflix tampoco estaría siendo prohibido, eso es absurdo.

Igualmente, UBER no puede prohibirse por su uso de internet o tecnología. El problema real es que el servicio de UBER une a usuario y proveedor de servicio de transporte remunerado, el mal llamado chofer UBER, y este proveedor debe estar bien con la ley. Pero, los conductores que se afilian a UBER no están a derecho, por no tener permiso ni concesión. Ese es el problema, los conductores, no el servicio UBER.
La falacia del servicio esporádico.

Muchos también comparan UBER con ejemplos como: “si una compañera de trabajo va para donde yo voy, la llevo, y ella me paga, ¿estoy también de ilegal?”. Dentro del sentido común, una golondrina no hace verano. Si yo le vendo a un compañero de trabajo un DVD viejo que yo tenía, no me convierto en vendedor de DVDs. Si tengo una venta de garaje el fin de semana, no me convierto en dueño de bazar. Y, más relevante, si me inscribo en una página de venta de autos, para vender mi carrito, no me convierto en comerciante de autos. Todas son acciones esporádicas, como bien lo menciona don Jaime Ordoñez en su exposición sobre el ámbito privado . Pero, claro está, si la actividad se vuelve constante, repetitiva, y consigo servicios que me permitan llevarla a cabo, estamos hablando ya no de actividades esporádicas sino de una actividad sostenida. En el caso de UBER, que una persona se inscriba como chofer, con el solo objetivo de que UBER le consiga clientes (porque para eso es la aplicación), elimina toda posibilidad de considerar eso como esporádico. Por tanto, no, no es lo mismo cobrarle a la compañera de vez en cuando que yo la llevo. Incluso si la llevara todos los días, eso es esporádico y no constituye una actividad comercial. Meterse en UBER sí lo es.

El caso del ámbito privado.
Muchos apelan a que UBER, o los choferes inscritos en la plataforma, brindan un servicio en el ámbito de lo privado, por lo que se rigen por el derecho privado y no puede ser prohibido por el gobierno. Así lo entiende don Jaime, referenciado arriba. Incluso Otto Guevara, en su artículo en La Nación habla de que dicho servicio es privado, usando como soporte una opinión jurídica de la contraloría OJ-127-2001 (en realidad es la OJ-127-2000) y el Criterio de procuraduría C-226-2002. El primero, dice don Otto, explica lo que debe diferencia un servicio público de uno privado y el segundo lo ratifica de manera vinculante por ser un criterio. Ahora, uno de las conclusiones más importantes de estos dos textos es “El servicio de transporte que presta un grupo de personas a otras ( que constituye un grupo cerrado), que no involucra elementos propios del servicio público de transporte, es jurídicamente posible en nuestro medio. La relación entre ellos estaría regulada por el Derecho Comercial.”. Esto es, estos pronunciamientos del 2000 y el 2002, declaran que se puede tener un servicio de transporte privado, siempre y cuando no sea público. Ajá. ¿Qué es público? Ante esto, la misma procuraduría dice: “A nuestro modo de ver, una solución acorde con el Derecho de la Constitución ( valores, principios y normas) en este caso, consiste en que la Administración Pública defina por la vía reglamentaria, mediante Decreto Ejecutivo ( artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública), los elementos esenciales, inherentes o propios al servicio público de transporte, de conformidad con las normas técnicas y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen rango constitucional. Una vez establecido lo anterior, todos aquellos particulares que no cuenten con una concesión o un permiso para prestar el servicio público de transporte, que estén desarrollando una de esas actividades, deberán ser sancionados de conformidad con el ordenamiento jurídico. Fuera de esas actividades o conductas, las cuales estarían prohibidas para todas aquellas personas que no se encuentren en la situación que hemos descrito supra, los privados pueden desarrollar todas las demás e, incluso, inventar nuevas, ya sea través del contrato de transporte o mediante otras modalidades contractuales que ellos lleguen a crear.”

¿Qué significa eso? Que sí hay (en realidad, hubo antes del 2011) un servicio privado que se define como aquel que no es público, y la definición de qué es público no está clara para la procuraduría en ese momento y por eso sugiere la creación de un reglamento.

