Mythbusters: PAC 2014-2017 ¿Solo ha hecho la platina?

Me han dicho que hablé que en mi post sobre logros del gobierno pasado, relativamente poco de las obras de gobierno actual. Es cierto, me enfoqué en las cárceles, pero no mencioné otras obras importantes que sí mencioné en los otros gobiernos. Eso es importante porque del otro lado de la moneda, hay mucha gente posteando comentarios que dicen que este gobierno sólo hizo la platina y ni siquiera está terminada. Veamos entonces los que considero buenos logros del gobierno actual.

Educación. Primero debo decir que si me ponen a escoger, diría que la mejor ministra de esta administración fue doña Sonia Marta Mora del MEP. Al puro inicio se tuvo que enfrentar con huelga de trabajadores por culpa de un sistema con problemas heredados de la administración anterior, que no servía y pagó salarios equivocados a un montón de gente. Pudo sobrevivir a esa crisis. Pero lo más importante es que brilla en la generación de infraestructura. El gobierno pasado le dejó un fideicomiso de $167 millones, pero comenzaron a ejecutarlo en serio hasta ahora en el 2016. Sin embargo, antes no estuvieron de brazos cruzados, arreglaron un montón de centros educativos durante el 2015-2016 utilizando recursos propios (117 millones de colones) y 11 millones del fideicomiso. Con lo restante, planean crear 79 nuevos centros educativos y 24 canchas multiuso, algunos que serán entregados en el 2018. Un 45% de esos centros estarán en las zonas rurales donde hay más pobreza, y se construirá un Colegio Técnico Profesional en La Carpio. Todo eso me parece genial.

Hablemos del Puente al Desarrollo.

Esta es una estrategia de este gobierno que es muy interesante, y pretende primero ordenar la casa en cuestiones de ayuda social, y luego crear un plan de eliminación de la pobreza y no solo paliarla.

Han existido otros planes, pero la mayoría de las ejecuciones han sido asistencialistas. Es decir, se le daba plata a la gente. Se crearon un sinnúmero de instituciones de ayuda, que estaba desligadas y descoordinadas, había duplicación y muchas veces no se sabía dónde estaba la pobreza. Eso sin contar que el pobre era el que tenía que ir a buscar ayuda.

Con esta estrategia se creó un órgano que coordina a todas las instituciones para evitar duplicidades, se creó también una base de datos única que lleva el registro de los pobres (esa idea la propuso en su momento Johnny Araya y creo que gente del PAC la ridiculizó), se crearon mapas de pobreza, que no son más que la localización geográfica de los focos de pobreza en el país y que permite focalizar la ayuda. Se crearon los llamados co-gestores sociales, que no son más que trabajadores sociales que crean planes individualizados a las familias para que salgan de la pobreza y les dan seguimiento. Para medir la pobreza, se adopta el Índice de Pobreza Multidimencional (creado por la PNUD y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford), que mide la pobreza con 10 indicadores agrupados en tres categorías: Educación, Salud y Calidad de Vida (no solo con el ingreso como se media antes).

El proceso es así: con la base de datos de pobres y los mapas de pobreza, se identifican las familias que tienen más necesidades. El co-gestor las visita y les propone un plan de desarrollo. El plan tiene tres etapas: la primera es darles una asistencia social (dinero, becas de 75 000 colones) para que se mantengan (esto lo da el IMAS). A cambio, las familias deben capacitarse para encontrar empleo y poner su negocito (etapa de Protección Social y Generación de oportunidades, en esto se involucra el INAMU, INA, el MEP y la CCSS). La tercera etapa ya es la de independencia económica, donde la familia ya no necesita la ayuda social, aquí entra el ministerio de trabajo.

¿Funciona? Bueno, se ha reducido la pobreza en dos puntos más o menos, según las mediciones del INEC. Esto es predecible porque ya no se espera que el pobre vaya a pedir, sino que se fue a hacia los pobres a hacerles el ofrecimiento. El efecto puede ser más por la primera etapa asistencialista, porque los resultados de un plan así no son de corto plazo: las personas tienen que capacitarse, volver a clases, emprender o buscar empleo. Hay muchas familias que posiblemente ya hayan logrado independizarse (como por ejemplo aquellas que ya tenían alguna educación y simplemente tuvieron el empujón para comenzar un negocito). Se menciona que es el punto más bajo en siete años (que es lo que tienen la nueva metodología de medición del INEC), pero en los años 2007-2009 estuvo en 16.7% la más baja. También se menciona que la estrategia es de autoría de Alvarado, pero no encuentro ningún documento oficial que avale esa información, muchos mencionan más bien coordinación de Alvarado como presidente del IMAS y la vicepresidenta Chacón.

En lo que respecta a coordinación y articulación me parece excelente. Me preocupa que no haya un plan B: más de 200 familias dejaron el plan o no lo aceptaron, porque se les condicionaba la ayuda a que volvieran a clases y hay personas de cierta edad que no pueden o creen poder estudiar, lo que hace el plan inviable. Esas familias simplemente no reciben la ayuda.

Aguas. Se ha definido un plan de inversiones del AyA que busca recuperar el agua no contabilizada (perdida en fugas y conexiones ilegales) y en la creación de nueva infraestructura en sitios estratégicos que permita el desarrollo inmobiliario para turismo y generación de empleos. Se destina $1456 millones, y el plan llega hasta el año 2020. actualmente ya se han invertido como 155 mil millones de colones en unos 400 proyectos de acueductos. Todo ese dinero vendrá de empréstitos.

Carreteras. Se cumplió con la entregamos de las carreteras Pozuelo- Jardines del Recuerdo, La Abundancia-Ciudad Quesada, Vuelta de Kopper-Chilamate, Cañas-Liberia y el paso a desnivel en Paso Ancho, algunas comenzadas de gobiernos anteriores, pero terminadas en este.

CCSS. En Mayo del 2016, el gobierno firma un convenio con la Caja para el pago de 228 025 millones de colones. Este sería el pago más grande desde el realizado en el 2015 de 123 193 millones. Este monto será financiado con un préstamo que se hará el Banco Mundial por un monto de $420 millones. Este préstamo está amarrado a que la Caja, que queda comprometida, logre mejorar en unos 7 indicadores, comprometiéndose a mejorar el fortalecimiento del primer nivel de atención, el aumento de cirugías ambulatorias, la atención enfermedades crónicas, la satisfacción del usuario, inversiones en infraestructura estratégica, sistemas de información, y sostenibilidad financiera de la CCSS. Esto cancela un tercio de la deuda adquirida con la CCSS.

 

Seguridad. Parte del préstamo para cárceles era para crear delegaciones. Se invirtieron $21 millones para la construcción de 11 nuevas delegaciones distritales y cantonales en todo el territorio nacional, beneficiando a 774.725 personas.

Vivienda. En vivienda también se ha trabajado con la entrega de bono. Durante esta administración (2014 – 2016) se han entregado 29.183 bonos de vivienda por un monto de ¢225.700 millones. Esto implica a los 32 meses de gobierno, un 7.7% más bonos de vivienda entregados que la Administración Chinchilla, a diciembre de 2012. En el 2017 se prevé entregar 11 264 bonos más.

Ecología. En el 2006 el BID otorgó un préstamo por $20 millones para parque nacionales. Se comenzaron a usar en el 2013 y esta administración lo continuó. Se ha también utilizado donaciones de Japón, Estados Unidos, algunas ONGs y de plata del gobierno.  Se han invertido más de ¢5 mil millones en Parques Nacionales y Áreas Protegidas.

Fiscal. El gobierno ha mantenido cada año con un crecimiento del PIB, aunque el déficit se incrementara. Para este año, el PIB creció en el 4.3% (al menor que al 2015 que fue de 4.7%). El déficit sí disminuyó, de un 5% a un 4.4%. Esa disminución es un logro a celebrar.

Así estamos.

Caso Feoli: Cárceles y Religión.

Hay mucho revuelo en las RRSS por don Marco Feoli, viceministro de Seguridad. Primero, porque está publicitando un logro de este gobierno, el cuál es la construcción de cárceles nuevas con un enfoque más social que permita a los privados de libertad tener más oportunidades de reinserción y redención con base en la educación, cosa que es genial. Pero nadie discute sobre eso, el problema es que al publicitarlo dijo algo que enojó a muchos: que hay inercia en el tema carcelario y que desde hace 18 año no se construyen cárceles nuevas. Eso lo aclaré un poco en un post con un poco de historia que hice y que ahora andan compartiendo por ahí.

Pero la segunda razón es por un tuit que lastimó a muchos cristianos. Dice así: “Antes de que se condenara a muerte, según tradición, Jesús fue un privado de libertad. Que eso ayude para más empatía con ciertos grupos.” ¿Qué quiso decir Feoli con eso? Analicemos el contexto:

El ministerio de Seguridad ha tenido la idea de mejorar la seguridad no solo encerrando a los malos sino también mejorando el proceso de rehabilitación, de forma que cuando salgan de la cárcel ya sean buenas personas. Una arista de este tema es el de las personas que han cometido faltas menores y son encarceladas junto con gente mucho más violenta y echada a perder. Dicen que la cárcel es la universidad del mal, porque entra gente buena y sale maleante. Por ese lado, tiene sentido la propuesta de sacar a la gente de faltas menores, que no podríamos decir que sean malechores de la peor calaña, y ponerlos en regímenes de menor seguridad donde no aprendan cosas malas y se rehabiliten mejor. Ahí estoy completamente de acuerdo, meter a alguien que por hambre hurtó una picarita junto con un sicópata asesino no tiene ningún sentido. Igual va para los encerrados por cuestión de pensiones.

