Reflexiones sobre el salario público de una periodista.

No puedo opinar mucho sobre la apreciación cuantitativa que ha hecho Ottón Solís sobre el salario actual de la profesional en comunicación Mishelle Mitchell, simplemente porque no estoy ni en el gremio ni en ese mercado. Sin embargo, me aventuro a realizar unas cuantas reflexiones sobre el concepto de salario y el problema que tenemos a nivel de empleados públicos.

Primero, aclaremos que un salario es, o debe ser, la paga justa por el trabajo realizado por una persona. La necesidad de ese trabajo en una empresa es un criterio que debe ser evaluado por la empresa misma y depende de muchos factores, incluyendo el tamaño, la estrategia, la misión y el mercado. El costo (yo diría inversión) que dicho trabajo representa, debe también establecerse por diferentes parámetros, que no escapan a las leyes de oferta y demanda, la calidad requerida, la cantidad de responsabilidad y los atestados de la persona. Por último, debe quedar claro que en un mercado competitivo, el sentido común indica que los costos han de ser minimizados y la ganancia maximizada, teniendo como topes justamente (en el tema de recursos humanos) la oferta y demanda de profesionales y la capacidad productiva de los mismos.

Ahora bien, teniendo lo anterior en claro, me llama mucho la atención un par de ideas presentadas en diferentes foros, como una que habla de dos grandes mundos, casi paralelos, que se rigen por reglas diferentes: el sector público y el sector privado. Es una realidad que son dos mundos y que tienen reglas diferentes, pero también es una realidad que ambos se nutren del mismo mercado de profesionales. No existen mercados aparte de profesionales públicos y privados, esto es, tenemos la misma fuente y por ende la oferta y demanda aplican por igual. En otras palabras, el sector público está en franca competencia con el sector privado por el recurso humano. Esto reduce a un absurdo la idea de que en el sector público, por ser el Estado, los salarios deben ser menores que en el privado. Esa idea ha causado diferentes problemas colaterales. Para competir, el Estado ha tenido que aprobar convenios que llenan de remiendos al salario para hacerlo competitivo. También ha provocado que los profesionales mejor calificados no estén en el gobierno (con algunas excepciones) y que el nivel de calidad obtenido sea inferior.

La otra idea que se ha puesto en práctica y es una de las más dañinas, es pensar al Estado empresario como generador de empleo y no como competidor de mercado. Con esta idea, las instituciones del Estado que tienen competencia, han olvidado que para competir hay que minimizar costos. En su lugar, se centran en generar la mayor cantidad de empleo, incluso puestos innecesarios, que no llevan a la institución a la quiebra pero tampoco la hacen competitiva. Esto es una táctica absurda dado que el nivel de desempleo no se resuelve así, y más bien hieren de muerte a la institución.

Con este panorama, la idea de Ottón de eliminar puestos superfluos es de aplaudir, pero el pensar que el Estado debe minimizar el salario sin tomar en cuenta el mercado es ignorancia pura. Ahora, de las declaraciones de Ottón no puedo asumir que él piense de esta manera, pero sí acuso que ha sido intempestivo en sus declaraciones y ha dejado a la opinión la posibilidad de que está tomando decisiones a la ligera, más con el hígado que con la razón.

Para poder eliminar puestos superfluos, hay que hacer un estudio que nos diga cuáles son las necesidades de la empresa reales, qué perfiles deben llevar a cabo tales tareas y determinar si las personas que están encargadas tienen dichos perfiles o si hay otros que puedan realizar tales tareas sin caer en sobrecargas. Un reacomodo de funciones no puede darse pasando tareas a cualquier persona.

Por otro lado, para poder bajar un salario, se debe partir del análisis anterior de perfiles requeridos, revisar el mercado, ver el costo de tales profesionales, analizar el nivel de productividad esperado, ver si nos da positivo y hacer presupuesto. La idea de llegar y decir que el salario más alto es tal y todos por debajo, sin tomar en cuenta el mercado, lo que logrará es una productividad menor, menor calidad y experiencia, o inopia.

Son los profesionales de comunicación colectiva y el sector bancario los que nos puede decir si el salario de la periodista, dados sus atestados, su experiencia, el tamaño de la empresa, el puesto y sus tareas, está acorde con el mercado. No podemos fijar montos antojadizos, ni ignorar los requerimientos. Si Ottón dice que el puesto de Mishelle está sobrevalorado y es innecesario, sugiero que lo pruebe con estudios de mercado que digan que ningún otro banco de ese tamaño tiene puesto o tareas similares o si las tiene están todas por debajo del salario de marras. Si la reforma se ha de hacer, debe hacerse correctamente. Cualquier otra opinión es hablar sin tener propiedad, cualquier acción precipitada basada en apreciaciones personales es irresponsable. Es así de simple.

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