Pues, para aclararlo, en el 2011, mediante ley 8955, se cambió la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley No. 7969) y el código de comercio. El código de comercio, en su artículo 323, explicaba que el porteo era el transporte privado de personas y mercancía. Este “personas” es sobre lo que se basan los dos pronunciamientos que Otto indica. Con esta modificación simplemente se elimina el término “personas” y deja al porteo del código de comercio como transporte de mercancías y servicios. Esto deja sin efecto toda la discusión de ambos pronunciamientos. Para terminar de aclarar las cosas, la ley 7969 sufrió una modificación en su artículo 2, que ahora indica que todo servicio remunerado de personas es declarado servicio público, eliminando de facto la figura de servicio privado.

Bueno, dice don Otto que eso no es posible, que una ley así no podría pasar. Pero pasó y está vigente. Por tanto, nadie puede alegar que da un servicios remunerado de personas privado, porque eso no existe, todos son públicos y por ende sujetos a concesión o permiso.

Sobre la inconstitucionalidad de la prohibición.
Don Jaime y otros diputados, dicen que prohibir la prestación de servicios de transporte es inconstitucional. De hecho, si es así, la nueva ley 7969, modificada por la 8955 que mencioné arriba, sería inconstitucional, ¿no? En particular, afectaría el artículo 46 como dice don Jaime, pero también los artículos 28, 45, y 56, según opinaron algunos diputados que estaban cuando dicha ley se cambió. Bueno, luego de primer debate donde la ley se aprobó, la misma fue enviada a la Sala Cuarta para preguntar por unos vicios de procedimiento y sobre la inconstitucionalidad de dicho cambio de ley en los artículos arriba mencionados. Pues la resolución Nº 2011-04778 de la Sala IV dice:
XVI.- El Estado, desde hace ya bastante tiempo, ha considerado la actividad de transporte de personas como una necesidad social imperante cuya vigencia resulta esencial, como condición fundamental para el mantenimiento del estado de derecho y la paz social. Por esta razón ha promulgado una serie de leyes siendo, actualmente, las más importantes en esta materia la Ley Reguladora de Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores (Ley No. 3503) y la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi (Ley No. 7969), cuya reforma se conoce en esta consulta. En el último quinquenio, es público y notorio que este tema del transporte de personas ha ido adquiriendo mayor trascendencia para la sociedad costarricense, no sólo desde el punto de vista social sino también económico, hasta convertirse en un tema de interés general, que va más allá de la satisfacción de una necesidad meramente privada, requiriendo la intervención del Estado para darle una solución. El Estado –en este caso el legislador ordinario- puede, dentro del marco permitido por la Constitución Política y las normas de carácter legal, optar por la solución que considere más oportuna. Como recién se dijo, una de esas posibles soluciones es regular dicha actividad y declararla servicio público, que es precisamente lo que hace el proyecto consultado, cumpliendo, necesariamente, con los dos elementos antes señalados. En virtud de lo expuesto, la Sala no estima contraria a la Constitución Política la reforma al artículo 2 de la Ley número 7969 para considerar el transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi un servicio público del cual es titular el Estado y que se explotará mediante la figura de la concesión administrativa o el permiso en el caso de servicios especiales estables de taxi.

XVII.- Como consecuencia de declarar servicio público el transporte remunerado de personas en la modalidad taxi, en cualquiera de sus dos formas de prestación, el proyecto de ley consultado reforma el artículo 323 del Código de Comercio para eliminar la palabra “personas” de dicho artículo y así eliminar el porteo de personas. Con esta reforma el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la prestación del servicio de transporte de personas que en su totalidad ha sido declarado servicio público por el legislador y hace que sean otras las reglas del juego y principios jurídicos a aplicar: Los particulares se convierten en colaboradores de la Administración Pública en la prestación de ese servicio que, por sus características y la evidente existencia de un interés público, debe ser en principio, asumido por el Estado sin que estén de por medio principios y derechos que rigen las relaciones privadas, como lo son el principio de autonomía de la voluntad o la libertad de comercio. En consecuencia, el Tribunal estima que el proyecto de ley consultado no lesiona los artículos 28, 45, 46 y 56 de la Constitución Política.