Pues bien, esas ideas le han costado mucha crítica al gobierno, porque la gente dice que la pena hay que cumplirla. Lo que disparó todo esto es el caso de las golondrinas: el ministerio de seguridad pidió que a los privados de libertad que se considerara rehabilitados y por cosas menores, se les pusiera en regímenes de baja seguridad, algunos libres. El poder judicial (que no es el ejecutivo que representa Feoli) hizo el estudio y puso en libertad a personas que parecían rehabilitados aunque su condena aún daba para más. Esto lo hizo supuestamente un grupo de profesionales especializados que deberían poner su mano en fuego por cada uno de esos reos. Cuando algunos de ellos comenzaron a delinquir de nuevo, se acusó al ejecutivo de liberar maleantes. Cabe aclarar que el ejecutivo no los liberó, lo hizo el judicial por recomendación de un grupo especializado. Si alguien se equivocó es el grupo especializado, a menos que no se siguieran sus recomendaciones.

¿Por qué todo esto que parece defensa de Feoli? Por que para entender las posibilidades, hay que tener un contexto claro. Me conocen, si no lo tengo, ni chisto.
Ahora bien. ¿Qué quiso decir Feoli en el tuit?

Traducción 1. Jesús era un delincuente, pero ustedes lo veneran, deberían también tener consideración por los delincuentes en nuestras cárceles. Esto claro que toca un nervio muy sensible en la población cristiana. Jesús no era ningún delincuente, mucho menos comparable con las joyas que tenemos encerradas. Mucha gente toma esta como la traducción oficial y no los culpo, a como está hecho el tuit calza bien.

Traducción 2. Jesús era inocente y aún así fue apresado y condenado a muerte, así tenemos a muchos inocentes en nuestras cárceles que debemos indultar y la gente debe tenerles piedad. Esta versión es muy difícil de leer en el tuit, pero calza de todas maneras. Sin embargo, Feoli nunca ha dicho que hay inocentes en las cárceles, así que por contexto parece que no calza.

Traducción 3. Jesús es privado de libertad por una falta menor, igual tenemos a muchos que cometieron una falta y son encarcelados y que podrían ser perdonados porque ahora son personas de bien. Tiendo a pensar que esta era un poco la idea de Feoli, si Jesús fue un preso, igual debemos considerar a los presos. El mismo Jesús habló de misericordia para con los privados de libertad. Sin embargo, igual tenemos el problema de que Jesús no había cometido falta, ni siquiera menor. Cabe también tomar en cuenta que Feoli no haya querido inferir que Jesús cometiera falta, sino simplemente que fue apresado, y por tanto debiéramos tener también consideración con los presos aunque hayan cometido faltas.

¿Qué pienso? Bueno, hay muchas personas que se sintieron ofendidas por la lectura del tuit, y no se les puede culpar ni condenar su enojo. También considero que hay un poco de ataque político en el caso, en río revuelto… Pienso también que el señor Feoli es pésimo comunicando las cosas, desde su mensaje de la inercia a esto. Creo que el señor Feoli debería aclarar su tuit, puede tomar las tres traducciones a ver cuál es la más acertada. Debe también tomar su orgullo y calmarlo, ser humilde y en lugar de contraatacar, explicar y pedir disculpas porque por su pésima redacción en tuits ha ofendido a muchas personas, aunque no lo haya querido.

A todo el resto, quería recordarles que no todo el que está preso es un maleante, ni todo maleante está preso. Hay gente que cometió un error y está encerrado, pero no es gente mala. Hay que saber separar la paja verde de la seca, y aplicar nuestro mejor sentido común para castigar al que se lo merece y también dar nuevas oportunidades y salvar vidas al que ha sido víctima de las circunstancias.

Hablemos de Corrupción

Cuando escribí sobre los logros de gobiernos anteriores me dijeron: “Willy, buen resumen, pero solo de cosas buenas. ¿Se te olvidó la corrupción?” Y me dije: “suena interesante, hagamos un resumen de corrupción”. Decidí hacer el análisis con los mismos presidentes (Miguel Ángel Rodriguez, Abel Pacheco, Oscar Árias, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís), pero solo de lo que más ha hecho revuelo. En el caso del actual gobierno, las que tenemos frescas.

Pero antes, aclaremos algunos conceptos.

Corrupción se define como: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.” Podemos identificar tres formas de corrupción:

1. Cuando, haciendo uso de mis potestades, hago algo ilegal en beneficio mío o de un tercero.

2. Cuando, haciendo uso de mis potestades, y siguiendo todas las reglas establecidas, abuso del sistema en mi beneficio o de un tercero. Ojo que no estoy haciendo nada “mal” en el sistema,pero abuso para lograr beneficio.

3. Esta tercera la hizo popular Luis Guillermo Solís. Dícese del caso en el que, por negligencia, se da una pérdida de recusos públicos.

Luego, tenemos un problema porque soy muy fiel al debido proceso, al ordenamiento legal y a la presunción de inocencia. Entonces tenemos lo que yo llamaría “sospecha de corrupción” que es cuando pareciera que hay corrupción, pero  no ha sido posible verificar el hecho, y la corrupción real, que es cuando hay acusación y veredicto. Listo.

Comencemos por Miguel Ángel. ¿Quién no se acuerda de la visita a la casa del narco mexicano Carlos Hank? Ahí se fue a meter junto con Calderón y Laclé. Hubo mucho aspaviento pero no hubo acusación y terminó Rodríguez diciendo que había sido un error.

Pero luego, vino el famoso caso Alcatel. Se dice que Alcatel le pagó $800 mil por ayudarlos a conseguir un contrato durante la presidencia de Rodríguez. Rodríguez fue acusado y condenado a 5 años de prisión en el 2011, y luego de tres apelaciones en 12 años, fue absuelto.

Sin embargo, su historia no termina ahí. También fue acusado de recibir pagos de Taiwan, el cuál se elevó a juicio y también fue absuelto. Por otro lado, se acusó de recibir pagos por reaseguro por parte de la aseguradora PWS, caso que fue sobreseído (no hubo juicio) porque el caso presentado por la fiscalía era deficiente. Es uno de los presidentes más acusados penalmente, pero en todas las causas resultó inocente por uno u otro motivo. La gente lo sigue considerando corrupto, pero según parece es inocente penalmente.

¿Y Pacheco? Bueno, fue en su gobierno que se destaparon varios casos, como Alcatel de Rodriguez, y el caso Finlandia, donde estaban involucrados Rafael Ángel Calderón y la Fishel. Adicionalmente, se descubrió que para la campaña de Pacheco, se había aceptado un donativo de 100 mil dólares de Alcatel y a Pacheco le había parecido “inocente”.

En el mismo gobierno, hubo algunos casos “menores” que se encontraron: La compra de patrullas Rumanas, que eran una cochinada y se caían a pedazos, y donde se votó un montón de plata. Luego vino el uso de armas del Arsenal Nacional para que instructores privados dieran clases. Luego el caso de comisarías que se pagaron como terminadas, pero que al ir a ver no habían pero ni hecho las zanjas. También, cuando pusieron a personal administrativo en plazas de policias. También se ligó a Pacheco con una factura que él no le pagó al SINART cuando este se convirtió en sociedad anónima. Ninguno terminó en nada.

Cabe dar mención al caso del diputado José Francisco Salas, antes del Libertario y en ese momento independiente, que dejó la curul y se la dió a su hermano gemelo Carlos Manuel Salas. Esto permitió que ambos salieran con pensión legislativa.

Llegamos a Oscar Árias. ¿Crucitas les recuerda algo? Industrias Infinito iba a realizar minería a cielo abierto y el gobierno firmó un decreto que declaraba eso de interés público, dándole luz verde. Pero luego se declaró que todo eso violentaba leyes ambientales y se acusó al ministro de ambiente Roberto Dobles y otros seis funcionarios. De pronto, salió a la luz que Industrias Infinito había donado $200 mil a la Fundación Árias para la Paz. Aunque el tribunal contencioso ordenó que se valorara abrir un caso penal en contra de Árias, la fiscalía pidió desestimar la acusación porque no había pruebas suficientes, alegando que Canadá se negó a seguir ayudando en el caso. Entonces Árias no fue acusado.

Pero en 2014 salió a relucir otro caso. En Brasil se investigaba un caso de megacorrupción que involucraba a compañía petrolera Petrobras, y a la conocida por nosotros compañía constructora OAS. Se extrajeron documentos de la oficina del presidente de la firma OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, y en estos se mencionaba a varias figuras ticas: Luis Guillermo Solís y Johnny Araya. También figuraba el español Antonio Solá, que asesoraba a Rodrigo Árias. Previo a eso, en el 2013, la Fiscalía de Probidad buscaban aclarar el procedimiento de la negociación de la empresa OAS en Costa Rica, con la ruta San José-San Ramón. Ahí salieron más nombres: Laura Chinchilla, Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Pedro Castro y otros, pero ninguno imputado, solo en investigación. La denuncia en el expediente 13-000027-0621-PE dice: ” Humberto Pereira Diniz (representante de OAS en Costa Rica) participó en las negociaciones con los imputados Oscar y Rodrigo Arias Sánchez, y firmó el contrato de cesión de Autopistas del Valle S.A. a OAS, utilizando una doble representación, con lo cual simularon el pago de treinta y tantos millones de dólares por la cesión o traspaso –imposible jurídicamente de la concesión – con ello lograron de manera fraudulenta incrementar los costos de la obra”. De eso parece que nada se ha resuelto.

Llegamos a Chinchilla. Dicen que el más corrupto de los gobiernos. ¿Será cierto? A Chinchilla le salieron algunos de sus ministros con problemas, que tuvieron que renunciar por problemistas (digamos que como Pacheco, son casos “menores”). Giselle Goyenaga del Ministerio de Deportes, salió y luego se le señalaron varios incumplimientos en la administración del Estadio Nacional y los Juegos Centroamericanos. En ese mismo ministerio, un año después, renuncia William Todd luego de ser cuestionado por las 2.000 entradas que pidió a la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil para la actividad “90 minutos por la vida”. Luego, José María Tijerino del Ministerio de Seguridad, por andar averiguando sobre Rodrigo Árias (una causa que tenía abierta). En Hacienda renunció Fernando Herrero porque se dijo que no pagó impuestos con una sociedad que tenía. Del MOPT renunció Francisco Jiménez por lo de la trocha (que mencionaremos más adelante). Ojo que por cosas “pequeñas” las autoridades renunciaban de una, me dicen que Chinchilla no aguantaba nada. ¿Será cierto?

Pero, Francisco Chacón, Ministro de Comunicación, renunció por un escándalo un poco mayor: Chacón dice que habló con un tal Gabriel O’Falan, fundador y exrepresentante legal de la empresa petrolera Throneloe Energy, que les prestó un avión para que Chinchilla viajara a Perú a una boda y a una cita con Ollanta Humala. Pero, ¡Oh sorpresa!, el tal Gabriel no era más que Gabriel Morales Fallón, y Throneloe había cambiado su nombre a THX en el 2012. Resulta que también se usó el mismo avión para ir a los funerales de Hugo Chávez. Pero luego trascendió que el famoso Gabriel estaba siendo investigado por vínculos con un narco apodado “Chupeta”. Chacón dijo que fue engañado, y el gran fallo fue que no se investigó a fondo para ver quién era realmente ese Gabriel. Chacón adujo que todo había sido error de él y que la presidenta no tenía de idea de lo que pasaba, por eso renunció el 15 de mayo del 2013. Claro, mucha gente acusó a Chinchilla de narcotraficante, pero en realidad lo feo fue lo inocente que se vió el gobierno por caer “de pollos” con una invitación así. ¿Corrupción? Fue un escándalo y una vergüenza, pero no hubo ninguna acusación porque en realidad no había nada “indebido”. Ojo que, como las veces anteriores, un error y pafuera.

Hubo otros escándalos, como la acusación (aún sin juicio) en contra del diputado liberacionista Jorge Angulo, acusado de extorsión por pedir dineros para no entorpecer obras, que incluía exigencias del diputado a Judesur para que pagara cuentas en hoteles, a cambio de apoyos o interferencias. El caso sigue abierto (aquí sí, el diputado se aferró todo lo que pudo al puesto).

Hablemos entonces de la Trocha. Chinchilla, en parte por los problemas que se estaban teniendo con Nicaragua, ordena la construcción de un camino por toda la frontera que sería llamado la Ruta Nacional 1856. Se hizo una trocha (por la que nos acusarían de dañar el medio ambiente) que aún sin terminar es inaugurada por Chinchilla en marzo del 2012. Dos meses después, Chinchilla recibe un informe de su ministro de Obras Públicas, Francisco Jimenez, donde dice que han descubierto el pago de dádivas a funcionarios del CONAVI por parte de las empresas contratadas para la construcción de la carretera. La presidenta inmediatamente destituye a Jimenez por “responsabilidad política” (básicamente por no haberse dado cuenta antes y algo así como chivo expiatorio). Un error y pafuera. La presidenta entonces denuncia estos hechos y la fiscalía comienza la investigación. Claro, el pueblo al unísono comenzó a gritar que Chinchilla era una corrupta y que era culpable y que se había dejado todo el dinero (a pesar de que ella fue la que denunció). Ante esto, lo primero que hace la fiscalía es investigar a Jimenez y a Chinchilla. Revisaron y se dieron cuenta que todo parecía bien, del lado del gobierno no había ninguna falta, toda la contabilidad estaba correcta, los informes, todo. Es decir, no había forma de que el gobierno detectara ningún fraude. Ante eso, la fiscalía desestima que Jimenez y Chinchilla estuvieran involucrados (no se encontró nada que los inculpara). Entonces, sin nada en las manos, decidieron investigar a las empresas contratadas. Ahí descubrieron el oro: 18 empresarios habían estado facturando el uso de maquinaria y trabajos, pero esos trabajos no se hacían y la maquinaria se estaba usando en otros proyectos; 4 personas que simulaban ser inspectores del CONAVI, 3 personeros del CONAVI encargados de recibir facturas y “revisar” las inspecciones. Es decir, esto se considera una estafa al estado, con tres gatos caseros que eran los del CONAVI.

A pesar de ser la presidenta la que fue estafada, la que denunció el hecho, de haber sido investigada y que nada se encontró en su contra, el pueblo entero la acusó de corrupta y a esta fecha es considerada como la ladrona que se robó el platal de la trocha. Muchos dirán que la defiendo, pero estos son los hechos.

La Ruta Nacional 1856 se detuvo por un tiempo, luego se continuó y se dejó para que el gobierno actual la terminara, cosa que no ocurrió.

Terminamos con Luis Guillermo Solís. Para hacer honor a la verdad, muy similar que con Pacheco, en esta administración no hay escándalos tan mayúsculos y que involucren al presidente como sí los hubo con Rodríguez y Árias. Debemos separar al gobierno del partido. El PAC como partido sí ha tenido un par de problemillas. Podemos decir que la mayoría de los “escándalos” se dieron por el tipo de corrupción de abuso del sistema. Es decir, se siguieron las reglas, pero éticamente no era correcto y se favoreció a propios y terceros.

En agosto del 2014 se destapó que el PAC pagó a un abogado de apellido Sibaja, la suma de 277 millones de colones por certificar firmas para diversos trámites. El mismo TSE le habiá dicho al partido que la certificación de firmas no era necesaria, sin embargo el PAC solicitó eso en más de 55 mil firmas. Me queda la duda de si eso se puede cobrar por deuda política, el caso es que no se supo más de eso.

Luego, el mismo partido cometió estafa contra el TSE, al cobrar 353 millones de colones con facturas ilegítimas. Hubo gente que ofreció servicios al PAC para la campaña, pero esos servicios eran donados y el PAC no tuvo que pagar nada. En otros casos se presentaron facturas de gente que ni siquiera participó. Así, se logró identificar que los autores de todo eso eran el extesorero Maynor Sterling (condenado a 6 años) y Manuel Antonio Bolaños (3 años) y al partido a retribuir unos 600 millones de colones al estado. Los jueces condenaron a los dos imputados por delito de estafa mayor al estado, y al PAC por “negligente”.

Pasemos al gobierno. Como dije, el gobierno y el partido son cosas aparte. No hay ninguna acusación en contra del presidente Solís, solo cuestionamientos, la mayoría por nombramientos y todos “menores”.

En octubre del 2014, cuando el diputado oficialista Henry Mora presidía el congreso, se dio a conocer que el directorio legislativo infló los requisitos de una plaza de chofer para poder nombrar en un cargo profesional a Kattia Martín, la presidenta interina del oficialista. Martín aseguró que todo era legal, pero la oficina de RRHH dijo que había inconsistencias. El cargo tenía un salario de 370 mil mensuales, y pasó a 1.4 millones y se le pusieron requisitos a la medida para Martín. El oficio DRH-PA-2462-2014, firmado por el director de Recursos Humanos, Hugo Cascante, señala que en el área de Prensa y Protocolo ya tenían 16 profesionales en la misma categoría que Martín, así como que no hay análisis para sustentar la nueva contratación. Se pidieron estudios técnicos para sustentar el nombramiento, pero no se efectuaron. Algunos del mismo PAC argumentaron que esto rompía con el código de ética del partido.

En febrero del 2015 se levantó otro polvorín porque se nombró como jefe de despacho a Diego González Fernández, un bachiller en derecho pero que no podía fungir como abogado porque no tenía la licenciatura ni estaba incorporado al colegio correspondiente. Atizó la hoguera que el muchacho fuera muy amigo de Beatriz, la hija del presidente y la gente comenzó a hablar de amiguismo y favoritismo al novio de la muchacha. El gobierno aclaró que el muchacho no laboraba como abogado, que ayudaba a uno que sí lo hacía (Marvin Carvajal, Director Jurídico), y que había sido puesto en el cargo bajo el régimen “de confianza”, que permite nombrar a gente sin requisitos. No pasó a más.

Otro escándalo fue cuando la hija mayor de Solís, Mónica Solís Worsfold, fue escogida como  una de las primeras ocho personas profesionales en el campo de la salud que la Caja enviaría a capacitarse en el tema de FIV. Esto levantó quejas y acusaciones de parte de muchos sectores (incluyendo a UNDECA) que aseguraban que la muchacha no tenía los atestados necesarios para ser seleccionada. Luego ella, por diferentes medios y acuerpada por la CCSS y profesores, demostró que sí los tenía y que había sido laureada por su rendimiento académico y que lo había logrado por méritos propios. Esto sin embargo afectó la imagen del gobierno.

Volvemos con Diego González y agregamos a Rebeca Sandí Salvatierra, asesores. Ellos estaban recibiendo los incentivos salariales de prohibición y dedicación exclusiva sin contar con los requisitos establecidos por la Ley. ¿Recuerdan que González era sólo un bachiller? Pues la prohibición se paga si usted puede ejercer y se lo prohiben, pero él no podía ejercer. La procuraduría se los dijo. Este asunto de la remuneración sin tener requisitos se hizo recurrente, y salieron tres viceministras con el mismo problema (una se niega a devolver el dinero), estaban apenas estudiando o no cumplían con los requisitos de pago de prohibición. Luego salió el caso del viceministro de Paz, Victor Barrantes, pero este fue el que pidió el estudio y denunció que estaba recibiendo en incentivo. La gente comenzó a llamar corrupción de parte de los viceministros, pero también está en discusión la responsabilidad del departamento de RRHH, quienes deberían saber sobre esto porque es su obligación.