Más que claro. El cambio realizado en el 2011 por medio de la ley 8955, declara que todo servicio remunerado de transporte es público, se rige por el derecho público, deja de existir la figura de transporte privado y eso no es inconstitucional.

Sobre el CAFTA.
Para cerrar, don Henry Mora, diputado, da una teoría sobre el efecto del TLC con Estados Unidos (CAFTA) sobre UBER.

Don Henry explica con muchos detalle y muy claro, cómo el artículo 11 del CAFTA le da la posibilidad a UBER de entrar como compañía de porteo, a como se entendía antes del 2011 (porque cambios en la ley no debería afectar a lo firmado en el CAFTA). Sin embargo, quedan algunas dudas que no las siento resueltas.

Dice don Henry, que en el CAFTA, Costa Rica negoció la liberalización y apertura de los servicios (incluido el transporte de pasajeros), por medio de listas negativas. Esto es, lo que se apunta en la lista no se libera. Dice don Henry que dentro de las listas se metieron varias leyes, incluyendo la 7969 discutida arriba (pero antes del cambio) y que pero no aparece ninguna medida disconforme (reserva) para el sector de transporte de pasajeros modalidad porte (o porteo). Es decir, el porteo quedó fuera de la lista. Ahora, según se tiene entonces, el país puede regular el servicio público, y dentro de las definiciones del CAFTA, el servicio de transporte se define como:

Clase 6431 : Servicios regulares de transporte de pasajeros por carretera (porteo)
 Clase 6432: Servicios no regulares de transporte de pasajeros por carretera (taxis)

Los primeros incluyen una subcategoría que es “una subclase que incluye servicios de transporte de pasajeros por itinerarios y con horarios predeterminados para un segmento específico de usuarios, por ejemplo, colegios o empresas” y a eso llama “Porteo”.

Luego dice que por CAFTA, usando el artículo 11, la compañía puede solicitar el ingreso al mercado nacional y pedir trato de nacional. O sea, podría pedir que se le dé el trato que tenían los porteadores en el año que se firmó el CAFTA.

La duda recae en dos hechos:

1.    UBER no es una empresa de porteo, son los choferes los que hacen contratos privados, no UBER, los choferes no son empleados de UBER y UBER no maneja ni tiene automóviles registrados a su nombre. ¿Cómo puede pedir entrar como empresa de porteo? Los choferes son nacionales así que ese artículo no les aplica, no podría exigirlo.

2.    La definición de Porteo con la que se firmó el CAFTA difiere de la que se tenía antes del 2011, porque indica itinerarios y horarios predeterminados para ofrecer el servicio, y siendo UBER por demanda, esa figura no calza.

Siendo así, no estoy seguro que el análisis aplique a este caso. ¿Qué opinan?

Sobre las comunidades de autoabastecimiento.
Bueno, hasta aquí lo que dice todo el mundo, pero tenemos que oír a UBER. La empresa dice que entra a funcionar como una Comunidad de Autoabastecimiento. Aquí La Nación me ayuda un poco porque no encontré mucho de jurisprudencia.  Esta figura no está en ninguna ley, pero se refiere a la capacidad que tienen ciertos grupos organizados de administrar servicios que son públicos, como el agua o la electricidad (e.g. las ASADAS). Según criterios de abogados, esto es un grupo privado que se auto abastece del servicio (de transporte) y por ende se rige por el derecho privado. ¡Pero ya vimos arriba que puede que eso no sea así!

De todas maneras, ser una comunidad de autoabastecimiento tampoco los exime de ser regulados. Si fuera un servicio como el de salud, por ejemplo, donde los miembros de la comunidad se autoabastecen de servicios de salud, si los miembros que ofrecen el servicio no están el colegio de médicos o ni siquiera son médicos, no podrían ejercer. ¿Cierto? Bueno, en este caso el servicio de transporte no sería problema si fuera gratuito, pero al ser remunerado se convierte en bien público que debe ser regulado. Y volvemos a lo mismo. Es más, una comunidad de autoabastecimiento usualmente debe tener un ente rector y estar registradas y autorizada, no todas las ASADAS están bajo la ley.  Así que el modelo escogido por UBER aún deja muchas dudas si le servirá o no.