Hablando de requisitos, también se criticó que el gerente general de Japdeva, Pablo Díaz, solo tenga el título de secundaria. Muchos culparon de negligencia al gobierno por avalar esto. Pero poco tiempo después se destapó que el embajador tico en China, Ricardo León, sólo tenía el título de secundaria. La presidencia justificó el nombramiento porque León hablaba el idioma, cosa que muchos analistas criticaron. Pero el movimiento más controversial (legal, pero dudosamente ético), fue el del movimiento de la viceministra Trejos. Ella es estudiante aún, no ha terminado su carrera, pero fue puesta como viceministra. Luego del escándalo con el pago de más por prohibición, fue removida como viceministra y se forzó su colocación como miembro de la junta del Banvhi. Cuando digo “forzó”, es porque no había plaza vacante, así que se destituyó sin ninguna razón a una persona (Natalia Núñez) que tenía siete años de trabajar en el tema de Juventud y casi dos años en la Junta Directiva, para colocar a Trejos ahí. Ese puesto era la de la representante de juventudes. El problema es que Trejos no tenía los requisitos (otra vez): para poder ser miembro de la junta directiva como representante de juventudes, debía haber laborado en el ministerio de Cultura y Juventud. Como no cumplía con ese requisito, un día antes fue nombrada en esa cartera para que lo cumpliera. Según el viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez, ella cumple con los requisitos necesarios para liderar el proyecto de modernización tecnológica (lo que se le encomendó, a pesar de estudiar microbiología) por “ser joven, ser mujer y pertenecer al Gobierno”. Esto deja muy claro cómo ve el gobierno el tema de los requisitos.

Pero esos son cosas menores. El escándalo más grande que se diría ha sufrido el gobierno, fue la acusación de la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, sobre el ofrecimiento de una embajada. La procuradora había estado en contra de acciones del estado (con un levantamiento de veto y sobre la legalidad de tener a un obispo luterano de ministro de la presidencia). Supuestamente, se dio una invitación a tomar café y en esta el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, había mencionado lo de la embajada. Se tomó esto como un ofrecimiento a que ella renunciara. Soley dijo que sí se mencionó, pero era para un futuro, que su intención no era invitarla a renunciar. Esto trajo consigo un circo donde todo el mundo salió rascando, los diputados fueron muy agresivos en su investigación y se le dio una cobertura mayúscula, pero al final acabó en nada.

Como se ve, hubo mucho escándalo, posiblemente magnificado por la imagen de partido probo, pero todos menores y donde no hay acusaciones formales ni condenados, como sí se dieron en otros gobiernos.

Aquí termino, dejé por fuera muchos escándalos “menores” de los partidos anteriores para enfocarme en los grandes peces, pero sí fueron muchos. Si tienen alguno importante que se me haya ido, bienvenidos a agregarlo a la discusión.

Mythbusters: PAC 2014-2017, el único gobierno que hace cosas.

Han estado circulando en Facebook varios artículos relacionados con las obras del gobierno, y como norma general aparece gente diciendo que este gobierno de Luis Guillermo Solís es el “único que ha hecho cosas”, o lo que es lo mismo, los gobiernos anteriores no han hecho nada. Es más, mucha gente dice eso mismo: NADA ha sido hecho en los gobiernos pasados.

Pero antes de contradecir tales aseveraciones y con el fin de que quede claro que no tengo favoritismos, comencemos con la sempiterna aclaración: yo usualmente analizo a los candidatos, veo sus propuestas, les pregunto cuando puedo, luego voto pensando en qué será lo mejor, según mi humilde opinión para el país. Así, NO VOTÉ ni por Miguel Ángel Rodríguez, ni por Abel Pacheco, ni por Oscar Arias ni por Laura Chinchilla. Tampoco voté por Luis Guillermo Solís. No “gané” en ninguna de esas elecciones y tengo mi conciencia tranquila. ¿Por qué mencione esos cinco? Porque voy a usar los últimos cuatro gobiernos antes de este para ver si las afirmaciones que me encuentro son ciertas. Empecemos.

En las noticias sobre la construcción de la platina y cárceles, el gobierno dice que se lleva 18 años sin construir cárceles nuevas y que por eso “rompe la inercia” en ese campo. La construcción de cárceles me parece muy bien, aunque no estoy seguro con eso de la inercia. Lo que no me parece para nada es que entonces sale bastante gente diciendo cosas como que este gobierno es el ÚNICO que ha realizado obra, puentes, infraestructura. Que los gobiernos pasados eran inútiles y no había hecho NADA. Y cuando dicen nada, es nada, o sea, pasaron cuatro años sin que se viera nada bueno, absolutamente nada.

Eso, claro está, me parece una afirmación temeraria, mucho. Por eso me dije: “veamos a ver si es cierto que NADA se hizo en los 4 gobiernos previos”.

Comencemos con don Miguel Ángel Rodríguez. ¿No hay nada rescatable de su gobierno? Pues creo que hay un par de cosas. Fue en este gobierno que se creó la ley de protección al trabajador, cosa que me parece muy buena. También el programa de Triángulo de Solidaridad, que tenía el problema de ser asistencial. También creó el Ministerio para la condición de la mujer. Igual que este gobierno, tuvo que enfrentar un evento de la naturaleza: el huracán Mitch. En términos de salud, se mejoró la mortalidad infantil en más de un 28%, y modernizó mucha infraestructura: puertos, aeropuertos y carreteras. Se firmó una nueva ley de concesión pública y se destinó $1002 millones en infraestructura. Se trabajó en restaurar 7000 km de red vial nacional. Construyó los puentes de la carretera Ciudad Colón – Orotina.

Pero hablemos de cárceles. Miguel Ángel anunció un complejo penitenciario para 1500 reos, donde se incluía la cárcel para reos peligrosos en La Leticia, Guápiles. Luego, en abril de 1999, se ponía la primera piedra del penal en Aguascalientes de Cartago. Imagino que la gente del gobierno comenzó a contar desde esta fecha para poder decir que en 18 años no se construían cárceles.

Pasemos a Abel Pacheco. Este gobierno para mi fue de simple trámite. Los intentos liberales de privatización de Rodríguez quedaron en el olvido con el abrazo de Pachequito. Llegó a recortar gastos y lo logró, redujo el gasto público y el déficit fiscal. Hizo crecer la economía y redujo la deuda interna. Incrementó el turismo, abolió la minería a cielo abierto y también paró en seco la exploración petrolera. Era muy ecológico. Su gran fallonazo fue romper la neutralidad y hacer que nos pusieran en una lista de aliados de USA contra Iraq. ¿Qué pasa con los puentes? Bueno, inauguró el famoso Puente de la Amistad, pero este había iniciado años antes. En infraestructura, hizo la carretera Ciudad Quesada-Naranjo (que era urgente) y tenía 12 puentes en medio. Por cierto, el famoso TLC con USA se comenzó a tramitar en este gobierno. ¿Y las cárceles? Uyuyuy, aquí tenemos algo muy interesante. Debido al hacinamiento, Abel Pacheco impulsó un plan de ampliación muy agresivo, creando 2268 espacios nuevos para reos. Así, teníamos un 11% de sobrepoblación y se llegó a un 1% en enero del 2006. Llegamos a ser el único país latinoamericano con una cifra tan baja. ¿Se crearon nuevas cárceles? No, pero sí se ampliaron y quedaron espacios. Entonces decir que en este gobierno se acabó con décadas de hacinamiento es muy, pero muy temeraria.

¿Y Oscar Árias? Notemos que se bajó la pobreza en 3.5 puntos (en este gobierno se bajó en 2). En términos de construcción, hizo el hospital de Heredia, el de Osa, el Hospital del Día, y casi 100 ebais nuevos. Se subió el presupuesto en obra pública del 0.4% al 2.15% del PIB. Se inaugura del costanera Sur (ruta 34),la 27 (of course), se reactiva el tren a Heredia, se amplia el Juan Santamaría y el puerto de Caldera. En cárceles, se ampliaron la cárcel de Liberia y la famosa cárcel de La Leticia para bajar hacinamiento.

Llegamos a la odiada Laura Chinchilla. Esta seguro que no hizo absolutamente nada, ¿cierto? Bueno, no se le puede negar la baja en la cantidad de homicidios y una clara apreciación ciudadana de mejora en la seguridad. De hecho, desmanteló más de 500 organizaciones criminales. El problema de eso es que volvió a llenar las cárceles y volvimos al hacinamiento. ¿Qué más hizo? Bueno, también se enfrentó a la naturaleza: Thomas y el terremoto de Nicoya. Logró un crecimiento en la economía del 4.5%.

¿Y en infraestructura? Bueno, se creó el Plan Nacional de Transportes, y se consolidó una cartera de inversiones de $3500 millones. Dejó avanzada la creación de nuevos muelles en Caldera y Moín, también como en la carretera a San Carlos, el corredor vial entre Bajos de Chilamate y Vuelta Kopper, y la ampliación a cuatro carriles de la Carretera Interamericana Norte, entre Cañas y Liberia.

En su administración se dejó casi listo lo de la terminal de contenedores en Limón, se hizo intento para completar la ruta 32 con un préstamo chino, y la famosa carretera San José-San Ramón, que este gobierno tampoco pudo terminar. Seguro es algo muy complejo.

Pero ¿Hizo algo en cárceles? Bueno, el hacinamiento llegó al 38% en su gobierno, y al puro final presentó un plan de emergencia para la construcción de nuevas cárceles, que según parece había ella mismo exigido cuando fungió como Ministra de Justica en el 2008. En su gobierno, logró que el BID nos prestara $132 millones para ampliación de cárceles. La única ampliación que recuerdo hizo al final de su período fue en la cárcel de Puntarenas que amplió 4 módulos, más un centro cívico en Garabito.

Luis Guillermo Solís. Siendo candidato, dijo que tenía un plan para crear cárceles utilizando los $132 millones de Chinchilla. Al llegar al gobierno, se siguió con la unidad ejecutora que administraba el préstamo (de Chinchilla) y se trazó que se harían 15 unidades productivas, siete centros cívicos, ocho delegaciones y la implementación de los famosos brazaletes electrónicos. Pero ¡Oh casualidad! (y no es por echarle sal a la herida), de las primeras cosas que se hicieron con el préstamo fue contratar a un “experto”, un ingeniero en informática que no sabía nada en materia penitenciaria, para que hiciera un estudio y un plan de implementación de los brazaletes. Pero, ¡Oh, sorpresa!, el informe que entregó (y por el que cobró $2.460), era un resumen de un artículo que se encontró en Internet, de la revista chilena Política criminal. A él lo contrataron por $41000 para la consultoría completa. El muchacho renunció luego de que saliera este hecho.

Pero bueno, ¿Qué son unidades productivas? ¿Cárceles? No, son módulos adicionales que incluirían centro educativo, talleres del INA, lavandería central, atención técnica. A diferencia de las cárceles comunes y corrientes, las unidades productivas permitirán que los privados de libertad aprovechen y ocupen su tiempo en diversas tareas, facilitando la labor de reingreso a la sociedad una vez cumplida la pena. Estos se estimaban que podrían guardar a unas 2400 personas. Esto suena a una excelente idea, muy moderna y social.

¿Y los centros cívicos? Esos son centros para la prevención de la violencia en las comunidades. Se haría uno por provincia.

¿Qué pasó con eso? Resulta que en el 2015 se había contratado 119 consultores, pero se había avanzado solo en un 7%, así que no pintaba bien.  Pero en junio pasado, se anunció que a finales del 2017 se tendrán ya tres unidades productivas (no 15), pero que albergarán 1600 personas con un costo de $66 millones de los $100 millones destinados por el préstamo para las cárceles. Eso es un avance y la cantidad de espacios es importante. ¿Y si comparamos con Pacheco? 1600 versus 2268 espacios, resulta que Pacheco hizo más espacios, por tanto, hablar de inercia y de que no se hizo nada durante 18 años no es muy correcto.

Pero bueno, el punto es que se están haciendo cárceles y se está cumpliendo.

Así estamos. Espero que los mitos se hayan despejado.

ADEMDUM 1
Nos aporta doña Ana Isabel García: “Es en la administración Arias 2006-2010 que se avanza en el diagnostico y propuestas para mejorar la gestión de la política social selectiva (ver Informes de la Contraloría en particular: DFOE-SOC-19-2009).

Y una precisión: el INAMU se crea en la a administración Figueres Olsen, después de estar luchando por ello casi 3 años en la Asamblea, frente a la oposición del PUSC. Entre febrero
y mayo 1998, ya ganada las elecciones por Rodríguez, se logró negociar la aprobación de esa ley de convertir al entonces Centro Mujer y Familia en INAMU. Uno de sus artículos dejó explícito que su Presidenta Ejecutiva podía ser designada Ministra (algo por cierto innecesario de dejar en una ley), pero con ello se resolvió una de las objeciones del PUSC con respecto al proyecto de ley impulsado. Esta ley fue la última en aprobarse en la noche anterior al cambio del Poder Legislativo, por lo que entro en rigor un mes después de iniciada la administración siguiente: la de Rodríguez; pero el INAMU (y que su jerarca se pudiera designar Ministra) es producto de un proyecto de ley propuesto y negociado hasta el final por la anterior administración.”

ADEMDUM 2
Me han dicho que hablé muy poco de las obras de gobierno actual. Es cierto, me enfoqué en las cárceles, pero no mencioné otras obras importantes que sí mencioné en los otros gobiernos, pondré esto aquí y lo repetiré en un post siguiente (Mythbusters: PAC 2014-2017 ¿Solo ha hecho la platina?).

Educación. Primero debo decir que si me ponen a escoger, diría que la mejor ministra de esta administración fue doña Sonia Marta Mora del MEP. Al puro inicio se tuvo que enfrentar con huelga de trabajadores por culpa de un sistema con problemas heredados de la administración anterior, que no servía y pagó salarios equivocados a un montón de gente. Pudo sobrevivir a esa crisis. Pero lo más importante es que brilla en la generación de infraestructura. El gobierno pasado le dejó un fideicomiso de $167 millones, pero comenzaron a ejecutarlo en serio hasta ahora en el 2016. Sin embargo, antes no estuvieron de brazos cruzados, arreglaron un montón de centros educativos durante el 2015-2016 utilizando recursos propios (117 millones de colones) y 11 millones del fideicomiso. Con lo restante, planean crear 79 nuevos centros educativos y 24 canchas multiuso, algunos que serán entregados en el 2018. Un 45% de esos centros estarán en las zonas rurales donde hay más pobreza, y se construirá un Colegio Técnico Profesional en La Carpio. Todo eso me parece genial.

Hablemos del Puente al Desarrollo.

Esta es una estrategia de este gobierno que es muy interesante, y pretende primero ordenar la casa en cuestiones de ayuda social, y luego crear un plan de eliminación de la pobreza y no solo paliarla.

Han existido otros planes, pero la mayoría de las ejecuciones han sido asistencialistas. Es decir, se le daba plata a la gente. Se crearon un sinnúmero de instituciones de ayuda, que estaba desligadas y descoordinadas, había duplicación y muchas veces no se sabía dónde estaba la pobreza. Eso sin contar que el pobre era el que tenía que ir a buscar ayuda.

Con esta estrategia se creó un órgano que coordina a todas las instituciones para evitar duplicidades, se creó también una base de datos única que lleva el registro de los pobres (esa idea la propuso en su momento Johnny Araya y creo que gente del PAC la ridiculizó), se crearon mapas de pobreza, que no son más que la localización geográfica de los focos de pobreza en el país y que permite focalizar la ayuda. Se crearon los llamados co-gestores sociales, que no son más que trabajadores sociales que crean planes individualizados a las familias para que salgan de la pobreza y les dan seguimiento. Para medir la pobreza, se adopta el Índice de Pobreza Multidimensional (creado por la PNUD y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford), que mide la pobreza con 10 indicadores agrupados en tres categorías: Educación, Salud y Calidad de Vida (no solo con el ingreso como se media antes).

El proceso es así: con la base de datos de pobres y los mapas de pobreza, se identifican las familias que tienen más necesidades. El co-gestor las visita y les propone un plan de desarrollo. El plan tiene tres etapas: la primera es darles una asistencia social (dinero, becas de 75 000 colones) para que se mantengan (esto lo da el IMAS). A cambio, las familias deben capacitarse para encontrar empleo y poner su negocito (etapa de Protección Social y Generación de oportunidades, en esto se involucra el INAMU, INA, el MEP y la CCSS). La tercera etapa ya es la de independencia económica, donde la familia ya no necesita la ayuda social, aquí entra el ministerio de trabajo.

¿Funciona? Bueno, se ha reducido la pobreza en dos puntos más o menos, según las mediciones del INEC. Esto es predecible porque ya no se espera que el pobre vaya a pedir, sino que se fue a hacia los pobres a hacerles el ofrecimiento. El efecto puede ser más por la primera etapa asistencialista, porque los resultados de un plan así no son de corto plazo: las personas tienen que capacitarse, volver a clases, emprender o buscar empleo. Hay muchas familias que posiblemente ya hayan logrado independizarse (como por ejemplo aquellas que ya tenían alguna educación y simplemente tuvieron el empujón para comenzar un negocito). Se menciona que es el punto más bajo en siete años (que es lo que tienen la nueva metodología de medición del INEC), pero en los años 2007-2009 estuvo en 16.7% la más baja. También se menciona que la estrategia es de autoría de Alvarado, pero no encuentro ningún documento oficial que avale esa información, muchos mencionan más bien coordinación de Alvarado como presidente del IMAS y la vicepresidenta Chacón.

En lo que respecta a coordinación y articulación me parece excelente. Me preocupa que no haya un plan B: más de 200 familias dejaron el plan o no lo aceptaron, porque se les condicionaba la ayuda a que volvieran a clases y hay personas de cierta edad que no pueden o creen poder estudiar, lo que hace el plan inviable. Esas familias simplemente no reciben la ayuda.

Aguas. Se ha definido un plan de inversiones del AyA que busca recuperar el agua no contabilizada (perdida en fugas y conexiones ilegales) y en la creación de nueva infraestructura en sitios estratégicos que permita el desarrollo inmobiliario para turismo y generación de empleos. Se destina $1456 millones, y el plan llega hasta el año 2020. actualmente ya se han invertido como 155 mil millones de colones en unos 400 proyectos de acueductos. Todo ese dinero vendrá de empréstitos.

Carreteras. Se cumplió con la entregamos de las carreteras Pozuelo- Jardines del Recuerdo, La Abundancia-Ciudad Quesada, Vuelta de Kopper-Chilamate, Cañas-Liberia y el paso a desnivel en Paso Ancho, algunas comenzadas de gobiernos anteriores, pero terminadas en este.

CCSS. En Mayo del 2016, el gobierno firma un convenio con la Caja para el pago de 228 025 millones de colones. Este sería el pago más grande desde el realizado en el 2015 de 123 193 millones. Este monto será financiado con un préstamo que se hará el Banco Mundial por un monto de $420 millones. Este préstamo está amarrado a que la Caja, que queda comprometida, logre mejorar en unos 7 indicadores, comprometiéndose a mejorar el fortalecimiento del primer nivel de atención, el aumento de cirugías ambulatorias, la atención enfermedades crónicas, la satisfacción del usuario, inversiones en infraestructura estratégica, sistemas de información, y sostenibilidad financiera de la CCSS. Esto cancela un tercio de la deuda adquirida con la CCSS.

Seguridad. Parte del préstamo para cárceles era para crear delegaciones. Se invirtieron $21 millones para la construcción de 11 nuevas delegaciones distritales y cantonales en todo el territorio nacional, beneficiando a 774.725 personas.

Vivienda. En vivienda también se ha trabajado con la entrega de bono. Durante esta administración (2014 – 2016) se han entregado 29.183 bonos de vivienda por un monto de ¢225.700 millones. Esto implica a los 32 meses de gobierno, un 7.7% más bonos de vivienda entregados que la Administración Chinchilla, a diciembre de 2012. En el 2017 se prevé entregar 11 264 bonos más.

Ecología. En el 2006 el BID otorgó un préstamo por $20 millones para parque nacionales. Se comenzaron a usar en el 2013 y esta administración lo continuó. Se ha también utilizado donaciones de Japón, Estados Unidos, algunas ONGs y de plata del gobierno. Se han invertido más de ¢5 mil millones en Parques Nacionales y Áreas Protegidas.