Así estamos, estas son las ideas que andan por ahí. Todo apunta a que realmente el servicio planteado por los choferes es ilegal, a falta de resolver algunas dudas que posiblemente serán dirimidas en los tribunales.

4 thoughts on “UBER y la Ley

  1. Gracias por los comentarios.
    A don Ricardo, le explico: el transporte de personas se declaró bien público, lo que implica que sólo lo puede ofrecer el gobierno. Esto se hace usualmente para proteger al usuario, tal como es bien público el agua y la electricidad.
    Ahora bien, cuando el estado no puede ofrecer el servicio, se concesiona. Esto es, se da un permiso especial para que alguien privado ofrezca el servicio bajo control del estado. Así se concesionaron las carreteras, por ejemplo, o el muelle de Limón. En el caso del servicio de transporte, están los autobuses (a varias empresas privadas de autobuseros) y los taxis. Para los taxis se quiso hacer un bien social y se definió que las placas serian concesionadas indivualmente y para personas que requerían ayuda social. Como en todo, el asunto se ha choriceado. Eso no implica que no haya gente que viva de la placa prioritariamente porque lo necesita, sí los hay, pero también hay gente que se aprovecha. Eso me dice que el control está mal y que debe mejorarse, no que deba desecharse toda la idea.
    Ahora, sobre el bienestar del usuario. Le cuento que el servicio no está mal 100 %, en la calle se encuentran choferes uniformados, con taxis no muy buen cuidados, casi nuevos, amables, y que dan un buen servicio. Sin embargo, también hay muchos otros que echan a perder todo eso. La solución no es entonces eliminarlos, sino hacer ajustes para mejorarlos.
    Ahora, ¿Cómo? Mucha gente se equivoca al decir que eso es un monopolio. Eso no es así, el concepto de monopolio no aplica aquí, porque cada taxi es un oferente. Lo que hay es un control muy estricto y convierte eso en un OLIGOPOLIO; que es una figura diferente, donde falta competencia y se echa a perder el servicio. Hay maneras de romper el oligopolio, donde UBER puede por ejemplo entrar a competir, pero sería bajo los controles estatales.
    La otra es liberar el transporte para que no sea bien público, pero eso tendría consecuencias, como que en las zonas rurales no se esté dando el servicio o que el precio varie según la demanda y se haga restrictivo a ciertos estratos sociales.
    Espero esté más claro.

  2. Lo unico que esta haciendo es enriquecerse uno , y rompiendo muchas familia que llevan años en esto del taxi .

    cojan siempre un taxi oficial se va a acurrar en salud
    http://www.taximallorca10.com

  3. Lo que no se toca amigo aunque todo a nivel legislativo está muy bien explicado, es la necesidad del usuario. No es éste último el que debería tener opinión y derecho a elegir? Entonces estas leyes estan protegiendo y solapando un monopolio estatal que según la consulta general, mal consecionado, beneficiando a unos pocos, vós que estas en la investigación de leyes, me podrías explicar cómo funciona la conseción de taxi, según entendí esta conseción se realiza bajo el marco de “ayuda social” a quien se le otorga esta concesión, sin embargo vemos claramente que esto no es así. Tendríamos que entrar en un debate de leyes vs necesidades reales actuales y que claramente no fueron contempladas en estas leyes y artículos que describes y explicas arriba. Cómo es posible que para toda actividad privada haya “legalidad” y se exluya el transporte? Es que el estado quiere tajada y no la tiene? Siempre es así el bien del estado no es exactamente el bien de la comunidad. Para qué quieren captar más plata, si no saben administrarla? Por este simple hecho podría yo demandar al Estado acaso por no administrar de manera correcta los bienes que capta de mi persona? Son muchas las tangentes que se derivan de algo como Uber. Es con esto que empezamos a ver más y más defectos a nuestra obsoleta constitución.

  4. MUY BUEN COMENTARIO.
    AQUÍ UN AGREGADITO DE LO QUE ES UNA COMUNIDAD DE AUTOABASTECIMIENTO.

    https://www.dropbox.com/s/22lclgvximb1xqs/UBER%20COMUNIDAD%20DE%20AUTOABASTECIMIENTO%202015.pdf?dl=0

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