Fiscal. El gobierno ha mantenido cada año con un crecimiento del PIB, aunque el déficit se incrementara. Para este año, el PIB creció en el 4.3% (al menor que al 2015 que fue de 4.7%). El déficit sí disminuyó, de un 5% a un 4.4%. Esa disminución es un logro a celebrar.

Así estamos.

UBER y el CAFTA.

Déjenme explicarlo más claramente. El capítulo 11 me dice que los nacionales de alguna otra Parte (o sea, extranjeros de alguno de los países firmantes) pueden venir a hacer negocios aquí y que no se les podrá dar un trato menos favorable que a los locales, y tampoco se podrán definir elementos que impongan limitaciones como los monopolios (11.4.a.i). Adicionalmente se dice que esto solo aplica a las cosas que no fueron indicadas en la lista de medidas disconformes (apéndice I). La lista de no conformidades presentada por Costa Rica, en su sección de Servicios de Transporte por Vía Terrestre, aplica para los artículos 10.3, 10.4, 11.2, 11.3 y 11.4, justo de los que estamos hablando. En dicha lista se indica claramente: “Se requerirá un permiso para prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros por vía terrestre. Nuevas concesiones podrán ser otorgadas si lo justifica la demanda por el servicio. Se dará prioridad a los concesionarios que se encuentran suministrando el servicio“. Como ve, ese párrafo no habla de taxis, sino de servicios remunerados en general.

Los alegatos que se han dado son:

  1. Debemos permitir que el extranjero de servicios de transporte y no podemos prohibírselo. FALSO. Existe no conformidad en eso.
  1. Que cambiamos la ley para eliminar el porteo y como sólo se menciona taxi en las medidas disconformes, entonces no podemos tocar el porteo y UBER es porteo. FALSO y FALSO, porque el párrafo es claro que incluye todas las modalidades, además el servicio que ofrecen los socios de UBER primero lo ofrecen nacionales, no extranjeros, y segundo no es porteo porque la definición internacional del mismo tiene ciertas características que no se cumple, como las de tener un horario y ser de rutas fijas.

El capítulo que protege a UBER es el Catorce, de comercio electrónico. Ese no menciona nada de servicios de transporte. UBER no ofrece servicios de transporte, solo una plataforma electrónica para que “socios” que ofrecen de forma privada servicios de transporte puedan contactar a sus clientes y cobrarles. Los socios, los que son locales, son los que ofrecen un servicio privado modalidad taxi, que está reconocido como servicio público y por eso solo el estado puede dar permiso.

Y para terminar de complicar el asunto, en 11.1.6 que dice: “Este Capítulo no se aplica a los servicios suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales. Un “servicio suministrado en el ejercicio de facultades gubernamentales” significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. Esto aplica a los servicios públicos, donde es el estado que los suministra y que pueden ser por medio de concesiones, y el servicio remunerado de transporte personas cae en esa categoría. De hecho, el transporte remunerado de personas como servicio público bajo control del estado es una realidad en la mayoría de los países del mundo, así que decir que Costa Rica es el único que no lo acepta es incorrecto. No hay normativa internacional que violente esa realidad. Por eso UBER tiene problemas en casi la totalidad de los lugares donde se ha implantado, incluso tan liberales económicamente como USA, pero ha logrado llegar a acuerdos que los “legalicen”. Eso debemos hacer aquí, discutir para ver cuál marco legal se puede mejorar.

¿Es el feto una persona?

Esta es una pregunta que salta a cada rato en la discusión sobre el aborto. Esto por cuanto el pero más grave que se puede decir sobre aborto es que termina con la vida de alguien. Los que promueven el aborto tratan de imponer la idea de que no se termina con la vida de nada, o que ese alguien no es una persona como todas las demás. Este pequeño artículo explica algunos conceptos y términos y aclara la pregunta de su título.

Comencemos por la definición de “persona”. La Real Academia Española (RAE) nos da varias connotaciones, de las cuales resalto dos: la 1. “f. Individuo de la especie humana.”  Y la 6. “f. Der. Sujeto de derecho.” Como vemos, una persona es alguien de la especie humana y particularmente es un sujeto de derecho. Para determinar si un feto es una persona, deberíamos entonces determinar si es de la especie humana y si es sujeto de derecho.
Lo primero es universal. Es decir, no importa la nacionalidad del feto, la ciencia nos dice si es humano o no. Para saberlo, primero debemos determinar la especie. Para saber qué es una especie, nos vamos de nuevo a RAE y nos dice: 7. “f. Bot. y Zool. Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de los de las demás especies. La especie se subdivide a veces en variedades o razas.” Pero ¿Cómo se determinan esos caracteres? Según Dobzhansky (Genetics and the origin of species. Columbia University Press, New York) y Mayr (Systematics and the origin of species. Columbia Univ. Press, New York.) tenemos las “especies biológicas” que son aquellas pertenecientes a una población de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Corolariamente, si dos individuos de una especie se cruzan, el individuo resultante pertenece a dicha especie. Por tanto, si dos seres humanos se cruzan entre sí, el individuo resultante debe ser de dicha especie.

Vamos más allá. Se denomina “genoma” de una especie al conjunto de información genética de la misma, usualmente codificada en el ADN. Entonces, para poder determinar de qué especie es una célula, basta con hacer un análisis de ADN y determinar su información genética. Juntado esto con lo anterior, si a un cigoto, embrión o feto desarrollados a partir de un cruce de dos seres humanos se les hace una prueba de este tipo, saldrá que el individuo es un ser humano.

Entonces estamos claros que el feto ES un ser humano. Pero, ¿es persona? Como vimos, en derecho “persona” es un individuo sujeto de derecho. Eso ya no lo determina la ciencia sino las leyes. En el pasado hubo tiempos en los que a las mujeres, los negros y los judíos se les negaban los derechos por no ser considerados personas. Eso lo cambió el advenimiento de leyes que les otorgaban derechos e igualdad. ¿Cómo está el feto en términos de ser sujeto de derecho? En Costa Rica tenemos la constitución política, que dice en su artículo 21: “La vida humana es inviolable.” Como hemos visto, el embrión es un ser humano, por tanto está cobijado por la constitución al igual que el feto (que no es sino un estado de desarrollo del ser humano). En la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-Pacto de San José), convenio internacional firmado por Costa Rica y muchas otras naciones de américa, dice en su artículo 1, inciso 2: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” Esto nos dice que todo ser humano es una persona según la CIDH, tratado internacional, y como el embrión y el feto son seres humanos, son tomadas como personas.

Ahora, incluso si el feto no fuera declarado una persona, existe también legislación para otros seres vivos que les otorga derechos, como algunas que evitan el maltrato animal, por ejemplo. Por tanto, el feto podría también tener derechos, aunque no sea una persona.

Los portillos del aborto terapéutico

Actualmente el Ministerio de Salud está trabajando en un protocolo de aborto terapéutico. Hacemos un llamado para que no se caiga en las trampas que dicho tipo de aborto usualmente causa.

1. Sobre el 121 del código penal. El aborto terapéutico como tal no existe en nuestra legislación, no se menciona. El aborto es considerado un delito contra la vida, pero el artículo 121 del código penal exonera de castigo a quien cometa dicho delito si cumple con cuatro características: a-es cometido por un profesional de la salud, b-con permiso de la madre, c-cuando haya peligro para la salud o vida de la misma y d-cuando ese peligro no pueda solucionarse por ningún otro medio. Esto se basa en el principio de que hay un mal mayor (la muerte de la madre y el hijo) que se evita con un mal “menor” (la muerte solo del hijo).

2. Prerrogativa de la madre. Se ha intentado hacer creer que el aborto terapéutico es un derecho que puede ser solicitado por la madre. Como vemos en el 121, es la decisión que toma un profesional de la salud de cometer un delito contra la vida a sabiendas que no será castigado, cuando haya un peligro infranqueable. A la madre se le pide permiso, pero no es la madre la que exige y manda sin criterio médico, y mucho menos en casos en los que no se cumplan c y d mencionados arriba.

3. Aborto por comodidad. El aborto se practica cuando el mismo salve la vida de la madre y no se pueda evitar. Por eso, casos donde hay un mal independiente del embarazo, como el de tratamiento del cáncer, no deberían ser tomados en cuenta. La muerte del hijo no cura el cáncer y tampoco evita su tratamiento. El feto puede verse afectado, y si muere sería un caso de “doble efecto” donde la vida del feto se vio afectada por el tratamiento a la madre, pero eso no se considera un aborto. Tampoco se debería dar en casos en los que la eliminación del feto “facilite” el tratamiento, dado que siempre hay un tratamiento que se pueda aplicar aún con el embarazo. La declaración de Dublín (http://www.dublindeclaration.com/), firmada por expertos en salud materna, dice que en ningún caso la muerte directa del niño es necesaria para salvar la vida de la madre.

4. Aborto por inviabilidad o eugenésico. Cuando el feto venga con problemas, sean estos incompatibilidad con la vida o defectos genéticos. Aunque se argumenta que estos casos afectan la salud mental de las pacientes, no hay ningún estudio ni manual en sicología ni siquiatría que diga que el aborto cure tales males. El duelo que se experimenta sigue siendo duelo. Incluso, como denuncia la doctora Francisca Decebal-Cuza de Chile, hay preocupación porque el aborto corta el proceso del duelo eliminando ritos importantes y suponiendo que la negación del embarazo ayudará, lo que a la larga es contraproducente. No se debe entonces aceptar ese tipo de terapia (aborto) por no estar completamente aconsejada por cuerpos profesionales. La aceptación de esto es el portillo más grande, porque incluso se permite en otros países el aborto en casos tan simples como estrés o por suponer infelicidad del niño en un futuro.

5. Aborto por violación. Similar al caso anterior, se argumenta que la mujer violada y embarazada sufre, cosa que es cierta, pero no se tiene estudio que diga que el aborto cure o ayude. Es más, hay estudios de los doctores Reardon, Makimaa y Sobie que dicen lo contrario, que afecta negativamente.

Dicho esto, hay que tener cuidado que estas trampas no se colen en nuestro protocolo.

UBER y el problema de la liberación de servicio

He oído mucho sobre UBER y la exigencia de ciertos usuarios para que se libere el servicio de transporte. Eso está muy complicado; intentaré explicar un poco el por qué:

Oferta y demanda. En microeconomía se observan tres variables: la demanda (solicitud de un bien o servicio), la oferta (que es el el brindar el bien o servicio por medio de un proveedor) y el precio (que paga el que demanda al que ofrece). Las reglas dictan que, si mantenemos el precio fijo, si hay demanda, habrá oferta que intente cubrirla si el precio da alguna ganancia. Ahora, si la demanda sube, la oferta subirá. Si la demanda sube mucho y la oferta no puede subir (por la capacidad de los proveedores, por ejemplo), el precio es el que comienza a variar, y se hace más caro. Por el contrario, si la demanda baja, el precio tiende a bajar. Llegará un punto en el que el precio es tan bajo que no tiene sentido ofertar porque se tiene pérdidas, y en ese momento la oferta disminuye.

Esta dinámica afecta la calidad y disponibilidad de los servicios. Por ejemplo, en lugares altamente poblados con mucha contaminación, hay mucha gente y muchos enfermos, por tanto, una clínica privada sería un buen negocio. Llevarían ahí a muchos neumólogos para suplir la demanda de problemas por la contaminación del aire. Pero entonces, en el pueblito fresco y natural, alejado de la ciudad, donde viven personas saludables y pocas, no es negocio poner una clínica porque casi no hay demanda y el precio debería ser demasiado alto.

Entendido lo anterior, en TODO EL MUNDO, los gobiernos dejan a la oferta y demanda los bienes y servicios que no son fundamentales, mientras que los esenciales como el agua, la electricidad o las telecomunicaciones, se vuelven candidatos a ser controlados para que las leyes de oferta y demanda no hagan estragos. El agua, por ejemplo, la controla el gobierno y este tiene la obligación de velar porque el líquido llegue hasta el más recóndito lugar donde haya un ciudadano. Para hacer esto, el gobierno declara el servicio como público (que sólo el gobierno puede brindar) y con esto se saca del derecho privado. El gobierno entonces puede crear una empresa de servicio, que velará para que todo el país tenga dicho servicio. Dicha empresa tendrá pérdidas en los lugares remotos, por eso se trabaja con un sistema de subsidios, en donde el precio para los lugares más rentables y para los consumidores de mayor poder adquisitivo, es mayor para poder subsidiar el precio/costo de los lugares remotos. Así, solidariamente, todos tiene el servicio.  El ICE es un ejemplo: el pueblo más remoto tiene su teléfono público gracias al precio que pagamos los que tenemos telefonía fija.
La otra opción es que el gobierno ofrezca el servicio en concesión para que empresas privadas brinden el servicio. La concesión es un contrato donde la empresa se compromete a dar servicio aún en lugares no rentables y donde incluso se regula el precio que puede cobrar por medio de fórmulas que garanticen un precio justo al consumidor y a la vez den ganancia a la empresa.

¿Qué pasa si un servicio así se libera? Pues entra a jugar con leyes de oferta y demanda, el precio puede subir hasta que ciertos sectores no puedan pagarlo, habrá lugares de baja demanda que no tendrán el servicio, etc.

Pues bien, uno de esos servicios es el de transporte. ¿Sólo Costa Rica lo considera esencial? No, muchos países alrededor del mundo consideran el transporte como esencial para que lo administre el gobierno. En particular en Costa Rica, el transporte definido como público es el remunerado de personas. Por tanto, nadie puede dar servicio remunerado de personas sino sólo el gobierno, y este ha establecido un sistema de concesión y permisos para que manos privadas den ese servicio. Cualquier proveedor que de ese servicio sin permiso, está cometiendo un delito. Aclarado esto, el gobierno exige una serie de compromisos para poder dar los permisos: antigüedad de los vehículos, entrenamiento de choferes, pago de cánones, fijación de tarifas, exigencia de dar el servicio durante las 24 horas del día y en todas las zonas geográficas, etc. La idea es que el servicio de transporte sea universal y a un precio justo.

Cuando usted se sube a un taxi o a un autobús, está pagando no solo el viaje, sino que sustenta el costo operativo: gasolina, empleados, mantenimiento, incluso el precio incluye un sobreprecio para mantener a las instituciones del estado que regulan el asunto, como el CTP.

¿Qué pasa cuando entra un proveedor de servicio no regulado a competir? Muchos dicen que todo mejora porque hay competencia y hay nuevas alternativas del proveedor que tiene mejor calidad. Podría ser cierto, pero también es cierto que crea una disrupción del control y el balance. Un proveedor no regulado no tiene los costos ni las restricciones que sí tienen los de concesión. Por tanto, trabajaría en la zona de mayor demanda y mejor precio, reduciendo la demanda para el sector regulado, lo que impacta directamente en el ingreso y lo hace insostenible (recordemos leyes de oferta y demanda). Como el precio en esa zona está ligeramente inflado para dar soporte a otras zonas de menor demanda, será obviamente mayor al precio que podría ofrecer alguien no regulado. El no regulado no tiene por qué dar oferta en la zona de menor demanda tampoco, ni tiene que pagar para mantenimiento del CTP por ejemplo. Por tanto, el gobierno no puede permitir que un proveedor no regulado entre a competir en un servicio público.

¿Qué hacer? El servicio público ofrecido apesta, y no se puede mejorar (mucho debido al pobre poder fiscalizador del estado, cosa que es natural en la competencia abierta). Bueno, en las telecomunicaciones tenemos una apertura de un servicio público como buen ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Los competidores del ICE entraron, pero regulados: los precios están siendo fijados con límites inferiores para evitar tretas como el “dumping”, y se exige un balance solidario como cobertura nacional, por ejemplo. Para el servicio de transporte se puede hacer algo similar. En lo que no estaría de acuerdo por todo lo expuesto, es en el liberar el servicio para que sea competencia pura y basado en oferta y demanda. Esa propuesta denota una gran ignorancia sobre cómo funcionan los servicios esenciales y su protección y me asusta que vengan incluso de diputados que uno consideraría tienen algo de inteligencia.

¿Puede UBER entrar entonces a ser regulado? Es algo complicado, por el modelo de negocio que tiene UBER. Los choferes no son empleados de UBER, son contratistas, por tanto, UBER no puede asumir cosas por ellos. El modelo busca también trabajo de tiempo parcial (donde un chofer puede andar con pasaje por un par de horas, un día sí el otro no, totalmente libre). El modelo se basa en un microsistema de oferta y demanda, donde el precio es muy fluctuante justo por tener una oferta y demanda muy dinámicas. Todas esas cosas tendrían que ser reguladas: UBER tendría que ofrecer servicio a lugares de baja demanda, con un precio más controlado, etc. En algunos lugares se han simplificado la vida y han pedido a UBER que pague un Canon y cumpla con algunas reglas y ya, pero eso quita mucho control al servicio y no disminuye la disrupción indicada arriba. Por tanto, es una discusión mucho más compleja y técnica que debe darse fuera del facebook, por ejemplo.

¿Estamos ya más claros?

Administración Moderna y Convenciones Colectivas.

Primero, mi posición de apoyo a las fiestas les parece extraño a muchos, pero esto es porque no están viendo las cosas como yo las veo.

Segundo, podemos hablar mucho pero si no ponemos los pies sobre la tierra y nos sacamos el odio, malinformación, satanización, etc, todo aspecto negativo que tenemos contra los empleados públicos y contra las convenciones colectivas y sindicatos, jamás, JAMÁS, nos vamos a entender ni van (los que NO están limpios de esa distorsión) poder proponer cosas sensatas.

Aclarado lo anterior, quisiera dejar claro qué es una convención colectiva (tomado de Monografías):
La convención colectiva tiene por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de los conflictos y, en general, la protección de los trabajadores y sus familias, en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la Nación.
El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.).

La convención y los sindicatos (del griego “hacer justicia”) nacieron ante la explotación de patronos durante la revolución industrial. Los sindicatos utilizaron el poder de la asociación y por fin dieron a entender a los patronos que ellos no le hacía un favor al empleado al contratarlo, sino que la relación era bilateral: uno ocupaba del otro.

Pero el mundo cambió. Ya la administración que piensa en el empleado como un esclavo al que hay que exprimir practicamente no existe. Ya no se llaman empleados sino colaboradores, porque juntos trabajan para lograr un fin. Dado este cambio de visión, las tarjetas de marcaje de horario y el pago por horas deja de ser relevante, y el trabajo por objetivos con horarios flexibles surge. Claro está, antes para saber si se cumplen con las horas se marcaba en un reloj con una tarjeta, ahora no se marcan las horas sino la producción, y las métricas utilizadas con diferentes. Todo esto comienza por convertir a las convenciones colectivas en un anacronismo, un contrato que debe evolucionar. Antes se utilizaba para, por ejemplo, definir los días de descanso que debería darse al trabajador (el empleador quería que no tuvieran y trabajara corrido), pero eso ya no tiene sentido, hay leyes que indican cuánto se debe dar e incluso las compañías obligan al trabajador a tomar esos días. Ya se entiende que un trabajador embotado no rinde. Sin embargo, se sigue negociando, y esto no para garantizar las vacaciones sino para obligar a tener más: un privilegio.

Las convenciones colectivas deben entonces limpiarse de tales privilegios, y cosas tan simples como las vacaciones no deberían ir ahí, sino en el contrato regular porque se dan por ley. Aun así, queda la posibilidad de que, por el tipo de trabajo, el riesgo o las tareas, la gerencia de recursos humanos quiera hacer ajustes. Por ejemplo, cuando se manda a una persona al extranjero a trabajar en un proyecto. Esta persona veía a su familia, sus hijos, todas las noches al volver del trabajo y los fines de semana, pero por un tiempo dejará de verlos por estar lejos por culpa del trabajo. La gerencia podría definir que esa persona, por cada mes en el extranjero, reciba un día de vacaciones adicional para compensar con su familia. Para mí eso es muy lógico, va de la mano con una relación laboral entre seres humanos donde uno sacrifica noches y fines de semana con su familia y el otro se las reconoce con vacaciones, tiene todo el sentido. Ahora, si el patrono, sabiendo eso, niega cualquier tipo de retribución y exige al empleado sacrificar esos días, muy probablemente el empleado quiera reclamar y exigirlo en una convención colectiva. La gente de afuera, ignorante de la situación y envenenada por abusos del pasado, pensará que eso es una gollería y querrá quemar vivo al empleado que sólo quiere que su trabajo no le obligue a pasar tanto tiempo sin ver a su familia. Esa gente de afuera no les importa, no ven al empleado como un ser humano, lo ven como una lacra a la que ojalá no hubiera que pagarle porque dicen que “están gastando la plata del pueblo”.

Así, no toda “dádiva” en las convenciones son privilegios ni gollerías. Algunas tienen mucho sentido, como pedir herramientas especiales para hacer mi trabajo o compensación por situaciones especiales. Las que son abusos, estamos todos de acuerdo en que deberían ser eliminadas. Pero igual estamos de acuerdo en que muchas de las cosas en las convenciones no deberían estar ahí, sino que el patrono debería ser proactivo para otorgarlas porque son de sentido común. ¿De quién? De un departamento de recursos humanos moderno que entienda los problemas, el trabajo y las situaciones especiales y que actúe de forma apropiada. Es decir, un departamento de RRHH que sea más que un impresor de cheques y reportes a la CCSS.

¿Qué pasa entonces con las fiestas? Hay rubros muy importantes en la gestión del recurso humano, desde el “team building” hasta los orientados a cubrir las necesidades de Maslow. Algunas actividades, aparte de ser una diversión, son pensadas para poder compenetrar más al empleado con la misión de la empresa, fomentar el compañerismo, la interacción entre las diferentes generaciones, etc. ¿Es eso gollería satanizable? Pues no. Pero cualquier cosa que suena a fiesta muy probablemente lo será y correrá el riesgo de ser vilipendiada sin más razones. La gente sin conocimiento verá en ellas guaro y gallos de salchichón (o chorizo), y no una construcción de gestión de recurso humano. Si viene como exigencia de los empleados en una convención colectiva, pues es claro que es una simple fiesta. Si viene planteada por el departamento de RRHH con objetivos claros, dentro de un plan de mejora productiva, el asunto cambia.

Es por eso que la prohibición de buenas a primeras es para mí una demostración de ignorancia y populismo. Una revisión del plan que justifique la fiesta sería más razonable, y ahí podría ser que la fiesta de RECOPE sea realmente una gollería, pero que la del INA sí sea legítima, más si es un “almuerzo fraternal” que busca acercar a todos los que trabajan en el INA (dígame alguno si los consideran “vagos”) con un costo mínimo y que es organizada por la empresa con un fin particular.

Las personas que obtusamente obstinadas siguen diciendo que no les toquen la plata en tonteras les digo que lo siento, es plata que tiene que ir a ser utilizada en una empresa del estado y hay gastos de gastos que probablemente no autorizarían. Si les hacemos caso, eliminarían el costo de limpiar los baños, el piso o recortar el zacate y pondrían a los empleados a llevar su propio papel higiénico, les quitarían el comedor y el gasto de electricidad de los microondas, eliminarían la enfermería, las vacaciones y permisos de maternidad, creo que prohibirían los embarazos. Así de tacaños los veo, lo siento.

RECOPE, Fiesta Navideña y costo del trabajo.

Jugaremos hoy de abogados del diablo. Hay muchas fuentes, cito solo una donde se menciona la intención de hacer una fiesta navideña para 300 empleados de RECOPE. Esa fiesta está contemplada en el artículo 107 de la convención colectiva. Como ARESEP ya había dispuesto que los gastos de la convención colectiva no podían incluirse como parte del gasto de producción/distribución de combustibles para efecto del cálculo de tarifas, la misma ARESEP consultó con qué dinero se pretendía hacer tal fiesta. Ante esto, la fiesta fue frenada por el repudio generalizado de la ciudadanía en redes sociales.

Pero, antes de dar mis razones de abogado del diablo, hablemos un poco sobre la administración de empresas y el manejo de personal. En tiempos ya idos, se pensaba en el trabajo como un castigo dado que había que pagar para que la gente lo hiciera. La administración era tirana y tenía siempre como objetivo obtener ganancia sin importarle el bienestar de los trabajadores, a quienes les daba lo mínimo por su trabajo. Eso ya cambió, desde tiempos inmemoriales. Ahora se sabe que el trabajo es casi un segundo hogar, y que el empleado motivado y evaluado rinde mejor, que el costo de la planilla no es el único costo que se debe tomar en cuenta en el rubro de recursos humanos. Tenemos la pirámide de Maslow y otras herramientas más modernas que nos dicen que un empleado feliz y tranquilo es un empleado productivo.

Ahora, las convenciones colectivas nacieron en la época del trabajo como castigo y la opresión, son anacrónicas por decir algo. Están basadas en un falso balance entre la opresión trabajadora y el bienestar del empleado. Sin embargo, tal como la administración y la visión del trabajo han cambiado, así debe evolucionar la negociación de la convención. Hay cosas que tienen todo el sentido del mundo, pero todo. Doy algunos ejemplos: Un aporte extra a los médicos que se exponen a enfermedades contagiosas como compensación por el riesgo, el pago de taxi a maestros que tienen que ir a lugares peligrosos con poco acceso a servicio público de transporte, el pago de alojamiento a maestros que tienen que irse a lugares muy alejados de su hogar para dar clase. En estos dos últimos casos, el costo lo cubre el patrono simplemente porque es necesario para el servicio y no debería ser cubierto por el empleado.

Dicho lo anterior, creo que queda claro que no podemos ver el costo del trabajo sólo como el costo de planilla, sino que hay que hacer una inversión adicional para el recurso humano. Si tengo un grupo de trabajadores que tienen que almorzar, y la mayoría trae comida de sus casas, es lógico que el patrono moderno disponga de un comedor amueblado, incluyendo hornos de microondas, refrigerador y cafeteras. Si no lo hace, obliga a los empleados a comer en las gradas o el zacate, comida fría y hasta descompuesta, o a gastar más de la cuenta en sodas aledañas. ¿Ven? Creo que es perfectamente razonable dentro de la administración moderna el poder justificar como gasto algo que es necesario para que el trabajador cumpla con sus necesidades humanas básicas según Maslow.

Ahora, llegamos a la famosa fiesta. Es navidad, y muchas empresas tienen su convivio navideño. Se piensa en ser como una segunda familia y la inversión de ese convivio es un gasto nimio en comparación a la motivación y acercamiento de los trabajadores. ¿Hay empresas que no tiene fiesta navideña? Sí, las poco modernas, las que viven aún en tiempos de la planilla como única remuneración por el trabajo. Es por eso que la fiesta de Navidad en RECOPE yo no la veo mal. De hecho, debería haber fiesta en todas las instituciones como parte de un gobierno moderno. ¿Qué hay mucho gasto? No es nada comparado con los costos de operación, presupuestos e inversiones. Pero el pueblo, ya cansado de abusos, se saca el clavo. Se convierte en el patrono tirano para el cual el empleado no tiene derecho a tener fiesta de navidad, cual Scrooge tacaño y vengativo. Y esto no lo estoy inventando: nosotros pagamos con el costo del combustible, directa o indirectamente, la tal fiesta, y les estamos diciendo que no tienen derecho porque no nos da la gana. Si hacemos un cálculo de cuánto es lo que estamos restringiendo, nos damos cuenta que son 7 millones dividido entre la cantidad de combustible que gastamos todos los costarricenses y extranjeros de paso en una año. ¿Cuánto, un tanque lleno por persona, un litro por persona? No, menos del pellizco de una gota. Ni Scrooge es tan tacaño y despreciable, me perdonan la expresión.

Sin embargo, ARESEP actúa de buena forma. El problema radica en que la fiesta está dentro de la convención colectiva (simplemente porque la administración de RECOPE NO ES MODERNA, es más bien retrógrada, solo basta leer lo que dice su presidenta Sara Salazar, y por tanto deben exigir una fiesta de navidad vía contrato). Dentro de los costos presentados por RECOPE a la ARESEP debería ir un rubro de presupuesto orientado a la inversión en el trabajador, que incluya todas las cosas que he mencionado arriba, aparte de la planilla, y la ARESEP debería considerarlas como parte de un costo racional de la gestión de recursos humanos moderna. Todas esas cosas deberían ir fuera de la convención colectiva porque esto no es un régimen de represión y porque no son privilegios. Claro está, la normativa de RECOPE debería fijar un presupuesto racional para este rubro, que sea competitivo y acorde con la realidad económica nacional. Dado esto, el resto de privilegios de las convenciones deberían desaparecer y quedar únicamente los que tengan sentido para el desempeño del trabajo de manera justa. De esta manera, la misma convención se convertiría en un detalle fundamentado de costo que la ARESEP podría aceptar.

Advierto que no terminé mi carrera en administración, pero estoy seguro de que la mayoría del pueblo ni siquiera administra su propia casa con propiedad y de fijo muchos explotan a las empleadas domésticas, seguro que no las dejan ir a casa en Navidad y no les dan pero ni a oler el queque navideño, si por la víspera se saca el día.

Termino aquí mi intervención de abogado del diablo. Aclaro que no defiendo la convención colectiva de nadie, no estoy de acuerdo con los abusos de RECOPE pero tampoco estoy de acuerdo en cerrarlo sino en transformarlo, evolucionarlo, quitarlo de la manos de los sindicalistas y administradores inútiles que ha tenido y ponerlo a trabajar como debe ser.